Los aprobados de Infantil se manifiestan por conservar sus plazas

Un grupo de unas 150 personas, parte de los 275 maestros de Educación Infantil que ocupan plazas en los colegios públicos tras aprobar la oposición celebrada en junio y suspendida posteriormente por el Gobierno de Canarias, se manifestaron este miércoles en Santa Cruz, como primer acto de la campaña informativa que han emprendido para exigir la conservación de los puestos de trabajo que “conseguimos por mérito propio”.

Así lo manifestaron representantes del colectivo, que se concentraron desde las 18:00 horas hasta las 19:00 a las puertas del Parlamento de Canarias, donde en ese momento la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno autónomo, Milagros Luis Brito, comparecía ante el Pleno en relación a este asunto, a solicitud del Grupo Socialista.

Con los ánimos al cien por cien, los manifestantes no dejaron de corear a viva voz consignas reivindicativas, como “quiero mi plaza”, “Paulino, dimisión”, “no nos falles, busca los culpables”, “el sindicato, nos manda pal carajo”, “Milagros Brito, sal un ratito” o “que den la cara, para eso les pagan”, al tiempo que portaban pancartas en las que se podía leer “porque estudié”, “porque ya lo demostré”, porque yo no fallé“, ”porque no somos culpables“, ”porque me sacrifiqué“, ”aprobados, igual a castigados“, ”basta ya de tantas mentiras y humillaciones“ y ”resolución injusta“.

En una lucha en la que si no se sienten completamente solos es por la mutua compañía, los afectados por la suspensión del proceso selectivo por medio del que obtuvieron las plazas que ocupan, pese al anuncio de la Consejería de llevar a cabo una segunda corrección de las pruebas escritas y la repetición de las orales, sólo encontraron este tipo de medidas como forma de “hacernos oír”, ya que aseguraron que nadie se ha puesto en contacto con ellos para explicarles su situación.

“Tras la resolución que anuló la oposición, nos recibió el director general de Personal, pero nadie más nos ha convocado para comunicarles la solución que han decidido ni cómo nos va a afectar”, se quejó Macarena, que recuerdó que las listas de aprobados se han suspendido, pero no los nombramientos de los destinos adjudicados, a los que siguen acudiendo cada día sin saber qué va a pasar.

Los afectados reconocieron estar en total desacuerdo con la postura adoptada por la Consejería, que además cuenta con el apoyo sindical mayoritario y exigieron a la Administración que respete sus plazas y reevalúen a los suspendidos, por si alguno lo fue injustamente, y “les busquen plaza”. “Nosotros no somos enchufados, ya conseguimos la plaza y no podemos vernos afectados por un fallo administrativo que no cometimos nosotros”, añadió.

Macarena aseguró que no tienen miedo a que les revisen las pruebas escritas “porque si fuimos los 10 mejores de cada tribunal lo seguiremos siendo”, pero no admitieron tener que repetir las orales porque “en aquel momento lo dimos todo y ahora no estamos en condiciones de responder igual”, por lo que consideraron injusto tener que superar dos veces la misma prueba y jugarse el futuro a hora y media de exposición.

Además, alertó sobre la influencia que este problema puede tener en los alumnos, unos 6.000 niños de entre 3 y 5 años, si finalmente se producen cambios en los destinos, porque “estamos hablando de educación”.

Tras escuchar a la consejera y los representantes de los grupos políticos parlamentarios en el Pleno, el resumen de una de las afectadas fue que “CC y PP han venido a aplaudir a la consejera, que ha tenido la suerte de tomar posesión hace poco y puede quitarse responsabilidades”, según explicó, demandando a Luis Brito “que las depure”. Los socialistas, para esta maestra, “son los únicos que parecen más sensibles al problema y sobre todo informados de lo que ha ocurrido”. Aún así, siguen sin sentirse apoyados por nadie.

La pregunta que más se hicieron fue “por qué no pararon el proceso cuando tenían conocimiento de antemano de que había irregularidades”. Macarena aseguró que el 8 de junio, ya se habían cometido algunas de ellas y las oposiciones fueron el 23 de junio, y que hay un documento en el que todos los sindicatos solicitan la convocatoria de una Mesa Sectorial y advertían de que no se estaba actuando conforme a la legalidad. “Ahora dicen que los sindicatos están de acuerdo con su propuesta, ¿por qué ahora los escuchan y no lo hicieron antes?”, dice otra de las afectadas. Por ello, tienen claro que la responsabilidad es de la Consejería, que “no garantizó que los tribunales trabajaran en las condiciones debidas”.

La impresión que les dejó el paso de su problema por sede parlamentaria fue pesimista. “No van a dar marcha atrás y van a intentar salvar los muebles como sea, porque esto es una papa caliente”, resumió otro de los aprobados.

Mientras la Administración sigue su camino, ellos emprenden el suyo a base de acciones como éstas y otras de carácter legal, sobre las que no quieren, de momento, dar muchas pistas. Confirmaron, eso sí, que tienen el tema en manos de abogados, “que estamos pagando con nuestro sueldo”, que aún están preparando los recursos pertinentes.