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Un juez de Las Palmas pone en pie de guerra al personal de Justicia al prohibir a una funcionaria hacer guardias

El magistrado sostiene que retrasa su trabajo, pero solo en las guardias que se cobran aparte, y no el resto de la semana en su mismo juzgado de instrucción

Abre un conflicto con la Junta de Personal al entender esta que se erige en órgano sancionador como empleador, competencia del Gobierno de Canarias

El presidente de la Junta califica de “gravedad inaudita” que el magistrado llame a la Guardia Civil para expulsar a la trabajadora y carga contra el TSJC

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La Administración de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria echa chispas desde hace horas, sin que el incendio laboral generado por un magistrado de este partido judicial tenga visos de quedar controlado en breve. El juez Luis Galván, titular de Instrucción 6 de la capital grancanaria, expulsó este jueves por segunda vez este mes a una funcionaria adscrita a su juzgado en funciones de guardia, alegando una supuesta resolución adoptada contra ella por “pérdida de confianza”.

El incidente se produjo a primera hora de la mañana, con orden del magistrado a la Guardia Civil presente para que procediera a la expulsión de la funcionaria de las dependencias donde trabaja, en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria. El desalojo, difundida este viernes por La Provincia, se realizó además en presencia de representantes sindicales y de la Junta de Personal, a los que el magistrado negó el acceso a sus dependencias, lo que ha desatado un conflicto de mayores dimensiones.

El presidente de la Junta de Personal, Luis Piernavieja (Intersindical Canaria) ha explicado a este diario que la situación provocada por el juez, tanto a la empleada pública como a los sindicalistas, es “de una gravedad inaudita, es de una apología del descrédito de la Administración de Justicia que además viene de un magistrado integrante del Poder Judicial, de una arbitrariedad desmadrada y contra la libertad sindical que nos lleva a plantearnos acciones a múltiples bandas”.

Según ha podido saber Canarias Ahora, todo parte del enfrentamiento del juez y la secretaria judicial (ahora denominada letrada de la Administración de Justicia) con esa funcionaria, a la que atribuyen poca diligencia y retrasos injustificados en los procedimientos. Pero la prohibición de realizar su trabajo se produce solo los días en que Instrucción 6 ejerce funciones de guardia, lo que conlleva un plus económico del que se priva a la trabajadora, “es una sanción encubierta”.

La portavoz del sindicato mayoritario en Justicia, Co.bas, Leonor Castro Henríquez, entiende que el conflicto generado radica en que el magistrado se habría arrogado competencias de órgano sancionador como si fuera el empleador, que en este caso sería el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. La justificación del magistrado contra la funcionaria se fundamenta en una notificación oficial de hace dos años, cuando en 2016 esa dirección general competente abrió un expediente a la trabajadora.

Sin embargo, el procedimiento administrativo contra la empleada pública no llegó a ningún lado, dado que la funcionaria causó baja por enfermedad, el expediente no pudo activarse por ese motivo ni la afectada alegar y defenderse y finalmente el asunto prescribió y fue archivado. Y ni siquiera esa notificación iba dirigida a ella, sino a la propia Dirección General de Justicia del Gobierno regional.

Reincorporada tras dos años de baja

Ha sido ahora, al reincorporarse la funcionaria a su puesto de trabajo hace mes y medio, cuando se ha reactivado el conflicto los días en que Instrucción 6 está de guardia. Los dos últimos, con orden del juez a la Guardia Civil para el desalojo de la empleada, producido este último entre aplausos de apoyo de sus compañeros. En los dos primeros casos, según informó el citado periódico, se la dejó estar en las dependencias pero sin atribuirle trabajo alguno durante esas guardias.

“No conocemos parangón de la gravedad que tiene este tema”, asegura Piernavieja a este diario. “No descartamos cualquier tipo de medida penal”, dijo el presidente de la Junta, quien además cargó contra los órganos de gobierno en Canarias: “Nos hemos sentido vejados, incluso maltratados por la Secretaría de Gobierno y por el presidente del Tribuna Superior de Justicia de Canarias”, a la hora de exponer al TSJC la decisión del juez Galván contra su libertad sindical.

El presidente de la Junta de Personal ya ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Barragán, para exponer el caso como empleador que es. “El juez, por mucho poder que tenga, a efectos disciplinarios tiene la misma posibilidad que cualquier ciudadano de a pie, que es denunciar para que el empleador adopte medidas disciplinarias, y que en este caso la denunciada tenga la posibilidad de alegar en su defensa”, sostiene Piernavieja.

La Junta de Personal tiene previsto reunirse el próximo martes para abordar este caso y tomar decisiones en las que ya trabajan sus servicios jurídicos. La reunión se hará después de la entrevista con el consejero Barragán, y de que este viernes el presidente de la Junta haya puesto en conocimiento del juez decano de Las Palmas de Gran Canaria la situación vivida el jueves a primera hora en Instrucción 6.

Lo que determine la Junta de Personal es ahora mismo una incógnita. Caben todo tipo de acciones, como ha avanzado su presidente, desde una querella contra juez y letrada de su juzgado hasta pedir la intervención del Poder Judicial y el Gobierno de España, por medio del Ministerio de Justicia, y del propio Ejecutivo regional.

A juicio de Leonor Castro (Co.bas Justicia Canarias) el primer paso que debería darse es dirigirse al Consejo General del Poder Judicial, para que determine si el juez ha obrado dentro de la legalidad decidiendo una expulsión de una funcionaria, amparándose en un artículo de los aspectos accesorios del reglamento dictado por el propio CGPJ. Esa norma determina que “el juez o magistrado y el secretario en funciones de guardia adoptarán, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las prevenciones oportunas para garantizar la adecuada prestación del servicio” de guardia.

La cuestión en litigio es si expulsar a una funcionaria de su puesto de trabajo entra dentro de ese "ámbito de sus respectivas atribuciones" o corresponde a quien ejerce la función de empleador: el Gobierno de Canarias.

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