Aspirantes a profesores se examinan con temarios que tienen más de 26 años

Los aspirantes a una plaza en el cuerpo de profesores y profesoras de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional se encuentran estudiando temarios que en varias especialidades tienen más de 26 años de antigüedad. Se trata de una realidad que afecta a los aspirantes a docentes de todas las comunidades autónomas ya que estos temarios se rigen por un decreto estatal de 1993. El sindicato STEC reprocha que estos planes se encuentren “obsoletos” y cuestiona el caso de algunas especialidades como Informática, que no tienen en cuenta la revolución que ha supuesto Internet o la irrupción de las redes sociales en los últimos años.

Combatir las cifras de fracaso escolar que siguen afectando a comunidades como Canarias lleva a repensar el sistema educativo. Informes como PISA ya reflejan que en las Islas es fundamental tener en cuenta factores como el entorno socioeconómico de las familias o la inversión educativa, que aún está lejos de alcanzar el 5% del PIB en Educación. Sin embargo, la formación inicial del profesorado se convierte también en clave en esta lucha por obtener unos mejores resultados académicos que brinden a toda la sociedad las mismas oportunidades. El portavoz del sindicato STEC en Canarias, Fernando Pellicer, considera que se debe reflexionar sobre el sistema de acceso a la docencia, comenzando por actualizar los temarios pero también huyendo de un modelo “puramente memorístico” en el que apenas se tenga en cuenta la experiencia o la práctica docente.

Mejorar el sistema de oposiciones es necesario también para que la profesión obtenga un mejor reconocimiento por parte de la sociedad. Si se atiende a la página web de Educación del Gobierno de Canarias, se puede encontrar un apartado con los decretos que regulan los temarios de cada especialidad. En primer lugar, se cita una orden recogida en el Boletín Oficial del Estado que corresponde al año 2012 y en la que el entonces ministro José Ignacio Wert (PP) después de haberse informado de cambios en los temarios establecía que se volvería a la situación anterior a ese año, es decir, que las oposiciones se regirían de nuevo por los temarios de 1993, que se han venido prorrogando todos estos años.

No obstante, hay excepciones, como es el caso de maestros de Primaria, que cuentan con temario de 2007; determinadas especialidades de Formación Profesional, que se rigen por temarios de 1996; y diferentes idiomas que cuentan con planes más actualizados (2003, en el caso del gallego o catalán; o 2001 en el caso del árabe, el chino o el danés). También cuentan con temas más actualizados para el proceso de oposiciones los especialistas en Música y Artes Escénicas o los inspectores de Educación.

Las últimas oposiciones para el cuerpo de Educación Secundaria en Canarias se celebraron en verano de 2018. Entonces, fueron convocadas 1.160 plazas, para las y se generó un gran revuelo por el elevado número de suspensos en toda España. Los opositores llegaron a recoger firmas en señal de protesta y pedían un sistemas más justo. En junio de 2019 también se celebró un proceso selectivo en las Islas pero para el cuerpo de maestros y maestras. Entonces, fueron convocadas 1.200 plazas para distintas especialidades de magisterio.

El pasado año además entró en vigor la reducción de jornada laboral después de que se ampliara el horario lectivo durante la crisis económica. Sin embargo, esos cambios no fueron previstos por el anterior Ejecutivo de Coalición Canaria, y debido a la falta de profesorado para cubrir los horarios del curso 2019-2020 se convocaron listas para cubrir vacantes de forma urgente el pasado mes de octubre y se contrataron a 362 docentes para diferentes especialidades.

No obstante, el sindicato STEC estima en unas 1.500 personas el déficit de plantilla que existe en Canarias. Incorporar a estos profesionales que faltan en el sistema educativo considera que es fundamental para rebajar las ratios por aula. A esta necesidad se le añaden otras carencias en el sistema como infraestructuras obsoletas, más de 70 aulas en barracones o el hecho de que la inversión educativa de la comunidad autónoma aún no se acerque al 5% del PIB previsto en la Ley Canaria de Educación y que reivindican plataformas y sindicatos.