El exalcalde de Teguise acepta nueve años de inhabilitación por otorgar licencias ilegales
Juan Pedro Hernández, exalcalde de Teguise por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y exdiputado regional de Coalición Canaria (CC), ha admitido que otorgó entre los años 1999 y 2001 licencias de obra y prórrogas de estos permisos para la construcción de cuatro complejos turísticos en el municipio a sabiendas de su ilegalidad.
En la vista oral celebrada este martes en Las Palmas de Gran Canaria, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la defensa de Hernández ha aceptado una condena de nueve años de inhabilitación para todo cargo público en la administración autonómica, local o del Estado, así como una multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 meses y el pago de las costas procesales. El exparlamentario regional ha sido condenado en el denominado caso Yate por un delito continuado de prevaricación urbanística en una sentencia de conformidad y, por lo tanto, no recurrible.
El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha realizado una modificación con respecto a su escrito de acusación que ha propiciado la conformidad de las partes. El representante del Ministerio Público ha cambiado la conclusión segunda para sustituir el delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal por uno continuado de prevaricación urbanística, tipificado en el artículo 320, que conlleva pena de prisión o la alternativa de multa (aunque este último extremo ha sido revisado en la última reforma del Codigo Penal y la multa ya no es alternativa sino acumulativa). Por ello ha añadido a los nueve años de inhabilitación que ya solicitaba una multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 meses (5.400 euros).
Por su parte, la acusación popular, representada por el denunciante del caso, el socialista Carlos Espino, solicitaba en un principio un total de cuatro años de cárcel y veinte meses de inhabilitación por dos delitos de prevaricación continuada, uno cometido en el año 1999 por la concesión de las licencias y otro en 2001 por las prórrogas de las mismas. Posteriormente redujo su petición a los dos años de prisión y diez meses de inhabilitación al considerarlo un solo delito y en la vista de este martes se ha sumado a la pena reclamada por la Fiscalía.
El ecalcalde de Teguise ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargo público, pero no para empleo público, por lo que podrá continuar su actividad como docente. Hernández, que fue parlamentario por CC en la pasada legislatura, ya fue condenado en noviembre de 2012 a dos años de inhabilitación por la concesión ilegal de una licencia en 1999 para ampliar una vivienda en Tahíche y otra para construir una casa en Muñique
Los hechos por los que ha sido condenado Hernández se remontan a 1999. Como alcalde de Teguise, concedió licencias para la construcción de cuatro complejos turísticos con un total de 1.800 plazas sin informes técnicos ni jurídicos que lo avalasen. Además lo hizo en un periodo en el que, al encontrarse en trámite de revisión el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), el Cabildo de Lanzarote había decretado la suspensión del otorgamiento de licencias para la construcción de nueva obra alojativa turística. El ya condenado no requirió entonces los pertinentes informes de compatibilidad a la institución insular y, en 2011, prorrogó los permisos.
En concreto son 1.786 las plazas ilegales que otorgó el exalcalde, 599 de un hotel de la empresa Armadores de Puerto Rico, 600 de un hotal en la calle Las Aulagas, 461 de los apartalmentoc Club del Rey y 48 de Residencial Las Colinas.Todas fueron anuladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras los recursos presentados por el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique.
La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el caso Yate no detectó el cobro de comisiones ilegales por estas licencias. Sin embargo, en el marco del denominado caso Unión de corrupción en la Isla sí se ha encontrado documentación sobre el pago por parte de una las beneficiarias de estos permisos, el Grupo Hoteles Playa, a una empresa de Dimas Martín, expresidente del Cabildo de Lanzarote, para la gestión de los mismos.
La sentencia de conformidad dictada este martes pone fin a una de las ramas del caso Yate. Aún se mantiene abierto el procedimiento penal por la concesión de licencias turísticas ilegales en el municipio de Yaiza cuando era alcalde Juan Francisco Reyes, condenado por prevaricación al conceder en diciembre de 2006 la licencia para la casa del arquitecto Carlos Morales en suelo rústico.
