Arranca en una semana el juicio del caso Europa
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comenzará el próximo viernes, 17 de enero, el juicio contra los siete procesados en la trama de presunta corrupción municipal conocida como caso Europa, entre los que se encuentra el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez.
El caso Europa, desgajado de la trama Faycán, se centra en las supuestas comisiones ilegales que abonó el Grupo Europa al Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), entre los años 2003 y 2006, para construir viviendas de protección oficial en el municipio.
El caso se juzgará en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la condición de aforado de uno de los siete implicados -el diputado Rodríguez-, en diez sesiones programadas desde el 17 de enero hasta el 14 de marzo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita en este procedimiento penal un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros para el parlamentario del PP, al que imputa dos delitos de tráfico de influencias.
En su calificación provisional de los hechos, el fiscal Anticorrupción Luis del Río acusa al diputado del PP de haber actuado de mediador de esa empresa y de haber recibido a cambio en esos años 64.000 euros, cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias.
De hecho, la Fiscalía sostiene que Jorge Rodríguez era “una pieza fundamental en los ilícitos proyectos” del socio mayoritario del Grupo Europa, el también procesado José Manuel Antón Marín.
El caso Europa es la pieza separada número 38 del caso Faycán, la trama de presunto pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde que desde 2006 investiga el Juzgado número 3 de esa ciudad, aunque su instrucción ha correspondido al TSJC.
El caso estaba listo para ser juzgado hace meses, pero la fecha de la vista oral se retrasó después de que el anterior presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano -hoy jubilado- cometiera un error al designar a los magistrados que iban a componer la Sala.
Aunque Castro Feliciano reconoció su equivocación y lo enmendó poco después, Rodríguez se querelló contra él por prevaricación, lo que provocó que el asunto llegara hasta el Tribunal Supremo, que acabó desestimando las acusaciones del diputado contra el magistrado.
El fiscal del caso sostiene que el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, entre ellos a la edil de Urbanismo fallecida María Antonia Torres, que también estuvo imputada en este procedimiento.
El empresario Antón Marín se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, así como al pago de una multa de 600.000 euros.
Además, figuran como imputados otras cinco personas, entre ellos el gerente de la empresa municipal de Telde Urvitel, Juan Carlos Saavedra, y su mujer Verónica García Melgar, y dos técnicos de ese ayuntamiento grancanario, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, que cuando ocurrieron los hechos eran responsables de Urbanismo y Patrimonio.
El séptimo acusado es el extrabajador del Grupo Europa Francisco José Benítez Cambreleng, quien, antes de que el procedimiento se dirigiera contra él, colaboró activamente con los funcionarios policiales en la investigación de los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2003 y 2004, Antón Marín se propuso desarrollar su actividad inmobiliaria en Gran Canaria, comenzando en los ayuntamientos, con el objetivo de conseguir la promoción de una gran cantidad de viviendas de protección oficial, y para lograr sus objetivos recurrió al pago de comisiones.
Según el fiscal, Antón Marín conoció en esas fechas al diputado Rodríguez, que además era un destacado miembro del PP en Canarias, y acordó con él, a cambio del pago de ciertas cantidades de dinero, que influiría en los ayuntamientos que eran gobernados por su partido para que contratasen con su sociedad Gestión de Cooperativas Europa, dedicada a la gestión y promoción inmobiliaria.
El gerente de la empresa municipal Urvitel, Juan Carlos Saavedra, se enfrenta a una pena de seis años de prisión y una multa de 90.000 euros, por los delitos de prevaricación, cohecho, contra el mercado y a los consumidores y falsedad, mientras que su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad.
Al jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, el fiscal le imputa los delitos de falsedad y cohecho, por los que pide una pena de ocho años de prisión y una multa de 90.000 euros; y al responsable del departamento de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, los delitos de cohecho, por lo que pide tres años de prisión y multa de 180.000 euros.
El fiscal considera a Benítez Cambreleng autor de delitos de cohecho y falsedad, si bien le aplica la atenuante muy cualificada de confesión, por lo que reclama para él una pena de un año y tres meses de prisión y el pago de una multa de 23.000 euros y otra de 15 euros diarios durante tres meses.
Anticorrupción interesa la inhabilitación para empleo o cargo público de los acusados Juan Carlos Saavedra, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, por espacio de nueve años.
