El TSJC arrebata a Soria la presidencia del Polígono de Arinaga
La batalla judicial que mantenían el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes a cuenta de la presidencia de la Asociación Mixta del Polígono de Arinaga ha finalizado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya apoyado el posicionamiento del municipio. Desde el pasado día 23 de enero, José Manuel Soria deja de ser presidente de la Asociación Mixta.
Así al menos lo ha comunicado el alcalde de Agüimes, Antonio Morales: “Finalmente la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha fallado a favor del Ayuntamiento de Agüimes reconociendo nuestro planteamientos y por tanto el señor Soria desde este día no es presidente de la Asociación Mixta de Arinaga”.
El propio Soria, preguntado por si conocía el contenido de esta sentencia, decía justo lo contrario: “La jueza ha instado al Ayuntamiento a que culmine el proceso de aprobación de la reforma de los Estatutos que hicimos en la Asociación Mixta del Polígono de Arinaga, por lo que no podemos hacer otra cosa que aplaudir el contenido de esa sentencia, porque hasta ahora el Ayuntamiento se había negado y por eso pedimos al juez que fuera la Justicia que aprobara los Estatutos, pero la Justicia lo que ha dicho es que es el Ayuntamiento quien tiene que cumplir con su obligación como Administración actuante a aprobar ese proceso”.
Morales le acusa de mentir, ya que asegura que conoce el contenido de esta última sentencia desde el día en que se hizo efectiva (el pasado día 23 de este mes), y que surge tras recurrir la anterior que daba la razón a Soria, con la diferencia de que esta última no se puede recurrir al haberse agotados los mecanismos judiciales.
El alcalde recordó que la Asociación Mixta del Polígono de Arinaga se creó a finales de la década de los 60 para propiciar este espacio empresarial y está participado por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el CEPES, un organismo perteneciente al Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Agüimes como órgano fiscalizador.
Morales asegura que siempre ha funcionado de manera consensuada, pero que “con la llegada del señor Soria se pactó una modificación de los Estatutos por las que el Cabildo asumía la presidencia, pero la primera medida que anunciaron era disolver al Asociación y repartir los fondos, y por otra parte trasladar el dinero a hacer obras en otros lugares”.
Al considerar Agüimes que esto era absolutamente ilegal, comienza una batalla legal entre ambas instituciones recurriendo el nombramiento del Cabildo ante el TSJC, que en primera instancia le da la razón. Sin embargo, tras recurrir el Cabildo esta sentencia, de manera cautelar se paraliza esta sentencia, que finalmente se vuelve a ganar, se vuelve a recurrir y, por fin, finalmente, el TSJC de manera irrevocable le da la razón al municipio.
