Objetivo: los ricos
En contra del criterio del candidato a la Presidencia por Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, de la Comisión Permanente de los nacionalistas e, incluso, del director general de Tributos, Alberto Génova, el anteproyecto de los Presupuestos de la Comunidad para 2015 baja el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas y lo incrementa a quienes ganen más de 53.407 euros.
A principios de septiembre, durante el cónclave de Coalición Canaria (CC) en el que Paulino Rivero y Fernando Clavijo dirimieron quién sería el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en 2015, el primero aseguró en su alegato que CC, y antes ATI, había sido siempre percibida como un partido de los empresarios, percepción que había cambiado desde que él asumió la dirección y se aupó a la jefatura del Ejecutivo. Este argumento fue contestado por una molesta Ana Oramas, diputada tinerfeña en el Congreso de los Diputados, pero Rivero quiso, días más tarde, demostrarlo. Y lo hizo en el Parlamento anunciando una reforma fiscal para que “paguen más los que más tienen” que rápidamente fue contestada por la ‘cúpula ganadora’ y, evidentemente, por los empresarios.
El presidente Rivero lanzó el pulso al candidato Clavijo para demostrar quién está más cerca de la gente y quién más de los ricos empresarios, pero el debate económico que hay en el trasfondo es ya viejo: ¿Bajar los impuestos aumenta la recaudación y favorece la reactivación económica y la creación de empleo?
¿Es cierta la curva de Laffer, el economista norteamericano que dijo que no por elevar los tipos de los impuestos, necesariamente se va a recaudar más?
El PP, y el ministro Cristóbal Montoro, defienden que es, precisamente, con rebajas fiscales como se ingresa más y los conservadores han calificado de “nueva ocurrencia” la propuesta de Rivero.
Pero la reforma fiscal de Rivero, al final, va más allá: rebaja la presión fiscal a las rentas más bajas y medias (“más dinero para el bolsillo de los ciudadanos”, como dice el PP) pero incrementa las más altas, algo de lo que los conservadores no quieren ni oír hablar.
En este escenario, conviene recordar que España ha experimentado, durante los primeros años de la crisis, la mayor caída de la presión fiscal de la zona euro: 5,4 puntos del PIB entre 2007 y 2011, solo superada por Bulgaria. Mientras, la presión fiscal en la Unión Europea retrocedía 0,5 puntos de media y crecía en países como Francia, Grecia, Finlandia, Austria, Bélgica o Portugal.
Si el argumento de la curva de Laffer es válido ¿por qué entonces Rajoy y Montoro han subido 50 impuestos desde 2011?
¿Por qué han aumentado la presión fiscal unos 40.000 millones de euros a pesar de que el PIB nominal ha caído y se han destruido 1,2 millones de empleos?
Es decir, argumentan los críticos a las tesis de Montoro, ¿cómo es posible que en 2012 subir impuestos incremente la recaudación y en 2015 bajarlos también aumente la recaudación?
Justicia social
El presidente Rivero dejó claro lo que piensa en un escrito incluido en su blog al recordar, días después de su polémico anuncio, que “ahora que todo apunta a que la coyuntura económica comienza a mejorar, es el momento idóneo para dar un paso más hacia la justicia social que siempre ha defendido el Gobierno”.
En el extremo contrario, Clavijo, su nueva ‘guardia pretoriana’ y la patronal (Confederación Canaria de Empresarios, la de la Pequeña y Mediana Empresa y las Cámaras de Comercio) argumentaron que la iniciativa perjudicará al consumo y frenará la reactivación económica.
Tal es así que los secretarios insulares y dirigentes nacionales de CC rechazaron el 21 de octubre, en la Comisión Permanente, la subida fiscal a las rentas más altas.
“Es la reforma fiscal del Gobierno”, aseguró el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, tras el Consejo de Gobierno que aprobó el anteproyecto presupuestario que incluye la modificación fiscal.
La pregunta, por tanto, tras escuchar a González Ortiz, es automática: ¿es también la reforma de CC?
Desde los cuarteles nacionalistas se han apresurado a asegurar, vía redes sociales, que “la Permanente está perfectamente informada” y que “hay acuerdo” en los términos en los que se ha plasmado la modificación fiscal.
Pero la oposición a la reforma no estuvo únicamente en el seno de CC, sino incluso en el interior de la Consejería de Economía y Hacienda, pues el director general de Tributos, Alberto Génova, afirmó públicamente el 24 de octubre, tan solo seis días antes de que el Ejecutivo aprobara el anteproyecto, que “en el Gobierno damos por zanjado modificar el IRPF” en los términos anunciados por Rivero.
Fiel a su talante de no entrar en polémicas públicas sobre asuntos internos, González Ortiz ha asegurado que todo han sido “especulaciones por las que otros, y no el Gobierno, deben responder”, pero lo cierto es que Génova ha sido claramente desautorizado.
Porque, pese a las críticas internas, Rivero se ha atrincherado durante un mes en que Canarias tiene capacidad normativa en el 50% del tramo autonómico del IRPF para establecer cambios que apuntalen la progresividad del mismo, incrementando los impuestos a quienes ganen “más de 100.000 euros”.
Esa fue la cifra que Rivero puso encima de la tribuna de oradores apenas una semana después de su polémico anuncio de reforma fiscal.
Cifra que expuso el mismo día en que dejó claro que la misma no busca tanto recaudar más como el hecho de acabar con “la injusticia de que las rentas altas tengan la misma bonificación que quien gana 15.000 euros”.
Al final, serán los que ganen más de 53.407 euros, que según los cálculos de González Ortiz, son aproximadamente 20.000 contribuyentes. El resto, aproximadamente 703.000 canarios, verán rebajado sus impuestos en el IRPF.
El sistema impositivo español permite que los grandes patrimonios prácticamente no paguen impuestos porque la estructura del gravamen del IRPF excluye las rentas y ganancias de capital canalizadas a través de diversos instrumentos financieros (fondos de inversión; Sicav; sociedades instrumentales; seguros y planes de pensiones personalizados...) hasta el momento de su liquidación, lo que en muchas ocasiones se posterga de manera indefinida, o se canaliza a través de sociedades patrimoniales que no pagan el impuesto del patrimonio.
También es público que la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta: el 10% de los individuos más ricos de España acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre.
Más de 10.200 ricos
En 2009, el Archipiélago contaba con más de 10.200 ricos que podían invertir entre 150.000 y 300.000 euros en productos financieros o en el sector inmobiliario, según un estudio que elaboró Banif, del grupo Santander.
A ellos, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sumaron 21.729 declarantes con rentas superiores a 60.000 euros anuales, que representan cerca del 4% de la recaudación del IRPF y el 2,8% del total de los contribuyentes.
En 2013, según los datos aportados por González Ortiz, la cifra es similar, lo que demuestra que la dura crisis económica no ha afectado a quienes más ganan.
En el estudio de Gestha, sin embargo, se aseguraba que “subir el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a los sueldos más elevados carece de potencia recaudatoria”.
Y parece cierto, pues el consejero de Economía y Hacienda ha confirmado que los 30 millones de euros que se recaudarán subiendo impuestos a las rentas más altas se compensarán con la minoración efectuada a los sueldos más bajos y medios, por lo que “no tendrá efectos sensibles” en los ingresos para las arcas autonómicas.
Una tesis no compartida, por ejemplo, por el economista José Carlos Díez, que escribió recientemente en su blog que “el PP sigue sin enterarse, 20 años después, que la recaudación en España durante sus gobiernos desde el 96 al 2004 subía por la burbuja inmobiliaria y de crédito, no por las bajadas de impuestos”.
“Siguen sin asumir que en 1996 apenas teníamos deuda externa. Ahora es del 100% del PIB y ha crecido desde que Rajoy llegó a La Moncloa”, afirmaba el también autor del libro ‘Hay vida después de la crisis’.
Para Díez, “hay margen para integrar patrimonio en IRPF como en Holanda y aumentar la presión sobre la riqueza y las rentas altas”.
Por lo tanto, y como al parecer Rivero asume estas tesis, la rebaja fiscal canaria no es igualitaria, sino por tramos, de manera que las rentas bajas paguen menos y quienes tengan rentas por encima de 100.000 euros paguen más.
La idea presidencial que ha guiado la modificación es que “la contribución de cada ciudadano esté mejor relacionada con su nivel de renta”, de forma contraria a la reforma fiscal del Gobierno del PP, que al promover una reducción generalizada de tipos ha ignorado esta premisa.
Mayor progresividad fiscal
La Consejería de Economía y Hacienda estuvo valorando introducir en los Presupuestos de 2015 una intervención en el tramo autonómico para incrementar los tipos impositivos en los escalones más altos y ‘desdoblarlos’, de 34.000 a 60.000 euros y por encima de 60.000, y que a cada sub tramo le correspondiera un gravamen diferente que dote al sistema tributario de mayor progresividad, es decir, que a mayor renta, aumente la proporción que se destina a impuestos.
Finalmente, se introducen dos nuevos tramos en el IRPF autonómico al ampliar los cuatro actuales a seis. Así, se incluye un tramo en la zona baja, hasta los 12.450 euros de base liquidable, al que se aplica un tipo impositivo del 9,5%.
Por su parte, en la franja alta se establece un tipo del 23,5% a partir de los 53.407 euros y se fija un nuevo tramo desde los 90.000 euros en adelante al 24%.
La modificación aprobada por el ministro Cristóbal Montoro, y que defiende el PP canario en contraposición a la de Rivero, reduce de siete a cinco los tramos de renta y trata por igual a todas las superiores a 60.000 euros, de manera que los contribuyentes que perciben desde 60.000 euros anuales en adelante pagarán un tipo del 47% a partir del 1 de enero de 2015 y un 45% en 2016.
El propio Mariano Rajoy ha defendido que con su reforma fiscal quienes más van a pagar y a quienes menos afectará la rebaja es a las rentas más altas y, por contra, el 72% de los contribuyentes se beneficiará de la revisión y pagará un 23,5% menos de media.
Los cambios tributarios canarios, comparados con el IRPF vigente, se traducen en un 20% para las bases liquidables hasta 12.450 euros; más de un 14% para el tramo de hasta 17.707 euros; el 7% para los contribuyentes que declaren hasta 33.007 euros; y cerca de un 4% de reducción entre este último importe y los 53.407 euros.
A partir de este ingreso anual es cuando cambia la tendencia y los porcentajes se incrementan.
No es la primera vez que el Gobierno de Canarias ha tocado el tramo autonómico del IRPF en esta legislatura, lo hizo ya a mediados de 2012 y las rentas superiores a 53.000 euros anuales pasaron del 21,5% al 22,5%.
Y también se subió el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), cuando se amplió el tipo general del 5 al 7% (un alza del 40% en la práctica), se elevó del 2 al 3% el tipo reducido y subieron un 0,5% los tipos del 9 y el 13% para los artículos de lujo.
A raíz de que el PP viera derrotada en el Parlamento su propuesta para rebajar los tipos impositivos del IGIC, no parece que el Gobierno esté por la labor de tocar ni a la baja ni al alza la imposición indirecta.
Fiscalidad más justa y estable
Más allá de la reforma incluida en los Presupuestos para 2015, la clave del debate fiscal no es tanto subir o bajar impuestos, pues lo verdaderamente relevante es cuándo se suben o se bajan, quién los paga, cuánto se paga y, sobre todo, qué se hace con el dinero recaudado.
Para el Gobierno PSC-CC, una reforma para recaudar más debe ser más justa y más estable para que los ingresos no se desplomen en futuras recesiones económicas, que no suba los tipos impositivos ni a las rentas del trabajo ni al ahorro de la inmensa mayoría de los contribuyentes (se rebaja al 97% de los canarios), sino que aumente las bases impositivas, haciendo tributar justamente a las grandes fortunas, a las grandes corporaciones y a los grandes defraudadores, pues la columna vertebral de un cambio fiscal en profundidad es la lucha contra el fraude.
Precisamente, la Consejería de Economía y Hacienda ha logrado aflorar fraude fiscal por importe de 160 millones de euros durante 2013.
De esta cantidad, unos 105 millones son consecuencia de las actas de inspección y de comprobación relacionadas con los tributos del IGIC y del AIEM vinculados a la importación, mientras que los 55 millones restantes están asociados a los impuestos cedidos y al IGIC afecto al consumo de bienes y servicios.
Pero para responder a “esta demanda social” de acabar con los “insolidarios”, aún queda mucho por hacer.
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