Una Ley educativa amenazada de muerte

Pocas son las vertientes positivas que ha tenido la crisis económica en la sociedad española y muchas las similitudes de la política ejercida para hacerle frente con la que se practicaba hace años en una España donde el centralismo era una característica notoria. Puede que el único aspecto positivo de la escasez de oportunidades laborales haya sido la disminución del abandono escolar temprano. Unos estudiantes que deberán enfrentarse a una nueva normativa escolar con una fuerte carga ideológica que según el Partido Socialista (PSOE) nace con visos de tener una muerte temprana y, probablemente, será sustituida por otra igual de ideologizada en un futuro próximo.

Quizás la añoranza de los tiempos pasados, que tienen la manía de parecer siempre mejores que el presente, haya impulsado al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a ganarse la enemistad de toda la comunidad educativa, que el pasado 24 de octubre dejó clara su posición contraria a la séptima ley escolar de la democracia.

Miles de personas se manifestaron en las capitales canarias contra la ley Wert como colofón a una jornada de huelga general en Educación que los convocantes calificaron de éxito. La Delegación del Gobierno cifró en unas 15.000 las personas que salieron a la calle en todo el Archipiélago y el sindicato mayoritario de profesores en las Islas, STEC-IC, afirmó que la actividad educativa había quedado “paralizada” con un seguimiento que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario elevó al 79% en el caso de los alumnos no universitarios.

En cuanto al personal no docente en los centros educativos, la participación fue del 20,5%. Una cifra que el consejero regional del área, José Miguel Pérez, calificó como la más elevada de las registradas en las últimas convocatorias de huelga.

Wert afirmó que una huelga general como la acaecida dicho jueves “nunca es un éxito”, y no se paró a hacer cálculos entre el número de viviendas y los familiares que por tanto no habrían secundado la multitudinaria manifestación que tomó las calles de las distintas ciudades españolas, como sí hiciera en otra ocasión la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aludiendo a la “mayoría silenciosa”.

Lejos de hacer caso a las voces que claman contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el ministro dijo, poco después de que terminara la jornada, haber recibido el mensaje de que la mayor parte de “los motivos de la gente no son los motivos de los convocantes de la huelga” y aunque se mostró partidario de que debatir los elementos constructivos que mejoren la educación, añadió que hasta ahora “la negociación no ha tenido alternativas”.

Por otra parte y ante la amenaza del Gobierno canario, catalán, andaluz y asturiano de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Senado no frena la reforma y negocia las enmiendas con la oposición, además del rechazo mostrado por el País Vasco, Wert se ha visto obligado a abrir la mano, aunque no demasiado.

Durante la primera Comisión General de Comunidades Autónomas convocada en esta legislatura, que se celebró el martes 29 de octubre con el objeto revisar si la LOMCE invade competencias, el ministro aceptó revisar el calendario de implantación de la reforma, después de que los consejeros autonómicos socialistas o nacionalistas destacaran la imposibilidad de ponerla en marcha en dos años a partir del próximo curso, debido principalmente a su financiación. Por lo tanto, Wert revisará los cambios previstos que se incorporarán cada curso. Algo que, según añadió, no afectará a la fecha de entrada en vigor de la norma, prevista para el curso 2014-2015.

Miles de personas se manifestaron en las capitales canarias contra la ley Wert como colofón a una jornada de huelga general en Educación.

Los cálculos iniciales del coste de la implantación de la séptima ley educativa de la democracia ha sido revisado en varias ocasiones por el Ministerio, que sitúa en más de 400 millones de euros los gastos directos a financiar por el Estado en tres años y en 927 millones los que deberán asumir las autonomías en principio. Un dato que contrasta con los profundos recortes aplicados al área desde la llegada del PP al Gobierno estatal, que STEC-IC cifra en 5.212 millones de euros. Una disminución de partidas que según el sindicato ha derivado en que Canarias destine en el presente año 118 millones de euros menos a Educación.

La norma permanece actualmente en la Cámara Alta, donde el plazo de presentación de enmiendas finalizó este jueves, 31 de octubre, y se espera que en un breve periodo de tiempo obtenga su aprobación definitiva sin novedades “sustanciales” en sus aspectos esenciales. De hecho, el portavoz de Educación del Partido Popular (PP) en el Senado, Luís Peral, dijo haber traslado al Ministerio la propuesta de que la asignatura de Religión se encuentre incluida en la oferta obligatoria de Bachillerato, además de en Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para cumplir con los acuerdos suscritos en 1979 con el Vaticano.

La LOMCE

Wert esgrime la reforma debido al abandono temprano y a los altos niveles de fracaso escolar que sufre el país. En una rueda de prensa celebrada en septiembre de 2012, con motivo de la aprobación del entonces anteproyecto de Ley Orgánica por parte del Consejo de Ministros, ya aventuró la posición que iba a mantener frente a las voces que se oponían a la norma, entre cuyos objetivos destacó el fomento de la empleabilidad, la mejora del nivel de conocimientos en materias prioritarias y la mejora del aprendizaje en lenguas extranjeras.

A pesar de que los contenidos comunes que decide el Estado se pueden incrementar, el ministro rechazó una “recentralización” de las competencias en gestión educativa (la norma actual, la Ley Orgánica de Educación (LOE), contempla que la Administración central decida sobre el 55% del contenido en las comunidades de lengua cooficial y sobre el 65% del resto). Wert resaltó las diferencias en los resultados que muestran las comunidades autónomas y manifestó que la “dispersión de contenidos” es una causa “decisiva” de que el sistema no funcione de forma eficiente.

La reforma abarca una serie de medidas que reducen el número de asignaturas y cambian la estructura de los cursos. Además, impone una serie de exámenes o “evaluaciones” externas que los alumnos deberán realizar al final de cada ciclo y que serán reválidas en la ESO y en Bachillerato.

Entre los cambios más destacados encontramos los siguientes:

-Asignaturas: El Gobierno español apuesta por aumentar desde Primaria la carga lectiva en las materias instrumentales, como las lenguas, matemáticas y las ciencias, que serán categorizadas como 'troncales'. Tanto su contenido como su horario mínimo será determinado por la Administración central. Las comunidades fijarán el temario de las 'específicas', que también se impartirán en Primaria, ESO y Bachillerato (Educación Física, Plástica y Música, entre otras).

-Adelanto hacia la FP: La ESO se dividirá en dos etapas, un ciclo general que abarca a los alumnos de 13 a 15 años y un cuarto curso de iniciación que servirá para acceder al Bachillerato o a la FP de Grado Medio. Sin embargo, se instala otra novedad y es que se adelanta la edad en que los estudiantes podrán elegir su futuro (hasta ahora se situaba en los 16 años). Así pues, a partir de 3º de la ESO los jóvenes podrán elegir entre matemáticas de iniciación al Bachillerato o a la Formación Profesional, además de materias optativas.

Habrá entonces estudiantes que no accederán a 4º de ESO, sino a la Formación Profesional Básica, que sustituye a los actuales Programas de Cualificación Profesional y tendrán una duración de dos años (hasta la fecha el segundo curso era voluntario). Estos alumnos podrán presentarse a la reválida de ESO para obtener el título obligatorio. Con esta medida, el Ministerio pretende reducir el abandono temprano e incrementar el número de personas que cursan la FP.

-Evaluaciones y Reválidas: Se realizará en 3º y en 6º de Primaria una evaluación definida por las comunidades autónomas, que no tendrá efectos académicos y que únicamente será orientativa para los centros, los profesores y las familias, sobre la evolución de los alumnos. Sin embargo, se rescata el término de “reválida” en la ESO, la FP y en Bachillerato, lo que quiere decir que no se podrá obtener el título a menos que se supere un examen final.

La calificación final de la ESO combinará la nota media de las obtenidas en los distintos cursos, que contará un 70%, además del 30% de la nota de la evaluación final. En cuanto al Bachillerato, se sustituye la Prueba de Acceso a la Universidad por una evaluación final de ámbito nacional que supondrá el 40% de la nota final. La Universidad que lo requiera, podrá además hacer un examen propio. Los alumnos que pasen 2º de Bachillerato y no aprueben la reválida podrán acceder a la FP de grado superior.

La FP contará con una prueba, la de acceso de la media a la superior, tras haber cambiado este punto en el trámite parlamentario. Así pues, los alumnos de los cursos básicos podrán acceder directamente a la formación de grado medio.

-Repetición del curso: Los estudiantes no podrán pasar de curso con más de dos suspensos si se encuentran incluidas las Matemáticas y las lenguas, ya sea el castellano o la cooficial. Además, existirán programas de refuerzo y mejora educativa desde segundo de la ESO.

-Elección de directores: Los centros educativos tendrán autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios. Otro de los cambios se centra en las decisiones de los padres y profesores a la hora de elegir entre los aspirantes a director, ya que disminuye su capacidad desde el 60% a la mitad. Aunque en un principio la misión de los consejos escolares, formados por padres, profesores, alumnos y otros trabajadores, iba a reducirse a “evaluar” e “informar”, finalmente mantendrán su capacidad de decisión sobre los presupuestos.

-Castellano: Uno de los puntos más debatidos se centra en el catalán en las escuelas. Durante el proceso de enmiendas, Unión Progreso y Democracia (UPyD) introdujo que el castellano será la lengua “vehicular” de la enseñanza en el Estado, lo que ha levantado asperezas con los independentistas catalanes que ven en este aspecto tintes soberanistas. La norma puntualiza que el Gobierno adelantará el dinero de una escuela privada a las familias que quieran que sus hijos reciban la enseñanza en castellano y no encuentren esa oferta en la pública. Posteriormente, descontará esa cantidad de la financiación educativa que transfiere a Cataluña.

La reforma abarca una serie de medidas que reducen el número de asignaturas y cambian la estructura de los cursos

Además, el digital eldiario.es señala que durante el proceso parlamentario se presentaron 770 enmiendas , 11 de ellas a la totalidad, de las cuales fueron aceptadas solo 42 (la mayoría del PP pactadas con UPyD). Asimismo, indica que las susodichas enmiendas no han conseguido reducir diferencias, sino que han refirmado los aspectos más controvertidos:

Al respecto menciona la presencia de agentes privados en la regulación de la educación en España; la contratación de profesores nativos sin necesidad de que pasen por una oposición; la construcción de centros concertados sobre suelo público; la evaluación de los directores por los resultados de sus alumnos; la derogación de la asignatura Educación para la Ciudadanía por la de Valores Sociales y Éticos; y la contemplación de que se incluya a los profesores como autoridad pública.

Frente común

El Gobierno de Canarias hizo un llamamiento a partidos y comunidad escolar para participar en la pasada huelga, en una rueda de prensa que unió al consejero de Educación, que es también líder del PSC-PSOE, al secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, al máximo dirigente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, junto con los representantes de la Confederación Canaria de Padres y Madres, Estudiantes Asamblearios, STEC, ANPE, Comisiones Obreras (CCOO), la Federación de la Enseñanza de UGT y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Asamblearios (EA-Canarias).

Un frente que denuncia la carga ideológica de una ley, que según consideró Pérez supone “un especial salto atrás en el sistema educativo” y que “promueve la segregación por sexo, capacidades intelectuales y credo”. “Desaparece el principio de servicio público, convierte en crónicos los recortes y convierte la educación en mercancía”, afirmó.

El consejero aseguró durante el encuentro que “a pesar de que el Estado ha hecho más recortes en 2014, se cumplirá la promesa del presidente Paulino Rivero y ya verán como en los Presupuestos de Canarias no habrá recortes en Educación y, además, intentaremos incrementar las partidas que se puedan”, según informó CANARIAS AHORA.

Rodríguez puso en valor el histórico hecho de que “formaciones divergentes” se hayan unido para “parar en la calle” una “Ley contraria a la mayoría social”, que tachó de “conservadora, ideologizada y partidista que consagra la desigualdad y fomenta la privatización y los recortes al sistema público”. Por su parte, Izquierda Unida Canaria (IUC) calificó la reforma como una “vuelta atrás al modelo educativo del franquismo” y resumió que “se trata de poner al servicio de la iglesia y del empresariado la educación pública”.

Sin embargo, la LOMCE no es la única medida de Wert rechazada tanto por el Gobierno, como por el Parlamento canario, también ha ocurrido con el endurecimiento de las becas y el incremento del precio de las matrículas universitarias. Sobre este último punto, la Administración regional exige suprimir las restricciones a la capacidad de la Conferencia General de Política Universitaria de establecer los límites de los precios públicos de matrícula, así como la restitución de los requisitos académicos establecidos en 2007 para regular el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas en los niveles fijados con anterioridad a su modificación en junio de 2012.

El recientemente nombrado presidente de la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca), Diego Espasa, rechazó que el PP trate de mejorar los resultados académicos tomando una serie de medidas que son rechazadas por la comunidad educativa y exigió consenso.

El portavoz de la Junta de Personal de Las Palmas, máximo órgano de representación del profesorado de la provincia, Fernando Pellicer, denunció que la reforma educativa es “segregadora y va a cercenar los escasos cauces democráticos que existen en los centros educativos”. Sin embargo, Pellicer dijo ser consciente de que los problemas del sector en Canarias no parten de la LOMCE, sino de otro punto.

El problema de Canarias

Pellicer describe un panorama desolador en el sistema de educación público de Canarias: Centros que hacen “malabarismos” y suprimen los apoyos individualizados a los alumnos menos aventajados, para que el profesorado pueda llegar a cubrir las horas que exige la actividad lectiva en clases atestadas de estudiantes, a costa de las necesarias para la coordinación y la elaboración de proyectos de todo tipo, como son los lúdicos y tecnológicos.

En referencia al aumento de ratios de alumnos por aula, el también portavoz de STEC-IC acusa al Gobierno canario de haber incumplido su promesa de no incrementar en un 20% el número de estudiantes por clase establecido en la LOE, que ya de por sí considera “elevado”. Un aspecto con el que está de acuerdo el presidente de los estudiantes, que manifiesta que “vemos como cada vez hay más alumnos en las aulas y la asistencia personalizada es más difícil”.

Pellicer explica que la Ley vigente estipula un máximo de 25 alumnos por aula en Primaria y en Educación Infantil, y 30 en Secundaria, aunque un decreto de racionalización del gasto público permite su incremento en un 20%. Esto significa que en Bachillerato el número de menores en un mismo espacio puede ascender a los 42, retrotrayendo la actualidad a “los años 60”.

Según los datos que maneja, en el presente año hay 2.500 docentes menos que en 2008, mientras que la matrícula de alumnos se ha mantenido estable. Una reducción que en términos porcentuales se sitúa en el 8% en Canarias, por encima de la media nacional, que desciende al 4,5%.

Aunque la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias asegura que las jubilaciones del curso pasado se han cubierto, manifiesta que “esto no es suficiente”, porque por otro lado se despide a profesorado interino “con muchísimos años de servicio y notable cualificación”.

Asimismo, denuncia que el Partido Socialista (PSC) mantiene la “denostada herencia” de la exconsejera de Educación Milagros Luís Brito, consistente en dejar sin sustituir las bajas inferiores a 15 días, mientras que las que cuentan con una mayor duración “se tardan en cubrir”. En este punto, advierte de que “nos encontramos con centros educativos que durante notables periodos del año no tienen nunca la plantilla al completo, por falta de sustituciones. En otras comunidades autónomas, por lo menos al tercer día ya están cubiertas”.

Sin embargo, la viceconsejera de Educación, Manuela Armas, afirma que durante el pasado mes de septiembre se llevaron a cabo alrededor de 200 sustituciones en Primaria, que se cubrieron “en tiempo y forma” en la provincia de Las Palmas, una cifra que en el conjunto del Archipiélago se situó en 700.

La LOMCE no es la única medida de Wert rechazada tanto por el Gobierno, como por el Parlamento canario, también ha ocurrido con las becas y el incremento del precio de las matrículas universitarias

Desde la Consejería aseguran que las bajas en Infantil y Primaria se cubren normalmente antes de una semana e “incluso al día siguiente de producirse sin son de escuelas unitarias o de centros incompletos”, mientras que en Secundaria las sustituciones se atienden en la primera quincena.

Asimismo, señala el “enorme esfuerzo” realizado para corregir el recorte impuesto por el Gobierno central el pasado curso y que de haberse aplicado “unos 3.500 docentes se hubieran ido al paro”. “Este esfuerzo supuso que sólo se dejaran sin cubrir 580 jubilaciones, manteniéndose el mismo número de interinos que el curso escolar 2011/2012”, indica.

Lejos de hablar de despidos, la Consejería afirma que durante el presente curso la plantilla ha crecido en 200 docentes. Al contrario de lo denunciado por el sindicato, el Gobierno mantiene que entre el curso 2010/2011 y el actual se han incorporado al sistema educativo canario más de 1.500 interinos.

Aunque reconoce una “ligera reducción de la plantilla” durante el 2011/2012, indica que ésta se compensó con “una ampliación equivalente de las sustituciones”. Asimismo, puntualiza que “el curso pasado no se pudieron reponer las jubilaciones pero si se mantuvo el resto de puestos. Es decir, ni se aumento ni se disminuyó el número de interinos”.

Estudiantes “decaídos”

El presidente de Udeca explica que el alumnado “no sabe muy bien cómo interpretar” el panorama actual de la educación, que califica de “engorroso” y denuncia que el ministro Wert “se ha reído incluso de nosotros diciendo que nuestras manifestaciones son como una fiesta de cumpleaños”.

Aunque desconfía de que se eche freno a la LOMCE asegura que “no vamos a perder la esperanza y vamos a seguir movilizándonos”. Por otro lado, define el estado de ánimo del estudiante como “un poco decaído, porque no sabe lo que va a venir ahora, cómo va a seguir el sistema educativo, qué cosas van a cambiar”. “Creemos que la educación se está convirtiendo en una ecuación vertical y apostamos por un proceso horizontal, donde el alumno pueda participar y aportar ideas, algo que la LOMCE ni se plantea”, puntualiza.

El ansia del ánimo estudiantil contrasta con el desánimo al que se enfrentan también los profesores y que recorre los pasillos de colegios e institutos. Si la calma precede a la tempestad, quizás sea paradójico que las grandes revoluciones se cocinen a fuego lento en las universidades.