El jurado declara culpable de asesinato al acusado del crimen del Firgas
El jurado, constituido en la Audiencia Provincial de Las Palmas, considera probado que, el 19 de abril de 2005, Juan Carlos Falcón Cabrera, de 40 años, golpeó repetidamente a su mujer, Agustina de los Ángeles Mirabal Rodríguez, de 26 años, con un martillo en la cabeza, hasta causarle la muerte mientras la víctima dormía en la cama. El asesinato tuvo lugar a primera hora de la mañana, después de que el hombre, que había dormido esa noche junto a su esposa, se levantase, hubiese dado de comer a su hijo, y tras dejar al niño en otra habitación, se fumase un cigarro.
La relación de la pareja atravesaba un mal momento y la mujer había anunciado al agresor su intención de dejarle. Tras asesinar a su esposa, el hombre llevó a su hijo a la guardería y acudió a su trabajo, del que se despidió argumentando problemas familiares.
Después, regresó a su casa, se cambió de ropa y comprobó que su mujer estaba muerta y, tras hacer varias gestiones, deambuló durante algunas horas por varios bares y calles del cercano municipio de Arucas antes de entregarse a la Guardia Civil, a cuyos agentes relató lo sucedido y entregó las llaves de su domicilio.
Contrario al indulto
El veredicto popular considera probado que el hombre era consciente de lo que hacía y es responsable de un delito de asesinato. Asimismo, es contrario a la concesión del indulto y a que al homicida se le pueda aplicar la suspensión de la pena de prisión que se le imponga.
Tras la lectura del veredicto, el fiscal pidió una pena de 18 años por un delito de asesinato. La acusación particular, que actúa en representación de la familia de la víctima, solicitó una pena de 20 años de prisión, que al homicida se le prohíba residir en Firgas y en donde vivan los familiares de la fallecida y que se le retire la patria potestad del menor, además de una indemnización de 300.000 euros para la familia.
El abogado del Estado, que actúa como delegado especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, solicitó la misma pena que la acusación particular, que también fue reclamada por el Instituto Canario de la Mujer, que ejerce igualmente la acusación. La abogada del acusado reconoció el delito de asesinato pero pidió que al homicida no se le prive de la patria potestad de su hijo.
