Un juzgado de Arona dicta auto de procesamiento contra el alcalde
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona (Tenerife) ha dictoado un auto de procesamiento contra los 30 imputados por el Caso Arona, entre los que se incluye el alcalde, José Alberto González Reverón, a quien se acusa de varios delitos relacionados con la ordenación urbanística. El juez considera, tras la instrucción del caso, que existen indicios suficientes para iniciar el procesamiento de los acusados.
Según recoge el texto, los miembros de la Junta de Gobierno Local, presidida por José Alberto González Reverón, votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales, pese a la existencia de informes desfavorables de los técnicos de urbanismo y las advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario del Ayuntamiento. Un auto publicado este miércoles por el TSJC considera acreditado, por tanto, que los imputados, pertenecientes a la Junta de Gobierno, cometieron un presunto delito continuado de prevaricación urbanística entre 2003 y 2007.
En relación a los expedientes administrativos tramitados en el Ayuntamiento de Arona, los imputados que conformaban la Junta de Gobierno votaron a favor de la concesión de dichas licencias siendo conscientes del contenido de los informes técnicos desfavorables emitidos por los juristas del Consistorio y que obran en cada uno de los respectivos expedientes, tal y como se indica en el auto.
En cuanto José Alberto González Reverón, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona ha señalado que también ha quedado acreditada la comisión de un presunto delito continuado de tráfico de influencias y de prevaricación, entre otros motivos, por favorecer a su amigo y primo Manuel Reverón González, concejal de CC desde 2007 hasta 2011 en el Ayuntamiento de Arona.
Tal y como describe el auto, Manuel Reverón González había construido en 2001 una vivienda ilegal en un terreno de su propiedad situado en La Montañeta, en la zona de Los Migueles, en Buzanada. Por tal motivo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Apmun) le sancionó con una multa de 150.000 euros, la demolición de dicha vivienda y la reposición del suelo a su estado físico anterior. Sin embargo, el alcalde -recoge el auto- “trató de influir en su compañera de partido María del Pino de León, consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife desde julio de 2007, a fin de conseguir que la sanción impuesta no se llevase a la práctica”.
