Detenidos en Tenerife por tráfico de drogas un inspector de Policía y un guardia civil
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a ocho personas, entre ellas un inspector de la Policía Nacional y un agente de la Guardia Civil, a penas que van entre los cuatro y los nueve años de prisión y multas de hasta 270.000 euros por prevaricación y tráfico de drogas.
En la sentencia, que fue dictada el 13 de julio, se absuelve a seis personas que habían sido juzgadas como presuntas autoras de los mismos delitos y se decreta además el decomiso y destrucción de la droga intervenida, así como de teléfonos móviles propiedad de los condenados.
Los hechos juzgados se remontan a 2002 y se refieren al tráfico de cocaína en el norte de Tenerife, para lo que se utilizaba como lugar de contactos con los posibles compradores una empresa de lavado de vehículos (Lavados Elsa, situada en La Orotava).
Según el documento, esta empresa era propiedad de N. H., residente en Puerto de la Cruz y que contactaba con diversos suministradores de cocaína para hacerla llegar a otros distribuidores a menor escala, que finalmente la vendían en el mercado.
Nicolás Hernández ha sido condenado como responsable de un delito contra la salud pública a cinco años de prisión y multa de 60.000 euros.
Tal y como relata el fallo judicial, H. encargaba a D.F.M. para que realizase los contactos entre suministradores y distribuidores de droga, y éste también ha sido condenado a pagar la misma multa y a una pena de cuatro años de prisión.
Un negocio detalladamente pensado
Al parecer, los procesados en este caso utilizaban como correo para el transporte de la cocaína a E. C. G., agente de la Guardia Civil destinado a la agrupación de tráfico y que ha sido condenado a cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros.
Uno de los principales suministradores de cocaína en este caso era José Antonio García, condenado a nueve años y un día de prisión y multa de 90.000 euros, con quien al parecer se concertaban los suministros periódicos de estupefacientes por vía telefónica. En dichas conversaciones, la sustancia se citaba como “letras, documentos, coches o apartamentos”.
En el último trimestre de 2002 estos procesados, por medio del agente de la Guardia Civil, trataron de hacer llegar varios paquetes de cocaína a R. G. C. y O. G. C., quienes han sido condenados a igual pena que J.A.G., tras concertar una cita en una heladería de un centro comercial de La Orotava.
Esta operación no culminó por causas que no constan en el sumario y por ello, posteriormente,J.A.G. y E.C. “actuando por su propia cuenta y riesgo” establecieron una nueva cita telefónica con los hermanos R. y O. para entregarles un kilogramo de cocaína en una hamburguesería de Icod de los Vinos.
Cuando ambos se dirigieron al vehículo del agente de la Guardia Civil para el traspaso de la droga fueron detenidos por la policía judicial.
Según la sentencia, en ese momento se intervinieron a R. G. C. 1.100 euros con los que pretendía pagar la cocaína, que tenía una pureza del 78 por ciento y podría haber supuesto un beneficio de 30.000 euros.
Tras la detención, el agente de la Guardia Civil se mostró dispuesto a colaborar con la policía y al año siguiente se descubrió que el procesado D.F.M. tenía frecuentes contactos con E.T., inspector jefe de la Policía Nacional en La Laguna que al parecer le facilitaba de personas y vehículos, con conocimiento de que se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes.
E.T. ha sido condenado a cinco años y seis meses de prisión y una multa de 90.000 euros, además de dos años de inhabilitación para cargo público o empleo como funcionario del Cuerpo Nacional de la Policía.
Al parecer, el inspector tuvo conocimiento por medio de un procurador de tribunales de La Laguna, que ha sido absuelto, de que el también procesado David Rivero tenía intención de vender una relevante cantidad de cocaína que había recibido de Las Palmas de Gran Canaria.
El inspector ideó entonces la posibilidad de hacerse con esa partida de cocaína en su beneficio, para lo que usaría su condición de responsable policial en La Laguna y así llevar a cabo “un montaje ficticio” que le permitiera disponer de la droga.
En esta operación participaron un taxista, también absuelto, y un Policía Nacional subordinado del inspector procesado, quien creía que se trataba de una operación contra el tráfico de drogas, por lo que acudió a una cita en un hotel de La Laguna con parte de los condenados en este caso.
Al hotel acudió D. R. -condenado a nueve años y un día de prisión- con tres kilogramos de cocaína y una pureza del 80%, lo que podría haber supuesto unos 90.000 euros en el mercado ilícito.
Según la sentencia, el inspector E.T. cambió sus planes al percatarse de que un agente de la policía lo había visto llegar al hotel, y finalmente guardó la cocaína en las dependencias policiales y encargó su remisión a las dependencias de Sanidad de la Subdelegación de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
