Educación dice que ha remitido las denuncias de agresiones
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias asegura que ha tramitado a la Fiscalía “la totalidad de las denuncias por agresiones presentadas por su personal docente”, tras las acusaciones efectuadas por el sindicato Docentes de Canarias (Insucan) que este miércoles tachó a la Administración de “pasiva” y de “ocultar” los casos de agresiones a profesores, además de “no ofrecerles la debida atención psicológica y jurídica”.
En concreto, Educación cifra en nueve las denuncias remitidas hasta la fecha a la Fiscalía tras la firma, el 18 de diciembre de 2009, de un convenio de colaboración con el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias en esta materia, de las cuales el órgano judicial competente ha calificado ocho como faltas y una como delito. Este último caso está a la espera de que se celebre la vista.
Según explica la Consejería en un comunicado, el convenio de colaboración firmado con la Fiscalía tiene una vigencia inicial de cinco años. Su objetivo es contribuir a una disminución de las agresiones y mantener la dignidad profesional de los docentes, imprescindible para el ejercicio de su profesión.
Para ello articulan los mecanismos de cooperación necesarios para asegurar la existencia de los canales de información recíprocos indispensables, en orden a la mejora de la eficacia en la investigación, persecución y castigo de dichas agresiones.
Una comisión mixta se encarga del seguimiento del convenio, que se desarrolló en una Orden de la consejera de Educación, por la que se aprueba el Protocolo de Actuación para Agresiones del Personal Docente en el ámbito educativo de los centros públicos, que tiene como finalidad la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
Por este convenio la Fiscalía asume el compromiso de investigar los casos de agresiones a docentes e impulsar el enjuiciamiento ante los tribunales para castigar tales conductas, si fueran constitutivas de delito o falta.
Remisión al Juzgado
Las actuaciones que debe realizar la Fiscalía Superior en su protocolo se inician una vez recibida la denuncia. A continuación, el fiscal incoa las oportunas diligencias de investigación, pudiendo ordenar la práctica de las diligencias que estime, al término de las cuales acordará, mediante el correspondiente decreto, su remisión al Juzgado de Instrucción competente si cree que hay “indicios suficientes de la existencia de una infracción criminal, bien sea delito, bien sea falta, comunicando tal resolución al denunciante”.
Si, por el contrario, el fiscal estima que el hecho no reviste los caracteres de infracción penal, decretará el archivo de las diligencias de investigación, y comunicará tal decisión al denunciante quien, en su caso, podrá reiterar su denuncia ante el juez de Instrucción competente.
La Consejería advierte de que en los casos en que la Administración presente la denuncia directamente ante la Fiscalía resulta “indispensable que no se efectúe ninguna otra denuncia ni comunicación ante el Juzgado de Guardia o ante la Policía”, pues ello daría lugar a la incoación de diligencias previas judiciales, lo que determina que el fiscal deba cesar en sus diligencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En los casos de denuncias interpuestas ante la Policía o el Juzgado de Guardia, el fiscal verifica el estado de la denuncia ya presentada y realiza un seguimiento singularizado, una vez se le haya comunicado por la administración educativa.
Por último, el fiscal Jefe correspondiente dará las instrucciones oportunas para que cada uno de los procedimientos que se incoen sea objeto de un particular seguimiento por parte de los fiscales competentes en cada caso.
