Unas 6.000 causas judiciales en Canarias tienen como destino la papelera

El 6 de junio acabó el plazo que daba el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada sin consenso a finales de la pasada legislatura por el Gobierno del PP, para proceder a la revisión del medio millón de causas judiciales abiertas en España o, de lo contrario, proceder a su archivo automático. En Canarias, son aproximadamente 6.000 los procedimientos susceptibles de acabar en la papelera.

El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, fue quien dio la voz de alarma en el Parlamento de Canarias: la reforma legal realizada por el gobierno del PP referente a los plazos máximos para la finalización de la instrucción en el proceso penal “conducirá a que miles de causas penales en Canarias puedan archivarse, dejando a las víctimas indefensas”.

“Esa reforma impulsada por el ministro Catalá, que recibió la oposición de todos los grupos políticos, ha obligado, mediante una disposición transitoria, a que antes del 6 de junio se revisen todas las diligencias penales abiertas en España a fin de que los juzgados decidan sobre su continuidad o no como causas complejas, ampliándose en este caso el plazo a tan solo 18 meses”, afirmó Matos en sede parlamentaria.

Desde octubre, las Fiscalías de toda España se pusieron a trabajar a contrarreloj para evaluar las causas que había pendientes y cuáles deberían continuar abiertas, pero el plazo se les echó encima, hasta el punto de que el pasado 17 de mayo la Unión Progresista de Fiscales (UPF) afirmó en un comunicado que “no será posible revisar todos los procedimientos en trámite y, por tanto, asegurar un control efectivo de todas y cada una de las causas, por lo que inevitablemente habrá que afrontar en cada uno de estos casos las consecuencias procesales que procedan”.

Previendo la que se avecinaba, el PSOE registró el pasado 14 de enero una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para derogar el artículo 324 de la Ley, pero la fallida legislatura finalizó y no se pudo tramitar y habrá que esperar a lo que suceda tras las elecciones del próximo 26 de junio.

Y es que a finales de abril se habían revisado 103.188 causas, lo que supone el 19,13% de los 539.543 sumarios que tenían que examinarse en toda España. Según diferentes fuentes de la Consejería de Justicia y de la Fiscalía, en Canarias existían 14.674 causas pendientes que han tenido que ser revisadas para evitar la impunidad que supondría no haber calificado las diligencias antes del 6 de junio. El pasado 1 de junio, en tan solo dos días, los fiscales revisaron en masa 12.501 causas en España.

Caos

¿Y por qué no se podido ser más diligente? La UPF responde: “Carecemos de instrumento o guía alguna para controlar las causas vivas” porque en cada fiscalía se sigue un sistema diferente, todos ellos manuales.

Al respecto, Matos ha acusado al PP de convertir al sistema LexNET, que funciona como plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales y diversos operadores, en un “caos” porque el Ejecutivo del PP ha implantado esta herramienta “a toda prisa sin haber dotado previamente a las comunidades autónomas de los medios adecuados para su adecuado desarrollo”.

“El Gobierno de Rajoy ha actuado desde la improvisación, sin contar con las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de justicia y sin haber realizado la pertinente dotación de medios técnicos y económicos para el correcto funcionamiento de este instrumento”, recalca el diputado.

El político tinerfeño sostiene que el sistema resulta “deficiente” y está generando una infinidad de quejas, pues una medida prevista para agilizar la tramitación de expedientes se está convirtiendo “en un auténtico infierno” para los operadores jurídicos, especialmente por los abogados y funcionarios de justicia

Por ello, asegura que “a pesar del enorme esfuerzo y de la eficaz actuación del Gobierno de Canarias, casi un 40% de las causas abiertas no pudieron ser revisadas antes de esa fecha, con lo que unas 6.000 causas no se han podido juzgar adecuadamente”.

Consecuencias perversas

“Estamos ante un escándalo provocado, una vez más, por las chapuzas del PP en materia de justicia, que se suma al desaguisado del Lexnet, al intento de privatización de los registros civiles o a las insuficientes reformas en materia de protección de la ciudadanía en el ámbito bancario”, ha remachado el diputado socialista.

Pero es que las “perversas consecuencias” de la reforma del PP no solamente afectan, según Matos, a las causas que ya estaban en curso, sino también a las nuevas diligencias que se han empezado a instruir tras su aprobación, pues “la complejidad de delitos, por ejemplo, relacionados con el blanqueo de capitales o la corrupción política, requiere la realización de diligencias de investigación muy complicadas, como comisiones rogatorias a países extranjeros que harán que sea muy difícil instruir estos casos en esos plazos de 18 meses impuestos por el PP”.

En la práctica, lo que han tenido que hacer las fiscalías es revisar para establecer qué pruebas faltan para preparar el juicio, a solicitar la práctica de esas pruebas que faltan, y a hacer escritos provisionales de acusación que es la única manera de cerciorarse de que se dispone de prueba para ir al juicio oral, porque la sanción que establece la ley en caso contrario es la de no poder solicitar más prueba transcurridos los seis meses.

La ley del PP pretendía acabar con los atascos estructurales sin abordar las causas de los mismos, simplemente imponiendo su finalización y haciendo recaer en unos sobrecargados fiscales y jueces un esfuerzo que no pueden llevar a efecto con la atención precisa, porque no hubo incremento alguno de dotación de medios personales.

Seguramente, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, podrá vender que el número de causas penales pendientes se ha reducido significativamente, pero ocultará a qué precio: muchos procesos concluirán con pocas pruebas y serán directamente archivados o estarán destinados a absoluciones inevitables por falta de pruebas de cargo.

Es decir, el precio lo pagarán las víctimas de los delitos mal investigados.