La Fiscalía pide 20 años para un ginecólogo acusado de penetrar a sus clientas
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide 20 años de prisión para un médico de medicina general, de nacionalidad argentina, que ejerció como ginecólogo entre 1992 y 2006. Aparte de intrusismo profesional, se le acusa de haber abusado sexualmente de cuatro pacientes, a las que supuestamente engañó con simulacros médicos para penetrarlas. La defensa asegura que fueron relaciones consentidas, además de denunciar que han desaparecido pruebas, por lo que el juicio debe ser nulo.
El juicio comienza este lunes en la sección VI. El Ministerio fiscal acusa a Ernesto Reinaldo Risso de un delito de intrusismo profesional, por el que le pide dos años de prisión, además de 16 años por dos delitos continuados de abusos sexuales, y dos años más por un delito contra la intimidad, ya que el médico grabó sus consultas en DVD.
La Fiscalía sostiene, y sobre ello no hay discusión por parte de la defensa, que Reinaldo atendió como ginecólogo, entre 1996 y 2006 a por lo menos 29 mujeres. A algunas de ellas les supervisó más de un embarazo, de otras les hizo seguimientos como citologías. Reinaldo ejercía en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Güímar y Granadilla de Abona. En diciembre de 2008 fue condenado a un año de prisión por intrusismo profesional.
En 2005, y según afirma el fiscal en sus conclusiones, Reinaldo se “aprovechó” supuestamente de una mujer de 63 años que nunca había ido antes a consulta ginecológica, y le introdujo los dedos y un consolador. Habría hecho lo mismo con Concepción, una mujer nacida en 1943, en sucesivas revisiones ginecológicas entre 1992 y 1999.
Entre julio de 1998 y julio de 1999, Reinaldo habría llegado a más y, dado que María Estela, una mujer que entonces tenía 57 años, carecía “de instrucción y de experiencia ginecológica”, la habría penetrado en dos ocasiones “con la excusa de estar aplicándole un falso tratamiento médico”, consistente en cubrir a la mujer con una sábana, enseñarle un consolador que le decía que le iba a introducir“ y, en lugar de eso, introducirle el pene, previo haberse bajado el pantalón y los calzoncillos.
Algo parecido dice el fiscal que hizo con Bernardina en 2006, cuando ella tenía 55 años, “colocándola para una falsa exploración a 'gatas' sobre dos sillas, y apoyado su cuerpo sobre la camilla, encontrándose el procesado de espaldas, y a la que distraía mediante una amena conversación, le introducía el pene en la vagina”.
“Imposible”
El asunto tuvo una importante repercusión mediática porque conforme se detuvo a Reinaldo en su consultorio de La Laguna, hace tres años y medio, se le incautaron varios DVD, unos de ellos con las grabaciones de la consulta con Estela bajo el epígrafe “ligadura de trompas”.
Sin embargo, todo el relato anterior de la Fiscalía lo rebate el abogado de la defensa, Alfonso Delgado, en dos folios en los que sostiene que, en efecto, Reinaldo mantuvo relaciones “voluntarias y consentidas” con dos pacientes plenamente conscientes de sus actos. También sostiene que es imposible que una mujer que ha sido madre no se dé cuenta de que la están penetrando.
“Además”, añade el letrado en su alegato, “las supuestas introducciones de objetos narradas por las supuestas víctimas, no han sido otra cosa que la introducción de la sonda vaginal de un ecógrafo o la introducción de objetos con fines terapéuticos, como la realización de ejercicios Kegel”.
En cuanto a la acusación de intrusismo, Delgado sostiene que hay sentencias del Tribunal Supremo, como la de abril de 2003, que señala que lo habría sólo si el acusado careciese de título para ejercer la medicina.
Pruebas que han desparecido y un registro ilegal
Para más inri, Alfonso Delgado ha denunciado ante la Audiencia Provincial la desaparición de piezas de convicción (grabaciones en DVD), por lo que sostiene que se ha roto la cadena de custodia a la que están obligados los funcionarios, entre ellos, los policías.
También que “la entrada y registro en el domicilio de mi representado es nula, puesto que no se han respetado las garantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia. Así, no estaba presente el detenido cuando se realizó el registro”, amén, dice el letrado, de que “no hubo testigos”.
