El último informe de Cáritas alerta de la cronificación de la pobreza en Canarias
Canarias se sitúa “en el último vagón de cola” en pobreza y exclusión social, “los últimos de los últimos” en España, según Cáritas. Pese a que 2017 empezó con esperanza porque las instituciones públicas hablaban de recuperación económica, según avanzaba el año las necesidades eran mayores, la desigualdad se enquistaba y la pobreza se cronificaba.
Esta es la apreciación sobre la situación social en el Archipiélago de Leonardo Ruiz del Castillo, director en Tenerife de Cáritas Diocesana, organización de la Iglesia Católica que este jueves ha presentado las memorias de sus actuaciones en 2017 en las dos diócesis, con la presencia de los obispos respectivos, Francisco Cases y Bernardo Álvarez.
En las Islas, Cáritas atendió a 36.790 personas el pasado año, y cada número tiene “un rostro detrás”, dijo Ruiz del Castillo, quien hizo hincapié en la proliferación de trabajadores a tiempo completo que son pobres debido a que los bajos salarios no alcanzan para vivir dignamente.
Explicó que el 15% de los trabajadores canarios viven en la pobreza y puso un ejemplo real, el de una familia con una niña a cuyo padre la organización consiguió un trabajo a tiempo completo: ingresa unos 700 euros netos al mes, de los que 400 son para el alquiler; una vez pagada luz, agua y butano quedan 82 euros para comer, vestirse, desplazarse y que la niña vaya al colegio.
“La desigualdad se ha enquistado, la cronificación de la pobreza es un hecho y la herencia de la pobreza también”, alertó.
El obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases, lamentó que la pobreza siga teniendo rostro de mujer y que se perpetúe en las Islas pese a la mejora de los parámetros económicos, por lo que ha pedido a políticas públicas integrales porque si no la situación no cambiará.
Para el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, no basta con ver lo que pasa en la sociedad, sino comprometerse y obrar para poner remedio a las necesidades.
Cáritas Diocesana de Las Palmas atendió directamente en 2017 a un total de 8.396 personas en situación de exclusión, vulnerabilidad y pobreza, si bien la ayuda que prestó llegó a 21.294, según la memoria del pasado año, que refleja la pobreza tiene rostro de mujer y se hace crónica, pues atiende a generaciones de familias.
En el caso de Tenerife, el número de atendidos fue de 15.496 personas, de las que 12.742 fueron atendidas en sus necesidades básicas y 2.752 participaron de los proyectos específicos de la institución, como programas por el empleo, inserción, vivienda, centros para mayores y programas contra el alcoholismo.
El obispo Francisco Cases ha recalcado que “tener empleo no garantiza estar fuera de la pobreza”, debido a la precariedad laboral, mientras que la secretaria general de Cáritas de Las Palmas, Caya Suárez, incidió en que, aunque ha disminuido en 1.700 personas el número de atendidos respecto a 2016, la realidad de las personas que asisten es “más compleja”.
Antes quienes acudían a Cáritas lo hacían por un motivo y ahora son múltiples: falta de vivienda, atención laboral, formación y atención sanitaria y alimentos, advirtió Suárez, quien ha explicado que esta situación se produce por la falta de políticas integrales que atiendan la exclusión social.
Suárez ha hecho hincapié en que la situación de las personas sin hogar se ha agravado, ya que se han atendido un total de 1.418 indigentes, 89 más que en 2016.
Ha destacado también el hecho de que la financiación pública para fines sociales esté bloqueada desde 2008, es decir, desde el inicio de la crisis económica .
Conforme a los datos facilitados, de las 8.396 personas atendidas directamente en la provincia de Las Palmas, el 58,3 % son mujeres; más del 50 % son de edades comprendidas entre los 40 y 59 años y el 16,5,por encima del 16,5 % tiene una edad superior a los 60 años.
En Tenerife, el 70% de los atendidos fueron mujeres y el 60% de los beneficiarios tienen entre 45 y 65 años.
Suárez ha llamado la atención en que el 34,2 % de las personas atendidas vive sola, con lo que su situación es aún más complicada porque carecen de apoyo para salir de su situación, así como en el hecho de que el 45 % de los asistidos fueran familias monomarentales.
En cuanto a la situación económica de los beneficiarios de las ayudas de Cáritas en 2017, ha remarcado que el 43,7 % carecía de ingresos y el 37,2 % de prestaciones sociales, y además el 83,5 % carece de estudios obligatorios.
En la provincia de Las Palmas, de las personas atendidas por Cáritas, el 23,8 % eran extranjeras, y de estas un 18 % estaban en situación irregular.
Desde Cáritas Diocesana también se ha querido recalcar su preocupación por la vulneración de los derechos al empleo, la vivienda, la salud y la participación ciudadana.
La acción llevada a cabo se ha efectuado a través de las 126 parroquias repartidas entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, 111 personas contratadas y 1.602 voluntarios, así como con el apoyo de 1.767 socios y 103 entidades públicas y privadas, y con un presupuesto de 5,9 millones de euros.
En el caso de la diócesis de Tenerife, el presupuesto de Cáritas en 2017 alcanzó los cinco millones de euros y la organización cuenta con 894 voluntarios.
