Desahucio a un discapacitado con 460 euros
El timbre suena y Ernesto huele la mala noticia. Interrumpe la entrevista y aguarda con calma a que la agente judicial suba por las escaleras las nueve plantas hacia su piso. El ascensor está roto desde el jueves y desde entonces el joven solo sale de casa para acudir a sus incontables citas médicas. La documentación que le entrega la agente no le sorprende, cumple su presagio. La arrendataria le ha interpuesto una demanda de desahucio y ha sido citado ante el juez el próximo 13 de diciembre para la vista oral.
Hace tres meses que este grancanario de 31 años en situación de discapacidad total para el ejercicio de su profesión habitual ha dejado de pagar los 416 euros del alquiler de su piso en la Urbanización de Coperfham, una vivienda que logró en julio de 2010 tras solicitar ayuda al Ayuntamiento de la capital. La concejalía de Asuntos Sociales emitió entonces una resolución por la que, ante la necesidad y gravedad de su caso, asumía el 100% del alquiler durante dos años, a la espera de que se resolviese la segunda adjudicación de vivienda libre por parte del Gobierno de Canarias.
Sin embargo, la ayuda del Consistorio se agotó el pasado mes de agosto sin posibilidad de renovación y Ernesto no ha podido afrontar los pagos correspondientes a los meses sucesivos con la pensión que recibe actualmente, que asciende a 460 euros, y con la única ayuda puntual de su actual pareja. Tampoco ha podido acceder en estos dos años a una de las viviendas protegidas del Gobierno de Canarias, que tiene paralizadas varias promociones por pleitos judiciales.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha emitido un informe social reclamando una vivienda libre para el joven porque el Gobierno regional no les ha comunicado que exista disponibilidad de inmuebles que cumplan las condiciones que requiere Ernesto.
El joven tiene reconocida una discapacidad del 55% y problemas de movilidad derivados de un accidente laboral que sufrió en 2005 y que dejó maltrecha su rodilla izquierda, que dejó de recibir flujo sanguíneo. En ese momento acababa de recibir el alta y aún estaba siendo sometido a tratamiento de quimioterapia para superar la leucemia que padeció, por lo que sus huesos estaban débiles.
En estos siete años, el estado de salud de Ernesto se ha agravado y el accidente le ha ocasionado numerosas secuelas: problemas de corazón, un cuadro depresivo con síntomas de “aislamiento social, desconfianza y actitud litigante” y desgaste en la otra rodilla y en la columna por la descompensación.
A pesar de esta situación, Ernesto confía en evitar el lanzamiento de la vivienda, solicitado por la arrendataria para el 13 de febrero. “No me voy a desesperar. No creo que el juez sea capaz de echarme a la calle. Tal y como estoy, supondría mi indigencia, no duraría ni un mes”, sentencia el joven, que siente que la vida se le escapa entre las batallas judiciales y médicas que acumula en los últimos años.
Y es que, además de la demanda de desahucio, Ernesto tiene abierto en los juzgados tres procesos. El primero de ellos, contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno autónomo, está relacionado con la suspensión de su ayuda al alquiler y la paralización de la adjudicación de viviendas protegidas. La próxima semana se agota el plazo que el juez ha dado a ambas instituciones para que aporten la documentación solicitada tras el recurso interpuesto por el joven contra una anterior sentencia que desestimaba su denuncia.
Ernesto también ha recurrido la resolución de la Seguridad Social que declaró que la incapacidad había sido consecuencia de la enfermedad de base, la leucemia, y no del accidente laboral que sufrió, lo que implica que la pensión que está recibiendo en la actualidad sea sensiblemente inferior a la que percibiría si hubiera decretado la vinculación de su situación con el accidente.
Por último, en junio presentó una nueva demanda para que se revisara su grado de incapacidad, ya que diversa documentación médica y psiquiátrica avala, según Ernesto, que no solo no está incapacitado para el desempeño de su trabajo, conductor de camiones, “si no para ningún empleo” debido a sus problemas de salud.
