Victoria Rosell: “No hay duda de que el juez Alba quería ayudar a Soria, las fechas son claras”
Victoria Rosell, magistrada en excedencia y diputada de Podemos por Las Palmas, no alberga ninguna duda. Las maniobras del juez Salvador Alba para apartarla de la judicatura y perjudicar su incipiente carrera política tenían como finalidad “ayudar” al entonces ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del PP canario, José Manuel Soria, en la querella que había interpuesto contra su rival política en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015. “Las fechas son claras”, ha manifestado en su declaración como testigo en la segunda sesión del juicio contra Alba, a quien acusa, en su condición de víctima y acusación particular, de cinco delitos: prevaricación judicial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos.
En esta comparecencia, Rosell, ahora en servicios especiales, ha relatado en orden cronológico la sucesión de acontecimientos que, a su juicio, demuestran una conspiración en su contra perpetrada por un ministro y el juez que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, amplificada por su difusión en medios de comunicación nacional sin opción de rectificación. “Los periodistas me decían que la fuente era judicial y que, por lo tanto, la información era veraz”, ha manifestado en reiteradas ocasiones. La admisión a trámite en el Tribunal Supremo de la querella de Soria, tras un informe clave de Alba, acabó provocando su renuncia a continuar en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, de la que formaba parte, por “un compromiso ético coincidente con el de Podemos” y, según ha relatado, importantes secuelas “físicas, psíquicas, morales y profesionales” tras su regreso al juzgado.
La magistrada asegura haber vivido “una pesadilla” durante ese periodo y un “miedo continuo” por ver “cuál era la siguiente trampa” que le tendían. Rosell considera que la intervención de Alba, una persona con la que reconoce llevarse “notoriamente mal” y que le infunde “mucho dolor y temor”, en esta conspiración comienza, según él mismo relató en un programa de radio, con la remisión de un correo electrónico a la Fiscalía con una copia del contrato suscrito entre la productora de la UD Las Palmas, club que preside Miguel Ángel Ramírez, empresario al que investigó en un procedimiento por fraude fiscal, y Clan de Medios Comunicación y Marketing, la sociedad periodística de su pareja, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. “Me equivoqué. Yo responsabilizaba a la Fiscalía (de la investigación abierta por el Ministerio Público a raíz de la recepción de ese contrato, finalmente anulada), pero ahora sé que el responsable era Alba”. La Fiscalía incorporó a esas diligencias un informe reservado firmado por Alba que contenía pasajes que, meses después, en febrero de 2016, figuraban de manera literal en la primera ampliación de querella presentada por Soria. “Jamás nos dieron explicaciones de cómo un informe reservado de Alba acabó en manos de Soria”, dijo la jueza.
En una rápida enumeración, Rosell ha recordado los hechos que se sucedieron entre el 16 de marzo de 2016, cuando se produce la reunión secreta entre Alba y Ramírez, y el 27 de abril de ese mismo año, la fecha de su dimisión. Entre medias, la declaración en sede judicial del empresario (23 de marzo), pactada en el encuentro de la semana anterior; la difusión de esa comparecencia en el diario El Mundo (25 de marzo), con un titular sobre los supuestos vínculos comerciales de Ramírez y la pareja de la jueza que instruía su causa, Rosell; la ampliación de la querella interpuesta por Soria (28 de marzo); la transcripción íntegra de la declaración de Ramírez en La Provincia (3 de abril); la remisión, por parte de Alba, de un informe al Tribunal Supremo sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción por la jueza (23 de abril), y la admisión a trámite de la querella de Soria (26 de abril), finalmente archivada.
Rosell ha calificado de “crueldad inusitada” la situación vivida por la difusión de “toda esa información falsa y manipulada”, máxime cuando no podía “pedir responsabilidad a la prensa porque la fuente es judicial y, por lo tanto, se da por hecho que la información es veraz”. La jueza aludió a la reciente publicación de un libro en el que el ex director de El Mundo David Jiménez admite que se equivocó al publicar las informaciones de Rosell sin hacer caso de quienes le advirtieron de que se trataba de una trama contra la diputada de Podemos auspiciada por Soria y Alba. La testigo ha remarcado además que todas esas publicaciones estaban firmadas por el periodista Fernando Lázaro. “Siempre que hay algo de tribunales en Canarias, aparece Lázaro, a pesar de que trabaja en la sección policial, y siempre la fuente es Alba”, ha enfatizado Rosell en relación con el delito de revelación de secretos.
A preguntas de su abogado, la jueza ha desgranado todas las “falsedades” que contenían los informes remitidos por Alba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Fiscalía y al Tribunal Supremo para acusarla de un retardo malicioso en la tramitación de la causa contra Ramírez y de un “inexistente” incumplimiento del deber de abstención por las relaciones comerciales de su pareja con el empresario al que investigaba, reducidas en la sesión matutina por la fiscal Evangelina Ríos al pago de una alarma (por unos 50 euros al mes) en las oficinas de Canarias Ahora y la limpieza de las mismas dependencias por una trabajadora de Ralons, grupo empresarial de Ramírez, a cambio de publicidad en el periódico digital.
Rosell ha negado, como recogió Alba en uno de sus escritos, que dictara solo dos resoluciones de ese procedimiento en 2014 (fueron 12, según dijo) y también que se negara de forma arbitraria a imponer una fianza al empresario, una petición que nunca cursó la Fiscalía y que, según la jueza, debía esperar por un relevante informe de la Agencia Tributaria sobre la cantidad defraudada a la Hacienda Pública, o que retuviera durante 22 meses, como sostenía uno de los titulares de El Mundo, un pendrive con información relevante en la causa (ordenó dar traslado a las partes de ese contenido, una denuncia de un extrabajador de Seguridad Integral Canaria sobre hechos ajenos a la investigación, la supuesta concesión de diplomas falsos de formación). También recordó que el foliado de la causa no era su responsabilidad y que señaló numerosas testificales de exempleados de la sociedad en una época en la que, según el juez, la causa se encontraba paralizada.
La víctima de este procedimiento, que ejerce la acusación particular, recordó que el magistrado Alba siguió insistiendo en atribuirle irregularidades después de que los tribunales hubieran anulado la investigación.
Rosell ha rechazado el argumento esgrimido por Alba según el cual se debió abstener en el procedimiento contra Ramírez por los vínculos comerciales de este empresario con su pareja. “Yo tengo más relación con El Corte Inglés que Carlos (Sosa) con Seguridad Integral Canaria”, ha ironizado la magistrada en excedencia. A preguntas del abogado del periodista, ha insistido en que el objeto de la investigación estaba vinculado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y no sobre el Impuesto de Sociedades o un presunto delito de blanqueo de capitales, como trata de hacer ver la defensa para justificar la declaración del 23 de marzo de Ramírez. Rosell ha asegurado que la relación de amistad entre Alba y Soria es “notoria” y conocida en el foro judicial y ha recordado que el primero solicitó al segundo que actuara como valedor de sus candidaturas a vocal del Consejo General del Poder Judicial y a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
