56 años para siete traficantes de droga
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a penas que suman más de 56 años de cárcel a siete miembros de una organización de trafico de drogas que operaba en zonas turísticas de Gran Canaria, cinco isleños y dos británicos, por una sentencia publicada hoy.
Locales de copas y discotecas de los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria eran los lugares en que operaban los ahora condenados por delitos contra la salud pública, que fueron detenidos, merced a sucesivas investigaciones policiales, en un periodo que se extendió desde el 17 de octubre de 2006 hasta el 29 de enero de 2007, se detalla en la sentencia.
Varios kilogramos de sustancias estupefacientes, en su mayoría sintéticas, como anfetamina y éxtasis, y valoradas en cientos de miles de euros, fueron intervenidas en poder de los distintos detenidos, según se establece en el apartado de hechos probados de dicho pronunciamiento, emitido por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
En su parte dispositiva se condena a dos de los encausados, Víctor Saavedra y Carlos Raúl Benítez, como autores de “un delito contra la salud publica con la agravante de notoria importancia”, a una pena de diez años de prisión y una multa de 60.000 euros a cada uno.
A los dos procesados de nacionalidad británica, Gary Richards y Jason Terence Sawyer, como autores de un delito contra la salud publica, se les imponen penas de 13 años y 6 meses de prisión y multa de 600.000 euros para cada uno.
Además, se condena a Aarón Rial y Juan Frederick Herrera, como autores de un delito contra la salud publica en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, a penas que se elevan a 3 años y 4 meses de prisión y multa de 40.000 euros, en el caso del primero, y a 3 años de prisión y multa de 40.000 euros, en el del segundo.
Por último, a Elisabeth Lorena Jorge, como cómplice de un delito contra la salud publica en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, se le imponen dos años de prisión y multa de 40.000 euros.
En la sentencia, donde se precisa que hay opción a recurrirla ante el Tribunal Supremo, se especifica que todo el tiempo que los ahora condenados han pasado ya en prisión les será descontado a la hora de cumplir las penas que se les imponen.
