Los pecados del Barranco de Santos

Al Barranco de Santos le quedan bien todo tipo de adjetivos grandilocuentes: enorme, descomunal, desproporcionado, faraónico, mastodóntico... La razón no es otra que encontrarnos ante una obra que apenas iba a costar 19 millones y al final roza los 132. Lo que supone un incremento del 700%. La también conocida como Vía Arterial que une la avenida Venezuela con la de Bravo Murillo a lo largo del principal barranco de Santa Cruz de Tenerife se comenzó a gestar durante la época en la que José Emilio García Gómez era alcalde, entre los años 1991-95. Sin embargo, fue su sucesor, Miguel Zerolo, el que se empleó a fondo para ejecutar esta obra tal y como hoy la contemplamos. Los redactores fueron Leopoldo Tabares de Nava, recientemente nombrado marqués de Torre Hermosa y Juan Manuel Palerm. Curiosamente ambos también acometieron de forma simultánea los trabajos del Plan General de Ordenación (PGO), la rehabilitación del Parque Viera y Clavijo y del García Sanabria, aparte de algunas obras particulares. Todo durante ese periodo y retorciendo los límites éticos que marcan los colegios de arquitectos que recomiendan no simultanear la redacción de un plan general con otros trabajos en ese mismo municipio.

A Zerolo el Barranco de Santos le pudo. Fue como una enorme riada que se llevó por delante cualquier previsión y cálculo. Al exalcalde condenado por prevaricación en el caso García Cabrera le desbordó su afán por trascender a la posteridad que le jugaría también muy malas pasadas con su macroproyecto para Las Teresitas. El equipo de gobierno actual encabezado por su compañero de partido, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, ha tenido que hacer frente con la mejor cara posible a la amarga y pesada herencia que no se acabará de pagar, como mínimo, hasta el año 2017. Porque no es sólo abonar el coste de las obras, sino también unas expropiaciones multimillonarias que crecen como hongos y que ya han supuesto el desembolso de 9 millones de euros. Pero además las empresas involucradas cada cierto tiempo también ganan en los tribunales el derecho a ser indemnizadas. Por ejemplo la UTE FCC Construcciones-Darias cobrará, si no lo ha hecho ya, seis millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. En muchos casos los perjuicios se produjeron porque el Ayuntamiento no fue capaz de disponer de los terrenos en el momento adecuado, lo que obligó a parar los trabajos.

Desde luego nada de esto era imaginable cuando en el año 1998 se firmó el convenio en los tiempos en los que el actual presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, era consejero autonómico de Obras Públicas. En aquel entonces se fijó la finalización de las obras para el año 2000 como muy tarde. Lo cierto es que la inauguración tuvo lugar en el verano de 2010. Según la obra se iba ejecutando, con las correspondientes paralizaciones incluidas, los redactores la iban adornando con más detalles como si de un árbol de navidad se tratara. Luces de colores, una estructura de cristal en el puente Zurita que fue destrozada poco después a patadas, unas canchas que al final eran impracticables porque estaban en pendiente, piezas de reconocidos escultores como José Antonio Zárate, José Abad o Paco Palomino y todo tipo de lujos y novedosos diseños. Sin escamotear recursos.

Pero lo cierto es que la Vía Arterial apenas es utilizada por los chicharreros. Cuatro años después de su inauguración no suma, ni mucho menos, un tráfico de vehículos que hubiese justificado tan elevado desembolso. Apenas 9.000 coches al día, frente a los 18.000 que, por ejemplo, pasan por la cercana Avenida Islas Canarias. El Barranco de Santos es una especie de escultura lujosa pero inútil, hecha a mayor gloria de los arquitectos y de Zerolo que pretendían mostrar al mundo una novedosa forma de abordar los barrancos. De hecho, en la inauguración Palerm indicó que actuaciones similares se deberían hacer en otros cauces de la geografía canaria.

La polémica ha sido una constante a lo largo de la ejecución de la obra. Ahí están los numerosos recursos judiciales contra las expropiaciones. En uno de estos procedimientos se llegó a condenar al entonces gerente de Urbanismo, José Tomás Martín por el desalojo de unos vecinos a la fuerza, aunque luego fue declarado inocente por la Audiencia Provincial. Trascendió también que el último tramo quedó aprobado por la Gerencia de Urbanismo apenas cuarenta minutos antes de la inauguración o que el trazado del Plan General no coincide con el ejecutado, pese a que los redactores son los mismos. Para algunos este aparente desliz tendría como finalidad beneficiar a familiares que poseían parcelas en estos terrenos y que fueron indemnizados a precio de oro. Los trabajos culminaron gracias a que la Consejería de Turismo consintió en desviar el dinero de las obras Las Teresitas que ya por entonces habían quedado paralizadas.

Un edificio para reubicar vecinos

En su momento el Ayuntamiento tuvo la idea de construir un edificio para reubicar a todos los vecinos que habían sido desalojados. Ahora el proyecto ha sido retomado y se calcula que hacerlo realidad supondrá un coste de alrededor de dos millones de euros. A esta cuenta hay que sumarle los 48.000 euros que cada año gasta el Ayuntamiento en alquileres de los vecinos desalojados en su día, hasta alcanzar el medio millón de euros en todo este tiempo. Un disparate añadido fue cuando a alguien se le ocurrió llevar a los jardines los árboles que habían sido trasplantados por la construcción del tranvía. Al poco tiempo la falta de cuidados hizo que esta parcela se convirtiera en una especie de cementerio de árboles. Por esta razón y ante el peligro que entrañaban aquellos troncos podridos tuvieron que ser cortados de raíz.

Ante toda esta cadena de despropósitos, no es extraño que años después se solicitara la creación de una Comisión de Investigación a la que se opuso la mayoría de gobierno integrada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE. El concejal de Urbanismo de este último partido, José Ángel Martín Bethencourt, intentó calmar los ánimos asegurando que iba a realizar una investigación particular sobre los pormenores de esta vía. Pero a algunos no les parece suficiente como manera de descifrar qué ocurrió en la trastienda del Barranco.

El concejal de XTF José Manuel Corrales se ha tomado la lucha contra los disparates de la Vía Arterial muy a pecho. Directamente acusa a uno de los redactores del proyecto y también del Plan General, Leopoldo Tabares de Nava, de haber propiciado “claramente” un cambio de trazado del viario, para beneficiar a su familia, propietaria de una finca a la altura del puente Zurita.

“Por culpa del trazado finalmente ejecutado por orden del arquitecto, que difiere del que estaba en el PGO del que también era redactor, la finca número 9, que pertenecía a 41 familiares, fue expropiada. Algunos de sus miembros aún están siendo indemnizados por el Ayuntamiento y además a un precio muy superior al comprometido en primera instancia”. Corrales considera que la victoria judicial de los propietarios se debe achacar a una “curiosa” mala defensa del Ayuntamiento que en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había ganado este contencioso en primera instancia.

6,3 millones para los arquitectos

Entre los familiares de los propietarios se encuentran asesores del Gobierno o dirigentes empresariales que se codean con los principales personajes de la vida económica y política de Canarias. “A los redactores del Plan General se les ha seguido pagando 6,3 millones pese a las graves irregularidades detectadas, entre muchas otras, una que casi llega a pasar desapercibida: el cambio de trazado que, curiosamente, el Ayuntamiento de Santa Cruz no utilizó como defensa en el Tribunal Supremo (TS)”, dice el concejal.

Corrales lo tiene claro: “Esos escandalosos 6,3 millones de euros se vuelven calderilla cuando se habla del desmesurado sobrecoste de las obras del barranco pues, sumando todas las addendas, el coste total de la vía se elevaría a casi 132 millones”, indica el edil. “Es curioso como la primera vez que el Gobierno municipal nos respondía sobre el coste de las obras, reconocía 80 millones... Ahora, cuando tenemos más datos y documentos, admiten que pueden llegar a los 105 pero este incremento de 25 millones de euros, repito, 25 millones de incremento, como quién no quiere la cosa, no puede pasar desapercibido”.

“Es también recalcable que reconocen ahora, un gasto de 70 millones por parte del Ayuntamiento cuando en el convenio con el Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 1998, firmado por Zerolo y el entonces consejero de Obras Públicas, deja claro que el Ayuntamiento nunca pagará más de 19 millones de euros por la totalidad de la obra”, indica el concejal.

Ni siquiera el viceinterventor municipal, que lleva años como interventor municipal accidental, y encargado de auditar las cuentas, sabe lo que han costado las obras, como ha respondido por escrito. “Pero, de lo que sí estuvo seguro, fue de solicitar la destitución de la única interventora que ha puesto reparos a los gastos del Barranco”. La técnico fue cesada por decreto de Bermúdez, según ha reconocido el concejal de Urbanismo, justo después de reparar los gastos de esta obra. La interventora recogió en sus informes que cada dos años se inyectaban 20 millones, hasta llegar a sumar los casi 132 millones.

“No sólo es el elevadísimo sobrecoste, es que además, las obras se entregaron sin terminar, oficialmente, con 92 remates pendientes aunque a simple vista se detectan algunos más graves. Pero esto no impidió que el exinterventor de Urbanismo, José Luis Roca Gironés, imputado en el caso Las Teresitas y al que luego Zerolo colocó al frente de Tesorería e investigado por la percepción de sobresueldos por su papel en la compraventa de la playa y la entonces asistente técnico de Roca, Loreto Ariz, condenada en el caso mamotreto, firmaran la recepción de la obra”, relata Corrales.

El concejal de Por Tenerife añade que “todo ello pese a que estaba incompleta y llena de pufos como el de las expropiaciones de la familia Tabares de Nava que precisamente les entregaba en ese acto el mismísimo marqués de Torre Hermosa y su socio Palerm”. Por si fuera poco el dinero que no se pudo gastar en Las Teresitas por la paralización de las obras, se dirigió al agujero sin fondo del Barranco de Santos, y más concretamente, según se dijo en aquellos días, a los remates finales.

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