Urbanismo resucitará en febrero la Junta de Compensación
La Gerencia de Urbanismo ordenará que la Junta de Compensación vuelva a la vida y salga del limbo en el se encuentra desde hace años a finales del próximo mes de febrero.
De esta manera, el Ayuntamiento de Santa Cruz dará cumplimiento a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado mes de abril de este año en el que se ordenaba que la Junta se reuniera con el fin de escuchar las alegaciones de los vecinos que se consideran objeto de un expolio.
La Gerencia de Urbanismo esperará a que a finales de enero o principios de febrero tenga lugar la vista oral por el juicio civil en el que se discute sobre la propiedad del frente de la playa y a partir de aquí intentará solucionar lo ocurrido en la zona de Las Huertas y Montaña Morera.
En el mes de abril el TSJC había dado un mes de plazo a los directivos de la Junta para que convocaran esta reunión y en caso contrario, tal y como ocurrió, ordenaba a la Gerencia a que asumiera esta competencia. Los directivos de la Junta, Clemente Martín, Jerónimo Delgado y Mauricio Hayek han apelado a que ya no ostentan estos cargos y que en la práctica la junta no existe. Sin embargo, podrían ser acusados de desacato por no haber procedido a convocar la reunión en el plazo ordenado por el TSJC.
En concreto, se acepta el recurso presentado por un grupo de vecinos conocidos como los extranjeros que en 1989 no tuvieron la posibilidad de conocer y presentar alegaciones al proyecto de reparcelación de la playa A partir de aquí sus terrenos fueron vendidos sin su consentimiento y sin recibir cantidad alguna en 1998 por parte de la Junta a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT).
Esta circunstancia dio lugar a que sus casas haya desparecido del Registro de la Propiedad y el suelo aparezca como propiedad de la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia. En julio de 2007 este grupo de vecinos consiguió que el TSJC reconociera su derecho a ser escuchados cuando se llevó a cabo el reparto de cargas y beneficios de Las Teresitas y a hacer valer sus argumentos.
De forma paralela y por segunda vez en pocos meses, este grupo de residentes también consiguió que se anulara la compra de la playa, aunque en esta ocasión fue porque se había comprado y vendido suelo público propiedad de Costas. Pocos meses antes el Tribunal Supremo (TS) también había dejado sin efecto esta venta pero porque no se incluyó la tasación de la arquitecta municipal, tal y como había denunciado el colectivo ecologista El Rincón.
