Los abogados temen perder clientes con la subida de tasas
Los abogados canarios se sumaron este lunes a la protesta generalizada en toda España, y promovida por el Consejo General de la Abogacía, contra el proyecto de Ley de aumento de las tasas judiciales, que este martes será debatido en el Senado. Con carteles en los se leía “No una justicia para ricos y otra para pobres”, algunos letrados tinerfeños reconocían la preocupación por un descenso de la actividad en sus despachos.
Y es que la nueva de Ley de Tasas Judiciales, una forma de copago por acceder a la Justicia, y que fue anunciada por Sáenz de Santamaría en marzo pasado (se pretende recaudar unos 300 millones de euros el próximo año, casi el doble que en año pasado), serviría en teoría para sufragar la Justicia gratuita.
Pero podría conllevar un grave perjuicio a los ciudadanos ya que una reclamación judicial contra una multa puede significar más que el coste de la misma, o que una persona que haya sufrido un accidente y reclame indemnización, se vea en la tesitura de tener que aportar previamente de su bolsillo hasta el 28% de la cuantía que exige.
Víctor Medina, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, comentaba delante de otros 150 colegas en la concentración a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de esta capital que “no es momento de hablar de los abogados, sino de que se cercena el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos, porque se les impide el derecho a poner siquiera una reclamación”.
“Con impedir el acceso a la Justicia no se resuelve el problema de los litigios en España. Es de esperar que alguien en el PP recapacite y que el Senado eche atrás el proyecto”, añadió Víctor Medina.
Del pago de tasas solo se librarían quienes no perciban más de unos 13.000 euros anuales.
Compañías de seguros, grandes beneficiadas
Es difícil ver a abogados de una tendencia y otra unidos en una misma causa. En esta, se tocan todos los palos. “Se impide a los ciudadanos sin medios la opción a que se revise su sentencia”, comentaba el decano. Otros compañeros suyos eran más críticos. “Aquí, los beneficiados son las compañías de seguros. A ver quien tiene dinero suficiente para reclamar una indemnización de, por ejemplo, 300.000 euros, si te dejas unos 20.000 en el proceso”.
Pero también se toca sustancialmente una importante fuente de ingresos de los letrados. El abogado Alfonso Delgado explicaba que con la nueva ley habrá que retener un 21% de la cantidad a reclamar, a los que añadir el 7% de IGIC. “Bajarán los litigios, claro, pero eso para nosotros supone menos dinero en movimiento, en definitiva, más recesión para todos”.
La nueva Ley de Tasas afecta a todos los órdenes jurisdiccionales, menos el penal, aunque muchas denuncias penales conllevan una reclamación civil y ahí comienza el problema. En el orden civil, una apelación conllevaría el desembolso previo de 800 euros, lo mismo que en la jurisdicción contencioso-administrativa; un juicio ordinario, 300.
En la jurisdicción de lo social, la que atañe a todo lo laboral, desde despidos hasta incapacitaciones, los recursos de suplicación supondrán un coste para el ciudadano de 500 euros y para llegar al Supremo habrá que añadir otros 750. En la jurisdicción contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviados (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan de 300 a 800 euros, y de casación, de 600 a 1.200 euros.
El truco de las variables
Todo esto, en cuanto a las tasas fijas. Faltan las variables, ya que a esas cuantías hay que añadir un 0,50% de lo que se reclama, o un 25% a partir de un millón de euros (muy pocos ciudadanos). Falta añadir los costes de abogado y procurador.
El Consejo General de la Abogacía pide un pacto de Estado en el que se sienten a negociar “todas las partes”, además de “una adecuación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita acorde a la situación actual, sin descartar la petición de inconstitucionalidad de la Ley que se pretende aprobar definitivamente, si el Senado no la devuelve al Congreso, por vulneración del artículo 24, que proclama la tutela judicial efectiva.
