Jueces indignados porque les quieren controlar
Los jueces han dado un mes de plazo para poder negociar la reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial, que incluye el estatuto de los jueces y magistrados, y la reforma del Consejo del Poder Judicial, ambas instadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. A las propuestas de la plataforma interasociativa, que aglutina a todas las asociaciones judiciales de toda España, se han sumado los fiscales. También en Canarias.
Y se han acordado algunas medidas de presión, aunque no se hayan especificado como tales: trabajar estrictamente lo que los módulos aprobados por el propio Consejo del Poder Judicial establece. Lo acompañan con la petición de hacer juntas sectoriales para establecer esa carga de trabajo. Los fiscales también piden su catálogo de enfermedades laborales y ajustar sus cargas laborales de acuerdo con ese catálogo que, como ocurre con los jueces, no existe aún.
Los principales motivos de queja son el control que con la reforma se pretende hacer sobre sus días de libre disposición, de licencias por formación y por enfermedades, cuando no cuentan con catálogo de enfermedades laborales, que piden que sea creado por las Comisiones de Prevención de Riesgos Laborales.
Tampoco están de acuerdo con la carga de trabajo que asumen, más cuando por la crisis de han dejado de crear nuevos órganos judiciales y se pretende limitar las suplencias, y en Canarias, en concreto, piden que se tenga en cuenta la lejanía para que no se limiten los días de asuntos propios, ya que muchos jueces tienen la familia fuera.
Mientras que en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, 58 jueces y magistrados llegados de todos los partidos judiciales de la isla, debatían si apoyaban las propuestas, en la planta quinta del mismo edificio, los fiscales también debatían sus problemas, que vienen a ser parejos a los de los jueces. Y concluyeron, como era de esperar, como ya pasó en las protestas de 2009, en las mismas iniciativas.
Y como en los paros de 2009, y en la huelga de 18 de febrero de ese año, calificada de histórica porque que era la primera, las acciones arrancaron en bloque de todas las asociaciones: la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Progresista e Independiente de Fiscales. Después, el asunto se diluyó, en cuanto cambiaron al ministro Fernández Bermejo por el ministro Caamaño.
“Nos quieren limitar la independencia”
Esta vez, sin embargo, el discurso incluye variaciones. Se ha dejado de hablar de la modernización de la justicia, que incluía un nuevo orden del funcionamiento judiciall, para pasar a defender la independencia de un poder del Estado.
“Ya no se trata solo de que nos quieran tener controlados hasta los días de baja, sino que la reforma del Consejo General del Poder Judicial que se plantea es inaceptable. Nos quieren limitar la independencia”, afirmaba a este periódico un magistrado de lo Contencioso-Administrativo en la capital tinerfeña.
Opina que “la reforma planteada por Gallardón supone esquilmar la separación de los tres poderes del Estado. El Consejo General del Poder Judicial quedaría sin capacidad de decisión, porque todo el poder recaería en su presidente”.
Una de las principales quejas es que 12 de los 20 vocales actuales serían elegidos por los magistrados, en la mayoría conservadores, y solo 8, por Las Cortes. Además, las propuestas de informes y sanciones disciplinarias correrían a cargo de un “promotor de la acción de la Justicia”, ajeno al Consejo, cuyo nombramiento no se ha explicado de qué órgano dependería.
Completa la queja que el presidente del Consejo, y del Tribunal Supremo, sería el único con remuneraciones por dedicación exclusiva, mientras que el resto de los vocales solo percibirían dietas y podrían compaginar su actividad con otra, lo que los jueces califican de inconstitucional“.
