Pobreza cero
George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja o 1984 escribió hace más de 60 años que “lo característico de la vida actual no son la inseguridad y la crueldad, sino el desasosiego y la pobreza”.
Según el visionario escritor, puede que pocas sociedades del llamado primer mundo, como la canaria, esté sometida a más desasosiego.
El último lunes del mes de julio, dos años después de que el presidente Paulino Rivero tomara posesión de su segundo mandato al frente del Gobierno y cinco años después de que estallara la crisis, el Parlamento de Canarias abordaba una Estrategia para luchar contra la pobreza en las Islas.
Un plan que recarga aún más a los ayuntamientos y las ONG a la hora de atender a las personas en exclusión social, sobre todo en lo relativo al empleo social. Un Plan que no es tal, sino que se ha conformado, como una especie de monstruo de Frankestein, con retales de otros preexistentes.
Una financiación que ni está consolidada, ni negociada con otras administraciones, ni en muchas ocasiones está definida, pues depende del Gobierno central y de la Unión Europea en gran medida.
Si se suman los beneficios de la RIC mas el dinero defraudado por el 72% de las grandes empresas, los canarios contemplan como han 'volado' unos 31.000 millones de euros
De los 190,9 millones de euros con los que está dotada la estrategia, el 50,8% son medidas que, como ha denunciado el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, “ya existían con anterioridad, que se hubieran desarrollado con o sin estrategia y que no tienen nada que ver con las mínimas exigencias” hechas por las organizaciones sociales y desde el Parlamento.
Si bien el aserto de Rodríguez es cierto, la lucha contra la pobreza es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, por lo que habría que analizar cómo se ha llegado hasta aquí.
Según la División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, “toda política que persiga principalmente aumentar la producción de bienes sin preocuparse de la sostenibilidad de los recursos en que se basa la producción, tarde o temprano se enfrentará con una disminución de la productividad, lo que también puede desembocar en un aumento de la pobreza”.
Es decir, precisamente lo que ha ejecutado esta Comunidad Autónoma desde que hace 30 años se constituyó en tal: apostar por el beneficio rápido sin preocuparse del mañana.
Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de paro. Y este dato no solo es preocupante en sí mismo, sino que es alarmante por todo lo que conlleva tras él.
Un desempleado canario sin hijos que cumple los requisitos para cobrar la prestación mínima por desempleo (497 euros al mes para prestaciones nacidas en el año 2013) tendría unos ingresos inferiores, en consecuencia, a los correspondientes al umbral de la pobreza relativa (625,72 euros mensuales).
Así que, nada más perder un empleo, los canarios se encuentran en una doble nada halagüeña situación: sin trabajo y pobres.
Pero existen aún más hechos diferenciales en la sociedad canaria. La cuota del Archipiélago en el total de Pensiones No Contributivas de España (PNC) es de un 9,57%, mientras que su población de 65 y más años sólo supone el 3,66% del total del país.
Las PNC en Canarias alcanzan al 14,15% de la población de 65 y más años, mientras que en España este porcentaje es sólo del 5,42%. Es decir, de cada 100 personas de 65 y más años, 15 tienen una PNC, mientras que en España son 6 de cada 100. O lo que es lo mismo, en Canarias el peso de las PNC en el colectivo de 65 y más años es 2,61 veces superior al del conjunto de España.
Es decir, por cada beneficiario español mayor de 65 años, hay casi 3 beneficiarios canarios, lo que traducido es que en las Islas hay, de entrada, más pensionistas en el umbral de la pobreza que en el resto de España.
Aunque hay más datos, estos dos sirven para demostrar por qué en las Islas hay un 38,2% de la población con tasa de riesgo y exclusión.
812.425 pobres
Esto se traduce en 812.425 personas que están bajo el umbral de la pobreza y que, de ellas, unas 139.600 personas no cobran ningún tipo de prestación.
Las Naciones Unidas exhortan a “lograr que todas las personas reciban, con carácter de urgencia, la oportunidad de trabajar”
Y todo esto pasa en una Comunidad Autónoma que mantiene un régimen económico y fiscal con incentivos empresariales como la Reserva de Inversiones (RIC), un colchón fiscal que ha permitido a los empresarios acumular durante las últimas décadas un capital de 20.000 millones de euros que no han sido invertidos ni para su propio desarrollo empresarial ni para el social.
Una región en la que aumenta el turismo pero, a la vez, se incrementan los niveles de pobreza, pues el único motor que genera economía en las Islas está prácticamente destinado a generar dinero para sobrevivir a sí mismo.
Un Archipiélago con un fraude fiscal valorado en más de 11.000 millones de euros en el que han incurrido, según varios datos oficiales, el 72% de las grandes empresas.
Si se suman los beneficios de la RIC más el dinero defraudado, los canarios contemplan como han volado unos 31.000 millones de euros que no han podido ser utilizados para mejorar el nivel de vida de los más desfavorecidos, aquellos que están pagando una crisis no generada por ellos.
Y frente a los 31.000 millones, el Gobierno de Canarias pone sobre la mesa 190,9 millones de euros para luchar contra la pobreza, evitar que más ciudadanos entren en riesgo de exclusión y ayudar a los que ya están en el pozo de los excluidos.
190,9 millones para 812.425 personas. 234,9 euros por cada excluido o en riesgo de estarlo. A priori, parece suficiente, aunque existen datos preocupantes sobre la capacidad de gestión de los responsables del Gobierno regional, como es el hecho de que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de la que tanto alardea el presidente Rivero y la consejera Inés Rojas solo llega a una de cada cien personas que la necesitan.
Por no hablar de la última década de recortes en los Presupuestos canarios para las políticas de Bienestar Social, ya que hasta 2011 en el Ejecutivo imperaba la doctrina del PP que ahora aplica el Gobierno de España en el resto del país.
Sin embargo, y ya sin el PP en el Ejecutivo, la disminución de las partidas del departamento de Inés Rojas este año con respecto a 2012 fueron de 16,6 millones de euros. Para paliar este recorte, la Estrategia implementa 10,4 millones de euros, 6,2 millones menos que los ajustados a principios de año.
No es de extrañar, por tanto, que la Estrategia Integral contra la Pobreza que el Parlamento sancionó en un pleno extraordinario de la última semana del mes de julio llegue tarde y que, para muchos colectivos, incluso llegue mal.
Retroceso de 40 años
La Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN-Canarias), el Colegio Oficial de Las Palmas, la Red Canaria en Defensa del sistema público de Servicios Sociales (REDESSCAN), Stop Desahucios, la Red Feminista de Gran Canaria, ATACC, Comisiones Obreras, UGT, COBAS y Convergencia Sindical Canaria, entre otros, se han constituido en una plataforma ciudadana que, entre otras cuestiones, denuncian que “Canarias ha retrocedido en desigualdad cuatro décadas, daÅ„dose un 25% de aumento en la diferencia entre la riqueza de los más ricos y la pobreza de las más pobres”.
Una plataforma ciudadana denuncia que Canarias ha retrocedido en desigualdad cuatro décadas, “daÅ„dose un 25% de aumento en la diferencia entre la riqueza de los más ricos y la pobreza de las más pobres”
Una situación de la que culpabilizan, sobre todo, a Coalición Canaria (CC), que ha presidido ininterrumpidamente el Ejecutivo regional desde el año 1993, y al PP, que ha cogobernado en distintas etapas y con varios tipos de pactos hasta el año 2011.
Por ese motivo, cuestionan que quienes han causado el problema puedan solucionarlo o que los ricos puedan diseñar una estrategia para los pobres.
Porque para estos colectivos, la pobreza no se erradica con 190,9 millones, sino invirtiendo en servicios sociales un 15% del PIB canario, impulsando políticas equilibradas de reparto de la riqueza y promoción de la actividad económica.
Una política que rebaje el actual porcentaje del 38% de excluidos sociales a sólo el 10%, prioriza los Servicios Sociales en todas las Administraciones públicas de las Islas, a través de un pacto de mínimos con un compromiso de financiación de al menos el 15% del presupuesto de cada entidad.
Una estrategia que asegure que cada ayuntamiento ofrece las Prestaciones Básicas, con dotación financiera suficiente e incremento y estabilidad en los equipos de trabajo.
Sin embargo, tanto las propuestas de la plataforma como la propia Estrategia del Ejecutivo regional estarán abocadas al fracaso si, a medio plazo, no se revierte la actual situación de recesión económica propiciada por el austericidio impuesto por Alemania al resto de los países de la Unión Europea.
Pues, como dicen las Naciones Unidas, hay que “lograr que todas las personas reciban, con carácter de urgencia, la oportunidad de trabajar y de tener medios de subsistencia sostenibles”.
Algo que, lamentablemente, no se contempla en el horizonte atlántico en los próximos meses.
