La calidad educativa de los centros públicos de las Islas peligra
El conflicto “retributivo” que los docentes de la enseñanza pública no universitaria de Canarias y la Consejería regional de Educación mantienen desde “hace un año” ha de acabar cuanto antes con la intervención de un mediador porque hace peligrar la calidad educativa de los centros públicos de las Islas.
Así lo manifestaron este miércoles en una rueda de prensa representantes de la plataforma de directores de Institutos de Secundaria de Gran Canaria quienes, tras reunirse este martes en asamblea, su preocupación por el clima enrarecido que este conflicto está generando en los centros, tanto entre los docentes como en los padres de alumnos.
La directora del IES El Rincón, Esther García, dijo que la plataforma no quiere pensar que la falta de voluntad que muestra la Consejería de Educación del Gobierno canario para resolver este conflicto obedezca a una intención de invertir, como ha ocurrido en Madrid, la proporción de centros públicos y privados y concertados que se da en la actualidad, en la que los primeros representan el 80% del total en Secundaria.
García aseguró que la educación pública canaria “goza de buena salud” pese a que los docentes han de atender a diario situaciones relacionadas con problemas sociales que no se daban hace años, como es el caso de los jóvenes con familias desestructuradas o el gran número de alumnos inmigrantes, que precisan de una atención especial.
Los directores de institutos de Gran Canaria alertaron, sin embargo, de que este conflicto está haciendo que algunos docentes hayan optado por dejar de hacer actividades voluntarias como las complementarias y las que tienen lugar en horas extraescolares, lo que hace pensar a los responsables de los centros que el próximo curso no se podrán llevar a cabo proyectos de innovación o de interculturalidad, ya que no son de carácter obligatorio.
Sobre la figura que podría mediar entre las partes para poner fin al conflicto, los directores de los institutos grancanarios consideraron que el Defensor del Pueblo, el del Estudiante, el viceconsejero o la propia titular regional de Educación, Milagros Luis Brito son personas perfectamente cualificadas para buscar una solución, a la que también contribuiría, dijeron, que los sindicatos del sector acercaran posturas.
Los responsables de los centros públicos de Secundaria alertaron del grave perjuicio que se podría ocasionar a este sector de la enseñanza porque “un retroceso” en la confianza y el prestigio del sistema público, que tantos años ha costado lograr, “se paga a largo plazo”.
