Denunciados 61 delitos medioambientales en la provincia de Las Palmas
El fiscal de la provincia de Las Palmas y fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Ródenas, señaló esta mañana que la Fiscalía ha tramitado 61 denuncias durante el pasado año por delitos medioambientales contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y contaminación acústica, aunque no pudo precisar el porcentaje de cada una de las denuncias recibidas al estar aún finalizando la memoria anual.
En 2008, según reza en la memoria de la Fiscalía, se recibieron 70 denuncias por delitos, la mayoría contra la ordenación del territorio, es decir, construcciones en zonas protegidas o edificaciones en suelos no urbanizables. “Esto conforma casi el 60 por ciento de la delincuencia que fueron puestas en conocimiento por la sección de Medio Ambiente”, apuntó Ródenas durante la inauguración de las I Jornadas de Delincuencia Medioambiental de Canarias, celebrada este mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Ródenas recalcó que otro porcentaje alto de delitos, durante 2008, “lo ocupó la prevaricación urbanística, que son aquellos delitos perpetrados por autoridades o funcionarios que, a sabiendas de que su decisión es injusta con la normativa urbanística, conceden una licencia de urbanización”.
“Es una reflexión muy extendida que el delito de cohecho si se compara con otros tipos penales, como el hurto o el robo, vemos que hay una diferencia de sanción por su gravedad. Hay un amplio sector doctrinal que viene reclamando una mayor pena [para los delitos de cohecho], para que no sea tan rentable ser corrupto”, precisa Javier Ródenas.
“En cuanto a delitos, estamos en la media nacional”, asegura el fiscal especializado en Medio Ambiente y Urbanismo, y aclara que “no se trata de realizar un ranking porque aquí hay la misma delincuencia medioambiental que en Cádiz, en Málaga o en cualquier municipio de la costa, aunque en Canarias se nota más porque tenemos un suelo reducido, insular y con una gran presión demográfica”.
“El medioambiente hay que conservarlo, es un derecho que establece la Constitución desde el artículo 45 al 47 y hay tener en cuenta que la ciudad no es un sitio para enriquecerse sino un lugar para vivir”, expone el fiscal de Las Palmas, que avanzó que hay proyectada un reforma del Código Penal “para aumentar cierto tipo de penas en ciertos delitos [medioambientales], porque el legislador entiende que están sancionados con menos penalidad de la que deberían”.
Las I jornadas de Delincuencia Medioambiental de Canarias, que se celebran hasta mañana, poseen cuatro módulos, el primero destinado a estudiar el delito medioambiental, por parte de juristas, fiscales y profesores universitarios; el segundo, la construcción urbanística; la tercero versará sobre los delitos contra la ordenación del territorio y el cuarto tratará sobre la diferencia entre lícito penal y lícito administrativo.
Durante la presentación del evento, el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, señaló que la “ambición” es un factor de degradación social en cuanto a los delitos medioambientales y destacó que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), en sus diez años de vida, ha abierto unos 33.000 expedientes por conductas delictivas. Asimismo, apuntó que la “complejidad del proceso para obtener cualquier tipo de licencia puede conducir a la ilegalidad”, aunque reprochó que existen “conductas reprochables” de los administradores públicos que deben ser “objeto de intervención”.
Para el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, los delitos medioambientales “por suerte o por desgracia son un asunto de permanente actualidad y pone de manifiesto la especial sensibilidad de estos temas”, en un lugar donde el 50 por ciento de su territorio está protegido. En esta misma línea, aplaudió al trabajo realizado por el cuerpo del Ministerio Fiscal porque “efectúa una lucha contra las infracciones con rigor jurídico con ayuda del grupo del Seprona de la Guardia Civil o la Agencia de Protección, entre otros”.
