El Cabildo admite la falta de control sobre las ONG de centros de menores
El Cabildo de Gran Canaria retirará a la ONG Mensajeros de la Paz el servicio que prestaba en el centro de acogida inmediata cerrado por recomendación de la fiscal y convocará por vía urgente la apertura inmediata de un nuevo servicio gestionado por otra organización.
Así lo explicó este miércoles el consejero insular de Servicios Sociales, Pedro Quevedo, quien agregó que la situación se ha producido, entre otras cuestiones, porque la institución insular carece de mecanismos de control, algo que calificó de “sorprendente” y que forma parte de los objetivos de su departamento.
Tras recibir el escrito de la fiscal, los técnicos insulares visitaron el centro Laurisilva, ubicado en Ojos de Garza (Telde) y se reunió con la ONG y comprobaron la situación.
Si bien los argumentos esgrimidos por la organización, la mayoría de carácter económico, le parecieron razonables, Quevedo considera que la situación es “inadmisible”, aunque quiso relativizar la situación porque, aunque el centro no reúne los estándares de calidad mínimos, cumple adecuadamente otras funciones como la escolarización de los menores.
Las condiciones económicas para todas las organizaciones que prestan estos servicios, incluidos los otros ocho centros que gestiona esta ONG y que afirmó funcionan de manera óptima, es de unos 40 euros por menor y día en el caso de internos normalizados y 71 en casos más conflictivos como este centro.
A esta cuantía que Quevedo consideró insuficiente se suma que se detectaron “ciertos” bloqueos en el servicio de pagos, así como el comportamiento de los internos, que proceden de familias desestructuradas y en ocasiones producen destrozos en el centro, un inmueble alquilado por Mensajeros de la Paz.
El Cabildo grancanario, tras visitar el centro, no sólo compartió los criterios de la fiscalía sino que los asumió, por lo que reubicó a las diez menores y los cuatro chicos que había en el centro, explicó.
En cuanto a las fugas, detalló que estos son centros abiertos y se producen con cierta frecuencia, en su mayoría porque los menores desean volver con sus familias, si bien en este momento no había ningún menor fugado.
Todos los cabildos, aseguró Quevedo, están de acuerdo en la necesidad de revisar con el Gobierno canario los convenios en los que se sustentan los servicios sociales y las cuantías destinadas a este fin, aseveró.
Quevedo agregó que, por otra parte, en el asunto de los menores hay una división de competencias “que en nada ayuda”.
Con todo, considera que la responsabilidad de los sucedido es de la organización que se comprometió a cumplir con este servicio por la cantidad estipulada.
