''Agravio'' a los grancanarios en los pleitos con el Instituto Canario de la Vivienda
Representantes de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Canarias (AUSCAN) comparecen este miércoles ante la Comisión del Estatuto del Parlamento regional para defender a ciudadanos de Gran Canaria ante lo que consideran un “agravio” a su derecho de defensa en posibles contenciosos judiciales con el Instituto Canario de la Vivienda (ICV).
La asociación denuncia que los Tribunales de lo Contencioso- Administrativo ubicados en la Isla de Gran Canaria se están inhibiendo de las causas contra decisiones adoptadas por el ICV, derivándolas a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, extremo que ha sido confirmado por el Colegio de Abogados de Las Palmas.
El motivo que arguyen y que ratifican los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma es que la sede oficial del organismo se encuentra en la capital tinerfeña.
En documentos judiciales a los que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, la Sala de lo Contencioso- Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria se declara incompetente para resolver los conflictos de los ciudadanos con una concesión administrativa de vivienda del Gobierno regional.
Esta circunstancia obliga a los residentes en Gran Canaria a ejercer su derecho de defensa en Santa Cruz de Tenerife, nombrar abogado o procurador en esa sede o correr con los gastos de desplazamiento y estancia si decide recurrir a un letrado de su Isla.
La decisión de los tribunales obvia, a juicio de la Asociación de Usuarios y Consumidores, “elementos sustanciales”, como la doble capitalidad recogida en el Estatuto de Autonomía o la doble sede administrativa de las consejerías, direcciones generales y organismos autónomos del Gobierno de Canarias.
Además, la asociación hace referencia a un precepto recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual “los pleitos relativos a la vivienda, propiedad o alquileres, se resuelven en los juzgados donde esté ubicada la misma, no importa donde tenga fijada la residencia el propietario o arrendatario”.
AUSCAN elevó a los presidentes del Gobierno y del Parlamento de Canarias esta queja el pasado mes de octubre. La asociación aún no ha recibido respuesta del Ejecutivo regional, pero ha sido convocada por la Cámara para el estudio de su denuncia.
