Canarias estudia un pasaporte de vacunación plagado de dudas para relanzar el turismo

Aeropuerto de Tenerife Sur, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife)

Canarias está valorando la posibilidad de implantar un pasaporte de vacunación contra la COVID-19 para relanzar el sector turístico. La Consejería de Turismo, Comercio e Industria, dirigida por Yaiza Castilla, ha elevado al departamento de Sanidad una consulta sobre esta iniciativa para determinar su viabilidad. Pero aún no hay respuesta y en estos momentos pesan dos posturas muy claras sobre el asunto. Primero, porque se trata de un proyecto pensado para impulsar la economía y levantar el ánimo de la planta hotelera del Archipiélago, muy mermada durante toda pandemia. Y segundo, porque su aplicación genera dudas y cuestiones científicas y éticas que ponen en tela de juicio su puesta en marcha.

Reyes Maroto, titular de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno central, ha adelantado la intención del Ejecutivo. “Trabajamos para contar con pasaportes de vacunación comunes en el ámbito de la Comisión Europea. Con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también lo hacemos en iniciativas para garantizar viajes seguros”. La ministra se ha vuelto a pronunciar este lunes. “Según vayamos avanzando, daremos más información sobre los colectivos sobre los que se va a aplicar, no solo a los vacunados, sino para poder incorporar este certificado de vacunación para la movilidad de otros colectivos”.

Baleares se ha ofrecido como “prueba” para estudiar este salvoconducto. Madeira ha anunciado la creación de un corredor verde para los vacunados y quienes hayan superado la enfermedad. Y Canarias, según las declaraciones del presidente Ángel Víctor Torres en una entrevista al diario El Mundo, lo ha puesto encima de la mesa. “Es necesario arbitrar mecanismos para que quienes estén vacunados puedan viajar. Debemos ponernos de acuerdo a nivel global para que no perdamos el tiempo. Que comience a haber movilidad para disfrutar del turismo es clave”, apuntó.

Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por este periódico aseguran que aún existe cierta incertidumbre sobre este tema y por ello está en fase embrionaria. Se conoce que las vacunas disminuyen de forma notoria la posibilidad de sufrir un cuadro grave de la enfermedad (de hecho, en las Islas han comenzado a disminuir drásticamente las hospitalizaciones de los mayores de 80 años por la COVID-19). Pero aún es pronto para concluir que también impiden el contagio. Es decir, ante la falta de estudios y el escaso tiempo que ha pasado desde las inyecciones masiva, no hay certeza de que una persona inmunizada no pueda transmitir el virus. De ahí la prudencia que pide Turismo. “Es algo reciente y tampoco sería la panacea. Se ve como una buena medida, pero falta un posicionamiento de Sanidad. Además, lo ideal sería que la Unión Europea establezca un criterio común”, agregan.

Esto mismo es lo que reclama la patronal turística. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa, considera que “la única certeza” para reactivar el turismo es alcanzar la inmunidad de grupo. Y que un pasaporte de vacunación solo sería efectivo si fuera consensuado por la UE y los Estados Miembros. “Si Bruselas toma una decisión conjunta, tendrá valor. Si no, volverá a caer en saco roto”.

Mañaricúa recuerda el descontrol con respecto a las restricciones fronterizas y la regulación de pruebas diagnósticas. La Unión Europea se ha posicionado en varias ocasiones con respecto a la toma de medidas de protección contra el virus. Pero cuando lo ha hecho ha sido en forma de recomendación, sin meter mano en las decisiones de los Veintisiete. Así vemos que un año después desde que estallara la pandemia cada país decreta, según su criterio, si hace falta o no PCR para entrar (incluso, en el caso de Reino Unido, hasta tres test negativos), y que cada gobierno elabora sus listas negras con las regiones vetadas. Esto, en opinión de Mañaricúa, no tendría sentido con el pasaporte de vacunación. “Lo de los corredores seguros no funcionó. Luego vinieron las PCR. Nos han engañado varias veces. Si la Unión Europea toma una decisión conjunta para todos, le daríamos la bienvenida a esta propuesta. Pero hasta el momento, no sabemos qué va a pasar”, agrega.

Varios países no han esperado y ya están cerrando acuerdos bilaterales para agilizar la movilidad de las personas vacunadas. Grecia y Chipre, por ejemplo, han anunciado que permitirán a los ciudadanos de Israel con certificados de vacunación (“pase verde”, como lo han denominado ellos), viajar entre los países sin obstáculos en un intento por normalizar el turismo en pandemia. España está abierta a tratos similares: "El debate está muy verde y estos corredores no van a entrar en vigor hasta dentro de un par de meses. Queremos explotar todas las posibilidades, pero no descartamos nada. Nuestro énfasis son los acuerdos amplios y multilaterales, en lo que contamos con el apoyo de Israel, Dinamarca, Suecia e Islandia”, explicaron fuentes del Ministerio de Exterior español a elDiario.es.

Ahora que se ha abierto el cascarón, llegan las dudas y las voces de expertos contrarias a esta idea. El jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, así como presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, no lo ve claro y expone tres motivos por ello: no sabemos si la vacuna previene la infección y por lo tanto corta la transmisión de la enfermedad; la vacuna no es obligatoria, así que ¿cómo vamos a obligar a alguien para que se la ponga?; y solo han accedido a las dosis aquellos individuos de países ricos, de modo que “estaríamos creando otra brecha entre estados ricos y estados pobres”. Además, los menores, que no han sido testados en los ensayos clínicos, serían excluidos. “Profesionalmente no lo entiendo”, resume García.

María del Carmen de la Fuente Hontañón, vicepresidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, comparte el punto de vista del experto canario, aunque sobre todo pide prudencia y demanda conocer la naturaleza completa de la epidemia antes de acelerar nada. “No debemos ser contundentes y es importante recordar que no todas las personas responden igual a este virus. Un pasaporte como este no recoge el estado actual de la ciencia. No tenemos instrumentos para saber la capacidad de contagio de una persona cuando contrae la COVID-19. Soy partidaria de una PCR antes de entrar a los países, pero no de una acreditación de por vida”.

El pasado 5 de febrero la Organización Mundial de la Salud hizo público su posicionamiento provisional, situándose en contra y adjuntando razones científicas, sanitarias, éticas y legales. La OMS recuerda que la eficacia de las vacunas sigue estando rodeada de “incógnitas”: si limita la transmisión, si es efectiva contra las nuevas variantes, la duración de la inmunidad, etc. Las recomendaciones, señalan, se irán haciendo según avance la campaña de vacunación. “La realidad es poliédrica. Hay que ser muy prudentes y nada simplistas. Es primordial conocer cómo está cada uno y el estado inmunológico de cada paciente, porque este virus varía mucho”, agrega Fuente.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) también desconfía por las “insuficientes evidencias sobre la eficacia de las vacunas en la reducción de la transmisión” del virus. Aunque sí apoya los certificados de vacunación que documenten quién ha sido inmunizado, cuándo y con qué vacuna, pero exclusivamente con “fines médicos”.

En el aspecto ético, la OMS remarca que existe un acceso limitado a las vacunas en todo el mundo, principalmente en los países en vías de desarrollo. Más del 90% de los países que están poniendo en marcha la vacunación contra el coronavirus son ricos. "En el contexto actual, introducir este requisito tiene el potencial de obstaculizar el acceso global equitativo a un suministro limitado de vacunas y es poco probable que maximice los beneficios de la vacunación para las sociedades individuales y la salud global en general", dice la agencia sanitaria”.

Tampoco está del todo claro si deben imponerse las restricciones estatales sobre las libertades individuales. Por lo menos ese es el debate que plantean los profesores de Derecho Público de la Universidad del País Vasco Íñigo de Miguel Beirán y Jon Rueda, en un artículo publicado en la Journal of Medical Ethics titulado Pasaportes de inmunidad: derechos fundamentales y peligros para la salud pública, quienes abogan por adoptar la perspectiva del inmunizado. “Consideramos que la visión de estas personas no ha sido tratada del todo. Creemos que si alguien ha dado positivo y se ha recuperado de COVID-19, convirtiéndose inmune a ello, no puede ser visto como un peligro público y, por lo tanto, la limitación de sus derechos públicos (libertad de movimiento, por ejemplo) no es legítima.

El Consejo ético de Alemania, que incluye a expertos en Derecho, Medicina y Filosofía, cree que sería "inaceptable" retirar las medidas de protección a unos pocos porque “no se puede excluir con suficiente certeza la posibilidad” de que las personas inoculadas sigan propagando el virus. Un estudio de Israel, donde la vacunación ya ha alcanzado a más de tres millones de ciudadanos, indica que la vacuna de Pfizer BioNTech detiene la transmisión en un 89,4%. Eso sí, aún se necesita más evidencia, según señaló Zoe McLaren, profesora asociada en la escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, al periódico norteamericano Bloomberg.

Con todo, The Economist publicó a finales de enero que más de dos tercios de los británicos estarían dispuestos a aprobar un pasaporte de vacunación. Eso en un país donde el peso del turismo no es tan alto como en Canarias, donde cuatro de cada diez empleos tienen relación directa con el sector y cuya actividad supone el 35% del Producto Interior Bruto (PIB).

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22 de febrero de 2021 - 23:26 h

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