Refinería en Santa Cruz de Tenerife: guerras y guerrillas

Las instituciones canarias, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la cabeza, han desplegado durante los últimos años una estrategia de calculado acoso y derribo a la Refinería que ocupa buena parte del término municipal en pleno centro de la ciudad. La táctica ha dado resultado y en la actualidad la industria se encuentra al borde del jaque mate. Como en toda guerra que se precie cualquier medio es válido. Y en este caso se puede decir que se están empleando casi todos: desde los instrumentos que ofrece el plan general o el estratégico de la ciudad, hasta las batallas en los tribunales, el acoso urbanístico, las denuncias vecinales o la discusión mediática, por citar sólo algunos.

Parece que cada vez está más cerca el objetivo soñado desde hace décadas de recuperar el cerca de millón de metros cuadrados que en la actualidad ocupa la industria. Lo que no está tan claro es si los motivos son tan loables como parece. La experiencia del barrio de Cabo Llanos desde luego no resulta muy esperanzadora. La que se iba a convertir en la milla de oro de la ciudad y ejemplo del modélico desarrollo urbanístico, ha resultado ser un cementerio de buenas intenciones. En su  lugar hoy se encuentran poco menos que descampados y bodrios arquitectónicos, a causa de la crisis y de la especulación más rancia. La Refinería se ha convertido en un gigantesco anacronismo: no existe en el mundo ninguna ciudad de más de cien mil habitantes que cuente con una industria de este tipo dentro de su trama urbana.

I  El Plan General como instrumento

La Refinería mantiene en la actualidad un contencioso contra el Plan General aprobado de forma parcial. En realidad ha abierto una guerra contra todas las versiones que han existido del documento, que han sido múltiples. Sin duda la que resultaba más desfavorable  a sus intereses era la que preveía que estas instalaciones abandonaran su actual emplazamiento quince años después de la aprobación definitiva del Plan. Sin embargo, en 2010 se decidió cambiar el plan, en lo que tuvo mucho que ver la condición impuesta por el entonces portavoz del PP, Ángel Llanos, para dar su apoyo a un PGO sumido en la batalla ciudadana por la figura del ‘fuera de ordenación’. No por casualidad la formación conservadora había contado de forma abierta con el apoyo de la Refinería en la campaña electoral de 2007.

En cualquier caso la ciudad sigue insistiendo en la recuperación de este espacio para uso ciudadano y construcción de viviendas y con este fin se ha utilizado el PGO como instrumento. El objetivo es llevar a cabo una segunda versión del actual Cabo Llanos, un enclave que en su momento se presentó como ejemplo del Santa Cruz del siglo XXI y que en la actualidad se ha convertido en el gran fracaso urbanístico de la capital. El plan estratégico también apuesta por la retirada de Cepsa e incluso propone una actuación para eliminar la posible contaminación en el suelo que deje la industria, poniendo como ejemplo lo ocurrido en otros puntos de Europa. En el año 2010 desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo se apuntó la posibilidad de redactar un Plan Especial Territorial para determinar el futuro de la Refinería. En aquel entonces se apostó por su traslado a Granadilla, en el sur de la isla. Sin embargo, lo cierto es que jamás se redactó ni una sola línea de aquel documento, pese a que llegó a adjudicarse.

II – Discusión sobre el suelo urbano

Una de las grandes victorias de la ciudad en su lucha por arrancar todo el terreno posible a la Refinería tuvo lugar cuando el Tribunal Supremo (TS) sentenció en el verano de 2012 que los terrenos no tenían consideración de suelo urbano consolidado sino de no consolidado. Este cambio de calificación supone que la enorme parcela carece de dotaciones como alcantarillado, aceras, concentración urbanística o iluminación, entre otras. La importancia de este fallo es que se obliga a la industria a ceder el 10% de su aprovechamiento a la ciudad, lo que supone una superficie similar a la del Parque García Sanabria.

La victoria no sólo era simbólica sino suponía otro avance dentro de la política desarrollada por la ciudad de acoso y derribo a Cepsa y de arrancarle todos los terrenos y aprovechamientos que sea posible. El mérito era doble si se tiene en cuenta que a su paso por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el resultado había sido el contrario. De haberse ratificado esta sentencia el valor de los terrenos se hubiese situado en 42 millones de euros y la trascendencia económica de la continuidad de la industria alcanzaría los 1.800 millones. En el pleito la Refinería también pretendió que los tribunales blindaran su continuidad en este espacio, lo que fue rechazado desde el primer momento. El Supremo llegó a calificar las dimensiones del solar ocupado como “desmesuradas” y dijo que suponían “un obstáculo para el desarrollo urbanístico de la ciudad”. Lo que nunca se entró a discutir fue sobre la posible contaminación que produce esta actividad.

III – BICE multiplicado por dos

Otra de los enfrentamientos más sonados entre la ciudad y la Refinería tuvo lugar a finales de la pasada década y principios de la actual. El incremento en el canon de las grandes empresas que pagan el impuesto conocido como Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) fue esta vez la excusa. En concreto, en 2008 y 2009 la deuda de la compañía con la ciudad sumaba 2,7 millones, ¿pero cómo se había llegado a este punto?. Pues lo cierto es que en 2007 Santa Cruz subió al máximo el tipo impositivo para los conocidos como Bienes de Características Especiales. El resultado es que apenas doce meses después las grandes industrias vieron como su carga fiscal se llegó a duplicar. En el caso de la Refinería se pasó de reclamar 600.000 euros por ejercicio a un millón. Sin embargo, al igual que ocurrió con la Autoridad Portuaria, se alcanzó un acuerdo extrajudicial que consistió en pagar la deuda y retomar el canon similar al anterior para los demás ejercicios. La Refinería era consciente de que los tribunales se estaban poniendo del lado de las instituciones en todos los casos en los que este asunto fue judicializado a lo largo y ancho del país.

IV  BIC anulado

El intento del Gobierno de Canarias de promover la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) para el conocido como almacén de Cepsa, una obra del arquitecto, José Blasco, resultó bastante ajetreada y culminó dándole la razón a la Refinería cuando este asunto pasó por los tribunales. El motivo fue que el expediente había caducado y no se emitió el mínimo de dictámenes que exige la Ley canaria de Patrimonio. Ni siquiera la Universidad de La Laguna (ULL) se llegó a pronunciar.

La Refinería alegaba la “inexistencia de notorios y singulares valores históricos, arquitectónicos y artísticos del citado almacén”. Sin embargo, el TSJC jamás se llegó a pronunciar sobre las características del inmueble a proteger. Desde Cepsa se dejó claro que no tienen ningún interés en demoler este edificio, sino que simplemente intentaron evitar las limitaciones que se le imponen a estos tipos de inmuebles a la hora de ejecutar determinadas obras y usos.

La declaración BIC no sólo afectaba al almacén sino que también incluía una delimitación que se corresponde a un cuadrilátero, cuyos lados coinciden con los ejes de la calle Áurea Díaz Flores y Avenida Manuel Hermoso Rojas, así como con los de las dos vías interiores de la parcela industrial, que rodean al inmueble. La Refinería siempre sospechó que detrás de este intento de protección en realidad se escondía la posibilidad de aumentar el control y la presión sobre la industria por medio de los rígidos condicionantes que exige la declaración BIC. Ahora, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido de dos años tras la última resolución judicial que se emitió en 2012, el Gobierno canario podrá volver  iniciar el expediente.

V - Recogida de residuos y bonificaciones

La Refinería ha visto como en este ejercicio los tribunales le han dado un nuevo varapalo y se han posicionado a favor del Ayuntamiento. El TSJC ha declarado que resulta ajustada a derecho la prohibición de que Cepsa lleve cabo el autotraslado de residuos y anula los beneficios fiscales que hasta el año 2013 tenía Cepsa. El asunto no es menor si se tiene en cuenta que esta actividad industrial produjo en 2011 alrededor de 391,2 toneladas de residuos sólidos urbanos, a las que hay que añadir 9,2 de vidrios, y 420 kilos de cartón. Todo ello supone alrededor de 401 toneladas por ejercicio sin compactar, lo que implica algo más de una tonelada y 7.256 litros diarios.

Las discrepancias surgieron porque la Ley de Residuos de Canarias estipula que la pequeña chatarra y madera no deben ser considerados residuos sólidos urbanos, lo que se contrapone según los abogados de la Refinería, con lo contemplado en la ordenanza municipal. El Tribunal no entró a valorar los argumentos de la industria en el sentido de los problemas de seguridad que iba a dar lugar el depósito de residuos en la calle ni la forma en la que se llevará a cabo la recogida. Este aspecto se reguló con posterioridad  al fallo judicial.

VI - Guerra política

Los posicionamientos políticos del Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno canario dejan poco espacio para la especulación. Cada vez con mayor contundencia los dirigentes ponen sus cartas sobre la mesa. Frente a la calculada indefinición del exalcalde Miguel Zerolo, el actual, José Manuel Bermúdez, deja clara su postura.  “Soy consciente de que la Refinería está en manos de gente que vive muy lejos de Canarias, pero también de que su instalación ha terminado por anclarse en medio de la ciudad. Esto nos da todo el derecho y el deber de opinar y plantear propuestas sobre su futuro y el uso de este millón de metros cuadrados”.

Bermúdez aclara que el Ayuntamiento no está actuando de forma proactiva para que se vaya la Refinería. “Sólo estamos preparando nuestra estrategia como capital, porque entendemos que, por razones ajenas a la ciudad, estrictamente económicas y de intereses de los propietarios de la empresa, la industria está llegando a su última etapa de funcionamiento en Santa Cruz. Por eso tenemos que estar preparados para el día después y desarrollar a partir de entonces las líneas de crecimiento que definirán la nueva ciudad del mañana”.

VII – Vientos desde Compostela

Un hito importante en la guerra entre Santa Cruz y la Refinería tuvo lugar en el año 2009 cuando el Ayuntamiento dio  conocer el resultado de un estudio elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela encargado por la propia Corporación municipal. El análisis detectó elevados niveles de toxicidad en el aire de la ciudad y expuso que existía un grado elevado de incidencia de sustancias tóxicas emitidas por la Refinería que afectan sobre todo al área suroeste de la ciudad.

El informe apuntó que el grado de depósito de metales pesados era grave además de detectarse concentraciones especialmente altas de mercurio, cadmio, plomo, criseno o benzo fluorateno. Por supuesto, la Refinería respondió asegurando que cumple sobradamente con la legalidad vigente y los requisitos medioambientales. Lo cierto es que el estudio de la Universidad gallega dio lugar a la presentación de un querella criminal por parte de los entonces concejales de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, asumida por la Fiscalía.

No se sabe si fue por casualidad pero a partir de ese momento la actividad de la industria se ha ido reduciendo hasta el punto de que en la actualidad apenas trabajan en la misma 260 personas de la anterior plantilla de 600. Desde hace dos años Cepsa ha dejado de refinar y se centra tan sólo en recibir y vender producto. El riesgo de contaminación también ha afectado a la zona portuaria por los cíclicos vertidos sobre todo en el Castillo Negro, el punto con mayor suciedad de todo el litoral tinerfeño, y en Valleseco, cuya playa se cerró al baño durante todo el verano de 2009, precisamente por este motivo. Pero Puertos también mantiene una cíclica guerra con la Refinería a cuenta del paso de tuberías y la existencia de depósitos y bolsas subterráneas de crudo.

VIII- Los vecinos en estado de alarma

Cada cierto tiempo los vecinos de Santa Cruz lanzan la voz de alarma sobre los riesgos de todo tipo que puede implicar el funcionamiento de la Refinería. En concreto, han denunciado el peligro más o menos cierto de accidente y contaminación. En su momento, hasta catorce barrios de la ciudad llegaron a pedir al Gobierno canario que realizara estudios sobre los efectos de esta actividad sobre la salud. El propio Ayuntamiento atribuye la parálisis actual de la industria a la imposibilidad de cumplir con los requisitos medioambientales que trajo consigo la puesta en marcha del Plan de Calidad del Aire por parte del Ejecutivo autónomo.

El documento se basó en los resultados nada tranquilizadores obtenidos por los controles repartidos por la ciudad. En todo este tiempo, además, ha sido imposible que la Corporación local aprobara el Plan de Emergencias, pese a las reiteradas demandas de los ciudadanos. Algunos de los barrios que se encuentran en la llamada zona roja, que es la más cercana a la Refinería, son: Cabo Llanos, Chamberí, Somosierra, Buenos Aires, Tomé Cano, Azorín, Cepsa, Los Gladiolos y El Chapatal. Los vecinos aseguran que nunca se les ha informado sobre lo que deben hacer en caso de un peligro y critican que el plan de seguridad de la Refinería no tiene en cuenta a los residentes. La industria durante años ha intentado pacificar a la sociedad tinerfeña a base de generosas aportaciones a los medios de comunicación a través de publicidad. También ha ejercido el mecenazgo de actividades deportivas y medioambientales. Lo que no deja de tener su triste ironía para una actividad reñida con la naturaleza y la salud.

IX - Plan de calidad del aire

En 2013 el Gobierno de Canarias aprobó el Plan de Calidad del Aire del área metropolitana. A partir de aquí se abrió la puerta al establecimiento de controles más estrictos sobre las emisiones de la Refinería. Pero lo cierto es que la industria tampoco estuvo de acuerdo con el documento y lo recurrió en dos frentes. Por un lado, la Actualización Ambiental Integrada (AAI) y por otro el propio Plan.

La primera sentencia ya ha sido emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que se pone del lado del Gobierno canario al considerar que la actividad “potencialmente muy peligrosa” de la Refinería requiere estrictos controles tanto del aire como del suelo y subsuelo. Cepsa había presentado argumentos, como mínimo llamativos, al estilo de que no estaban obligados a  informar sobre posibles percances que tuvieranlugar porque iría en contra del derecho a no declararse culpable. La AAI es la base del Plan de Calidad del Aire, sentencia que aún no ha sido emitida pero cuyo resultado final será de gran importancia a la hora de definir las tormentosas relaciones entre la ciudad y la Refinería.