El Consejo de Gobierno aprueba la primera Ley de Cooperativas en Canarias

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el proyecto de la primera Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias y acordó su remisión al Parlamento autonómico para su debate político y ratificación definitiva como último trámite de una norma pionera en el Archipiélago.

El texto legal, que cuenta ya con el informe favorable del Consejo Consultivo, asume la competencia exclusiva en materia de cooperativas y entidades de economía social por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía, tras su reforma en 2018 y en el marco específico, además, de la necesaria recuperación del tejido productivo a través del Plan Reactiva frente a la pandemia de COVID-19.

Tras pronunciarse a favor del proyecto de ley a finales de julio, el Gobierno incorpora ahora en su totalidad las diversas observaciones del Consejo Consultivo de Canarias para reparar el puntual solapamiento con la competencia básica de rango estatal, aunque el dictamen preceptivo del órgano independiente valora de manera favorable la nueva norma al concluir que se adecúa a los parámetros normativos de aplicación.

Desde la aprobación del anteproyecto en septiembre de 2020, la primera norma sobre sociedades cooperativas del Archipiélago incluye 35 observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores involucrados y los diferentes departamentos de la administración autonómica mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos.

Actualmente, Canarias cuenta con 222 sociedades cooperativas de alta en la Seguridad Social (102 en Las Palmas y 120 en Santa Cruz de Tenerife), en su mayoría de los sectores de comercio y hostelería (37,2%), actividades profesionales y servicios auxiliares (14,2%) junto a agricultura, ganadería y pesca (12,78), con un total de 4.435 personas trabajadoras (1.570 en la provincia oriental y 3.065 en la occidental).

Novedades

Además de regular y fomentar las cooperativas con domicilio social en Canarias mediante una actualización de la legislación existente y la inclusión de las peculiaridades autonómicas, el nuevo texto pretende impulsar a estas entidades, sin perder sus perspectivas comunitarias características, como un instrumento fundamental para el desarrollo económico de las Islas, dentro de una situación de competitividad equiparable a otros modelos societarios.

Para ello, el proyecto de ley introduce algunas novedades con respecto a la normativa vigente. Por ejemplo, la simplificación de trámites en los procesos de constitución, extinción y otras cuestiones de índole registral (modificaciones estructurales de escisión, fusión u otras transformaciones); la posibilidad de sustitución del consejo rector por un órgano unipersonal (administración única) como gestión social para aquellas entidades con menos de diez personas socias; o la reducción del número mínimo de personas socias con carácter indefinido de tres a dos en las cooperativas de trabajo asociado, además de la mejora conceptual de las distintas clases o la posible utilización de nuevas tecnologías (votación asamblearia mediante procedimientos telemáticos).

Estructurado en tres títulos, con once capítulos el primero y dos el segundo, el proyecto de Ley de Economía Social de Canarias se compone de 144 artículos, además de seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales.