Canarias recurre a hoteles y otros espacios para acoger a mujeres víctimas de violencia machista obligadas a abandonar sus hogares

La red de recursos de Canarias para acoger a mujeres víctimas de violencia de género se ha hecho insuficiente durante el estado de alarma, lo que ha obligado a recurrir a hoteles y otros espacios para garantizar su seguridad. En las Islas, 51 mujeres que estaban sufriendo violencia machista han tenido que abandonar sus hogares y ser protegidas por las instituciones públicas. En total, durante este período, han sido 80 personas atendidas, ya que a ellas se les suman 29 menores. Estos datos se traducen en que, solo en abril, ha aumentado en un 31% el número de mujeres acogidas por la red de recursos respecto al año pasado.

El Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas (DEMA) ha tenido que intervenir en 143 ocasiones. La mayoría de mujeres ha preferido no ser acogida en los espacios disponibles para víctimas de violencia de género y han acudido a casa de familiares, “siempre prefieren acudir a casa de una persona cercana si tienen opción”, señala la directora del Instituto Canario de Igualdad. A pesar de ello, sí se han generado problemas de saturación de los recursos que hay habilitados. En algunos casos, incluso se han tenido que realizar cuarentenas porque algunas mujeres presentaban síntomas o habían manifestado que podían haber tenido contacto con alguna persona con coronavirus.

No obstante, los problemas de espacio, que están gestionados por los cabildos, se han ido solventando. En Gran Canaria se ha requerido del servicio de un hotel, donde se han alquilado una serie de habitaciones para hospedar a estas mujeres y utilizarlos como puntos donde hacer estas cuarentenas. En Fuerteventura, La Palma o Tenerife se han adaptado otros espacios de los que ya disponían los cabildos, pero que no estaban destinados a este fin. Se trata de viviendas o de otros centros alojativos que se han preparado para ser habitados.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, recuerda que este servicio de protección a las víctimas “está blindado”, es un derecho de estas mujeres y que siempre se buscarán recursos para protegerlas a ellas y a los menores. De hecho, una vez que la mujer dé la voz de alarma puede hospedarse en un centro de atención inmediata durante 15 días donde se hará un diagnóstico exhaustivo de su caso. Posteriormente, puede quedarse en uno de los centros de acogida durante un año, donde no tendrá que pagar manutención y se podrá quedar con sus hijos. Allí, se le ofrecerán talleres y programas de inserción laboral. Cuando pase este período podrá además entrar en un piso tutelado.

Un aumento de la violencia en el confinamiento

Las cifras demuestran que se ha producido “un aumento de violencia durante el confinamiento”, como “ya demostraron las experiencias de China o Italia y como se ha evidenciado en otras situaciones como inundaciones o períodos en los que no se ha podido salir tanto de casa y se ha tenido que pasar más tiempo con el agresor”. También “en Navidad o vacaciones hay repuntes de violencia”, añade. Y es que, “un período tan largo de confinamiento, supone estar 24 horas al día sin respiro, rehén de otra persona. Esto afecta a lo emocional, los agresores están más nerviosos y, por tanto, la violencia se ha incrementado”, señala Fumero. De hecho, otro dato llamativo es que en este último mes ha aumentado en un 33% el número de llamadas de emergencia: “Son llamadas en las que la vida de la mujer o de sus hijos corre peligro”, apunta. Concretamente, en abril, entraron 736 llamadas de emergencia, 183 más que el mismo mes del año anterior.

El éxito de la clave mascarilla 19

La directora del Instituto Canario de Igualdad explica que durante el estado de alarma, 18 mujeres han pedido auxilio en las farmacias isleñas a través del protocolo Mascarilla-19 (una campaña pionera en el Archipiélago y que ya se ha implantado en numerosos países como Chile, Argentina o Francia, entre muchos otros). En dos de estas ocasiones estas mujeres precisaron ser acogidas por la red de recursos.

El éxito de esta campaña radica en la conciencia social que ha generado, ya que el personal de las farmacias “forma parte de esas personas del barrio que te asesoran y te cuidan” y que “den un paso al frente y digan que hay que proteger a las mujeres víctimas de violencia de género hace que la ciudadanía tome conciencia”, explica Fumero. En este sentido, destaca que se ha incrementado durante el confinamiento en un 21% el número de llamadas de terceras personas alertando de un caso de violencia machista.

Fumero subraya que una vez que la mujer víctima de violencia de género pronuncie la palabra mascarilla19 no se le hace pasar por el mal trago de contar su situación a la persona que la atienda en la farmacia, que tan solo le pedirá sus datos personales y llamará al 112 para que se active el protocolo. Una vez que la policía así como las profesionales del DEMA (Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas financiado por el Gobierno de Canarias y los cabildos) se personen en el lugar, “con delicadeza, conocimiento y protocolo, acompañarán a la mujer para que cuente y narre con sus tiempos”, asegura. Estas mujeres tendrán apoyo jurídico si lo desean y serán acompañadas a denunciar si así lo deciden. Una persona del dispositivo la podrá acompañar además al centro de salud si necesita asistencia sanitaria.

Durante el estado de alarma una mujer de 78 años fue asesinada por su marido en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. La Delegación del Gobierno para la violencia de género recordaba entonces que las mujeres mayores tardan hasta 15 años en denunciar esta situación. Desde el Ministerio de Igualdad también se han reforzado las medidas estas semanas y para ello se aprobó un Real Decreto Ley para garantizar la atención a las víctimas, como parte del Plan de Contingencia por la crisis del COVID-19. En este sentido, se recuerda que en situaciones de peligro o emergencia por violencia machista no existirá sanción por salir a la calle para pedir ayuda o dirigirse a cualquiera de los recursos policiales, judiciales o de otro tipo.