La jueza archiva provisionalmente la causa contra la 'abuela de Fuerteventura' por desobediencia al ampliar su vivienda
La conocida como abuela de Fuerteventura, Josefa Hernández, que el pasado mes de agosto ingresó en prisión por haber edificado parte de su vivienda en un espacio natural protegido del municipio de Betancuria está más cerca de saldar sus problemas con la justicia. Y es que, la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Puerto del Rosario, Cristina Sber Pinilla, ha decretado el archivo provisional por los delitos de desobediencia y vulneración de la ordenación del territorio. Así lo ha confirmado este domingo el abogado de la afectada, José De León, que asegura que aún no podido notificar a su cliente de estas novedades, de la que tuvo conocimiento este fin de semana.
De León ha explicado a Canarias Ahora que en octubre de 2015 pidió el archivo de estos dos delitos que se le imputaron a la sexagenaria porque entendía que no se había producido tal desobediencia. “Las obras estaban ya hechas cuando se dictó sentencia”, apunta el abogado. Y es que, el mismo día que se acordó la denegación de suspensión de condena, el pasado 29 de julio, la jueza de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario dictó una providencia en base a informes del Seprona de la Guardia Civil en los que se constataba que no solo no había derribado la parte ilegal de la vivienda sino que había construido una dependencia de madera anexa a la casa.
El abogado explica que se han presentado nuevos informes del Seprona que certifican que dicha habitación de madera ya estaba edificada. Además, insiste en que “no se ha producido desobediencia” ya que no ha derrumbado esta parte por falta de recursos para hacerlo, como ya ha reiterado su familia en ocasiones a este medio.
La obligación de demoler la parte de la casa que se encuentra en el Parque natural protegido de Betancuria se mantiene firme. Sin embargo, a pesar de que el plazo se cumplía el pasado 28 de febrero, aún no ha podido proceder a ello. El Cabildo de la Isla ya ha redactado un informe para proceder a acatar esta sentencia y su presidente, Marcial Morales, ha asegurado que está dispuesto a ayudar en lo que sea posible a la familia.
De León asegura que la noticia del archivo provisional supone un avance en el caso y que fue notificado de ello el pasado viernes por la tarde, aunque no tuvo constancia hasta el sábado por la mañana. Este domingo, al ver que La Provincia se hacía eco de ello, ha señalado que se pondrá en contacto con su clienta.
La sexagenaria, que tiene cinco personas a su cargo (una hija con discapacidad, un hijo desempleado y tres nietos), se encuentra residiendo en una vivienda facilitada por el Ejecutivo canario de manera temporal en la capital de la isla, en Puerto del Rosario. Este hecho se produjo después de que la Audiencia de Las Palmas se adelantara al indulto del Gobierno y la pusiera en libertad a finales de agosto.
Su hija Minerva Zerpa ha llegado a asegurar que su madre, aunque se siente agradecida, tiene ansias de volver a su vivienda con su familia. Asimismo, se encuentran “intranquilos” ya que la casa tendrá que ser rehabilitada para poder vivir en ella.
Zerpa aclaró a este medio que la parte de la vivienda que quedaría intacta tras la demolición de la zona ilegal cuenta con 70 metros cuadrados, pero que carece de baño y que los techos están en mal estado, puesto que el invierno de 2007 causó desperfectos en él. Fue por este motivo por el que se construyó el anexo de madera, que sin saberlo en aquel momento, se asentaba sobre ese lugar protegido, explica la hija de Hernández.
Nueve meses de su ingreso en prisión
Cabe recordar que una sentencia firme obligó a 'la abuela de Fuerteventura' a demoler esta habitación y a pagar 700 euros de multa. La mujer pagó este dinero, pero llegó a alegar que no había podido derribar su casa por carecer de otro lugar donde vivir y por no tener posibilidades de pagar un alquiler. De hecho, la familia ha expresado que vive con un total de 740 euros al mes; la pensión de esta mujer de 63 años, que es de 320 euros, y la prestación por desempleo de uno de sus hijos, que suponen 420 euros.
En agosto de 2015, tras la noticia de que se iba a producir su entrada en prisión Josefa Hernández efectuó una huelga de hambre, que tuvo que suspender por problemas de salud.
Este caso provocó una gran indignación en Fuerteventura y a su lucha por impedir ingresar en la cárcel se unieron miles de personas a través de la plataforma change.org y por medio de diferentes manifestaciones que se convocaron en la isla. El caso, de gran repercusión mediática, también movilizó a distintos miembros de la política.
