La independencia judicial, a examen en el nuevo curso
La apertura del año judicial ha arrancado este lunes con cierto optimismo, ganas de modernidad, mejoras, cambios y un poco de autocrítica, en una abarrotada Sala de Audiencias de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ubicada en la plaza de San Agustín de Las Palmas de Gran Canaria.
Las buenas intenciones del órgano judicial y sus demandas, así como las del Ministerio Fiscal en el Archipiélago, quedan palpables al inicio de un curso que en esta ocasión contaba con la novedad del primer discurso entonado por José Ramón Navarro, desde que tomara posesión como presidente del TSJC el pasado mes de junio.
Un alegato conciliador en el que insistió en la necesidad de cooperar con los representantes políticos y que, como breve puntilla al Gobierno canario, le recordó las tareas pendientes, como paliar la situación en los órganos saturados, la solución al Edificio Judicial de Santa Cruz de Tenerife y a los partidos judiciales de Fuerteventura o La Orotava.
Al frente de la fila de bancos ocupada por diversos cargos políticos, jueces y militares, entre otros, se encontraban tres sillas ocupadas por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, la delegada del Gobierno en las Islas, María del Carmen Hernández Bento y el presidente del Parlamento regional, Antonio Castro Cordobez. Mucho más incómodos y en el centro del pequeño patio interior del edificio, un reducido grupo de trabajadores sostenía una pancarta que abogaba por una “Justicia independiente para todos”.
Una demanda que fue abordada tanto por Navarro, como por el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, en dos discursos que contaron con distintos grados de moderación. Aunque se mostró optimista, al afirmar que la mayor parte de la sociedad confía en el compromiso de los jueces y su honestidad, el presidente del TSJC no pudo evitar incidir en la necesidad de “reafirmar nuestra credibilidad institucional y evitar la crisis o pérdida de legitimidad del poder judicial”.
Asimismo, exigió a las esferas políticas respetar de forma “escrupulosa” la independencia judicial “huyendo de críticas que no obedezcan a razones meramente jurídicas”. Más beligerante se mostró al respecto Garrido, que afirmó que “tan fiscales somos cuando formulamos una acusación, como cuando pedimos el archivo de la causa” e hizo un llamamiento a “todos los que ejercemos alguna profesión con relevancia pública, para no levantar falsas expectativas en la ciudadanía, cuya frustración se traduzca en una desafección injustificada y generalizada hacia los servidores públicos”. Su honradez, dijo “no puede ser permanentemente cuestionada por los pescadores en río revuelto, que desde el sectarismo más profundo sólo ven la paja en ojo ajeno”.
El fiscal superior enmarcó sus declaraciones en materia de corrupción, una asignatura troncal del Archipiélago, con un temario en el que destaca la operación Eolo, Faycan, Unión, Yate, la judicialización del caso del Vertedero del Salto del Negro, el caso Emalsa, el de los floteros y el de Las Teresitas, entre otros.
Tasas excesivas
Lejos de adoptar el tono jocoso esbozado recientemente por el presidente de la Audiencia provincial de Las Palmas, Emilio Moya- este lunes en silencio- ante la Ley de Demarcación y Planta Judicial propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, Navarro apostó por afrontar “de forma decidida un auténtico y profundo cambio de nuestro sistema judicial”. De hecho, consideró que las reformas impulsadas por el Gobierno central “no profundizan suficientemente en los fallos estructurales”.
Por su parte, Garrido definió la reforma del Código Procesal Penal como una “oportunidad histórica que no debemos desaprovechar”, aunque también recomendó la elaboración de un estudio que indague en las diversas implicaciones que el nuevo sistema plantea en materia de dotación de medios personales y materiales.
La única de las reformas impulsadas por Gallardón que suscitó cierto rechazo fue la de tasas judiciales, porque según Navarro, es posible que “sean excesivas y puedan impedir a ciertos ciudadanos acceder a las Justicia”.
El año judicial ha comenzado, las materias son claras y están protagonizadas por las reformas del Ministerio. Sólo falta que, como dijo Garrido, se solventen las disfunciones en los accesos al nuevo edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria y que la puesta en marcha del resto de estructuras en la Comunidad Autónoma “nos permita estar adecuadamente preparados para el nuevo impulso reformador que requiere la Administración de Justicia”.
