Presupuestos canarios, insuficientemente sociales
Los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2018 son vendidos por el Gobierno como los de “la consolidación del crecimiento económico, vinculándolo a la generación de empleo, y el refuerzo de las políticas sociales para luchar contra la desigualdad, la exclusión social y la pobreza, potenciando los servicios públicos esenciales”. Como en casi todo, estas aseveraciones contienen alguna verdad y, asimismo, y sobre todo, numerosas exageraciones. Especialmente notables, las exageraciones, en lo referido al combate contra la pobreza y la exclusión social.
Son sin duda, unos presupuestos expansivos, que se sitúan por encima de los 8.200 millones de euros y suben algo más de 12% con relación a las cuentas de 2017. En lo que influye la situación económica, con crecimiento del PIB y mayor recaudación del IGIC. Pero, sobre todo, son determinantes los buenos acuerdos alcanzados por Canarias en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, en esa mezcla mágica para las Islas que ha sido la minoría parlamentaria del PP y el disponer de la diputada 175 y del 176, el que decidía con su voto si se aprobaban o no las cuentas públicas para el presente año.
Analizando las partidas y comparando con los otros dos presupuestos de la actual legislatura (los de 2016 y 2017) es desigual el tratamiento que reciben los distintos servicios públicos y el área social. Con la Sanidad como la que más incrementa sus cuentas con relación al presupuesto inicial del pasado año (un 8,59%), aunque no sobre el gasto consolidado de este año. La Educación, pese a la mejora sigue con cifras inferiores a 2008. Y el área social apenas se mueve y no responde, desde luego, a la justificada alarma generada tras conocerse los índices de pobreza de la tasa AROPE.
El VIIº Informe sobre la pobreza en España 2017 coloca al Archipiélago como la Comunidad con más pobreza (44,6% de la población) y como la que más ha aumentado entre 2015 y 2016 (6,7 puntos porcentuales, es decir, un 17%), pese a los buenos datos macroeconómicos y la disminución del desempleo en ese período.
Sanidad
En el caso de la Sanidad, este servicio público ve notablemente incrementadas sus partidas, en 231 millones de euros, pasando de 2.698 millones a 2.929. Pero ese incremento de 231 millones es inferior al experimentado a lo largo de este año respecto al presupuesto inicial. En efecto, a través del crédito extraordinario aprobado en julio (155,6 millones de euros) y vía modificaciones de crédito (más de 100 millones), la sanidad canaria ha recibido este ejercicio unos 260 millones más de los 2.698 presupuestados inicialmente.
Luego el incremento para 2018 (231 millones) quedaría por debajo del presupuesto real de este 2017 que, al final, superará los 2.950 millones. El aumento en las cuentas públicas de 2018 se destina, fundamentalmente, a personal, gasto farmacéutico e infraestructuras, pero deja de lado el imprescindible desarrollo del Plan de Salud de Canarias.
Esta circunstancia de falta de crecimiento real fue denunciada por PSOE, Podemos y NC en la comparecencia parlamentaria en Comisión de José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del Gobierno canario. En la misma, Baltar ha destacado el significativo incremento de partidas destinadas a afrontar la reducción de las listas de espera.
Educación
El incremento en el ámbito educativo es menor que el de la Sanidad. Sus cuentas se elevan en 100 millones de euros y alcanzan los 1.647 millones para el próximo ejercicio. Esto las sitúa 52 millones de euros por debajo del presupuesto que el departamento tenía en el año 2008.
Con relación al PIB no se llega a alcanzar el 3,7%. Es decir, a distancia del 4% que plantea una reciente proposición no de ley (PNL) aprobada por todos los grupos parlamentarios, a excepción de CC. Una PNL que respondía a la exigencia de una plataforma ciudadana que, de alguna manera, da continuidad a la promotora que impulsó la ley de iniciativa popular para una Ley Canaria de Educación.
Esta Ley, aprobada en 2014, apunta una serie de obligaciones en programas sobre educación infantil 0-3 años, enseñanza de idiomas, desarrollo de la Formación Profesional o atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Y, también, en su artículo 72, obliga a la administración canaria a alcanzar el 5% del PIB en materia educativa en el año 2022.
Es verdad que a diferencia de los anteriores ejercicios tras aprobarse la ley (los de los años 2015, 2016 y 2017), esta es la primera vez que Educación gana peso respecto al PIB, algo menos de dos décimas. Pero el aumento parece a todas luces insuficiente para los déficits que aún presenta nuestro sistema educativo y que, reiteradamente, confirman los diferentes estudios.
Área social
La reciente publicación del VIIº Informe sobre la pobreza en España 2017 sitúa a Canarias a la cabeza de las comunidades autónomas de manera destacada. Sus conclusiones son desoladoras: “En el año 2016, el 44,6% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Esta cifra supone un incremento de 6,7 puntos con respecto al año anterior y es la más alta de todas las comunidades autónomas. Es llamativo que este extraordinario incremento se haya producido en un periodo en que la crisis, al menos según las tesis oficiales, ya ha concluido y España está en periodo de recuperación. Es claro que no toda España lo está, al menos en términos sociales”, señala el documento.
El VIIº informe añade que la tasa AROPE –que mide los mayores riesgos de pobreza y exclusión, teniendo en cuenta factores como los ingresos familiares, las carencias materiales y la baja intensidad del empleo- en Canarias se encuentra “10 puntos porcentuales por encima de la que había antes de la crisis y en términos absolutos, 937.458 personas sufren pobreza y/o exclusión social en las islas, 215.000 más que en el año 2008”.
La brecha con el Estado se agranda. Era de 7,8 puntos porcentuales en 2014, pasó a 9,3 en 2015 y alcanza los 16,7 puntos, casi el doble que en el año anterior, en 2016. Como curiosidad, en la otra comunidad turística por excelencia, Baleares, la tasa AROPE pasó del 26,3% de 2015 al 19,1% de 2016, lo que supone una reducción de 7,2 puntos porcentuales. O, si lo prefieren, una bajada del 27%. Mientras, en el mismo período, Canarias la incrementaba en un 17,6%.
Frente a datos tan contundentes, al paradójico aumento notable de la pobreza en tiempos de récords en la llegada de turistas y de aumento de los ingresos procedentes de este sector, la elevación del PIB canario y el aumento del empleo, cabría esperar una reacción gubernamental a la altura. Una respuesta, desde las políticas y desde las cuentas públicas, para tratar de aminorar un fenómeno que retrata la profunda desigualdad de la sociedad canaria y la cronificación de la pobreza en amplios sectores ciudadanos.
Sin embargo, no se aprecia esa reacción. El Gobierno debería ser plenamente consciente del grave problema y de sus consecuencias presentes y futuras. Cuando algunos de sus dirigentes aseguran que el mal se cura con empleo, distorsionan una realidad mucho más compleja.
El VIIº Informe sobre la pobreza en España 2017, así como otras investigaciones, confirman la creciente presencia de pobres con empleo. Y, en referencia al Estado, señalan que un 69% de las personas empobrecidas son asalariados o pensionistas. Hay que recordar que en Canarias tanto salarios como pensiones se encuentran en los últimos lugares de las comunidades autónomas.
Canarias continuará en el próximo año 2018 sin disponer de un Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social suficientemente dotado para afrontar una realidad que afecta casi a la mitad de la población, con un 10,8% de la población del Archipiélago, más de 225.000 personas, en situación de pobreza severa. Los 15 millones de euros que se le asignan en los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2018 son absolutamente insuficientes.
La consejera, Cristina Valido, ha argumentado, en comparecencia parlamentaria, que a los 15 se le sumarán, vía convenio con el Gobierno central, otros 6 conseguidos por Nueva Canarias en las negociaciones de los PGE de 2107. Sean 15 o 21, resultan casi anecdóticos ante la magnitud de la pobreza en las Islas.
Contrastan con el esfuerzo de otras comunidades, como la vasca, que cuenta con la Renta de Garantía de ingresos (RGI), dirigida a trabajadores con pocos recursos, desempleados o pensionistas, dotada este año 2017 con 400 millones de euros, que son ampliables en función de la demanda. Se dirige a atender las necesidades básicas “de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes” ayudándoles además a encontrar una salida laboral. Nuestra Prestación Canaria de Inserción (PCI) es mucho más modesta: 51 millones de euros, pese a la mayor extensión de la pobreza en la Comunidad Canaria.
En el Informe de Rentas Mínimas de Inserción (2015) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se señala que las comunidades que, tras Euskadi (que en ese ejercicio alcanzó los 488 millones de euros), más recursos destinan a las mismas son Cataluña (174 millones de euros), Madrid (121), Asturias (101), Castilla y León (72) y Navarra (63).
Además, y completando la mirada al área social, no parece que se avance mucho en las partidas que inciden en la lucha contra la violencia de género. Y, una vez más, las políticas de vivienda no afrontan la gravedad de este problema en el Archipiélago, apenas diez millones de euros, mientras que las de empleo disponen de unos 18 millones procedentes del Estado.
En el lado positivo, hay un incremento importante en infraestructuras vinculadas con la atención sociosanitaria, un proyecto de carácter plurianual (45 millones de euros) con el que Canarias aspira a contar con 8.000 plazas públicas, residenciales y de asistencia a domicilio, que aminoren la actual lista de espera. Sabido es el importante retraso que tenemos en la aplicación de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la más conocida como ley de la dependencia. Respecto a 2017, no hay un euro más para la aplicación de la misma.
