Defensa de la Sanidad Pública recurre a los juzgados para exigir al Gobierno que las clínicas concertadas cumplan con la ratio de dos camas

La Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública ha demandado a la Consejería de Sanidad ante su “silencio administrativo” tras sus peticiones para que se dé cumplimiento a la orden del año 2006 que establecía que las clínicas privadas con las se establezcan conciertos sanitarios deben contar una ratio de dos camas por habitación como máximo, además de aire acondicionado en las mismas. El colectivo solicita que se proceda a aplicar de “forma inmediata” el decreto que regula la homologación de estos centros sanitarios, que lleva sin aplicarse 14 años después. 

La última noticia sobre esta situación se producía el pasado mes de enero cuando este periódico publicó que los servicios jurídicos de la Secretaría General Técnica del SCS habían dado indicaciones a las direcciones de área para impedir que los hospitales concertados puedan ocupar tres camas por habitación y continuar esquivando la limitación de dos pacientes por estancia, requisito que además figura en la orden de homologación que regula las condiciones de contratación con la administración pública de 2018. Desde el Gobierno de Canarias han asegurado este lunes que los servicios jurídicos en estos momentos “están elaborando un calendario de inspecciones del Servicio de Acreditaciones del Servicio Canario de Salud para inspeccionar el cumplimiento de esta orden”. 

La  Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública recuerda que en mayo de 2019 envió un escrito al Gobierno de Canarias (después de recusar al entonces consejero de Sanidad, José Miguel Baltar, por incompatibilidad, pues tan solo un año antes desempeñaba el puesto de director de Operaciones de Hospitales San Roque) en el que se instaba a cumplir con el artículo 12 del Decreto 105/2006, donde se regula la homologación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, en aquellos centros que no cumplieran con los requisitos. 

Concretamente, el decreto especifica que el aire acondicionado “deberá existir sin ocasionar ruido ni molestias, debiendo poder ser controlado por cada una de las habitaciones”. Así mismo, añade que “el número máximo de camas en cada habitación debe ser de dos y que deberán ser de movilidad automática, articuladas y con ruedas”. 

La solicitud del colectivo de 2019 venía motivada porque un año antes, Baltar había modificado la orden de 2006 para dejar en suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en ella, lo que a juicio del colectivo “favorecía a la homologación de las clínicas privadas”. La Consejería de Sanidad justificaba entonces esta modificación en que fue constatada tanto “de oficio”, derivada “de la experiencia en la gestión del servicio”, como a partir de “las alegaciones planteadas en el procedimiento realizado a los efectos de valorar los requisitos exigidos para la contratación” de este servicio de hospitalización de media estancia.

Ante “el silencio administrativo” de la Consejería, la asociación presentó el 25 de noviembre de 2019 un recurso de alzada reiterando la petición de aplicación inmediata de lo previsto en el decreto. Así mismo, se solicitaba “la revisión de oficio” desde su  inicio de todas las fases del expediente de adjudicación de los contratos de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de Salud mediante el acuerdo marco y que una vez cumplido el plazo, “se dictara el certificado acreditativo del silencio producido”. 

En la reciente demanda, el colectivo alega que “a pesar de los requisitos anteriores, desde hace muchos años la Administración Sanitaria viene suscribiendo conciertos sanitarios con numerosas entidades privadas al margen de dicha regulación. Estos conciertos se han prolongado durante décadas”. 

De hecho, el 5 abril de 2019, un año después de que la prórroga concedida por Baltar a las clínicas privadas, el que fuera en ese momento director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, firmó una instrucción para facilitar un incremento de las derivaciones hacia las clínicas privadas con el que hacer frente al colapso en los hospitales públicos. De esta forma, prorrogaba otro año el período para las que las clínicas acreditaran que cumplían con dichos requisitos. 

La asociación señala que ya se ha cumplido un año desde esa orden y no ha tenido conocimiento de que la Consejería de Sanidad haya aplicado o exigido a algunos de los centros que prestan los servicios contratados mediante acuerdo marco lo previsto en el artículo 12 del Decreto 105/2006. Defensa de la Sanidad Publica añade que, aunque Canarias Ahora publicó en enero de este año que los los Servicios Jurídicos del Servicio Canario de Salud habían tumbado la instrucción que permitía a los hospitales privados saltarse la limitación de los dos pacientes por estancia e incrementar así las derivaciones, no ha sido notificada de que se haya dictado esta orden, por lo que se ha visto obligada a acudir a los juzgados.