Libres con cargos 7 arrestados por 'timesharing'
El juez instructor de San Bartolomé de Tirajana Julio Luis Wood Rodríguez ha dejado este jueves en libertad con cargos a los siete detenidos de la operación timesharing que desde el lunes permanecían en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.
Se trata del presunto jefe de la supuesta banda para estafar por medio de las vacaciones compartidas o timesharing, Eugen Friedrich Kaiser, además de Timothy Roberts Matthew, Luckau Jorn Peter, Yvonne James, Mark Misin, Paula Louise Beatson y Rodolf Antonius Mattheus.
El magistrado de Instrucción 2 les imputa los presuntos delitos de estafa procesal y estafa en masa, aparte de pertenencia a grupo organizado contra la hacienda pública, tal y como recoge el mismo auto del miércoles pasado en el que el instructor descalifica por completo la investigación policial y rechaza la pretensión previamente ejecutada de realizar registros domiciliarios en busca de documentación acreditativa de los presuntos delitos, pero abre las diligencias previas oportunas para esclarecer todos los hechos ante el oficial judicial presentado en su juzgado, en funciones de guardia.
Los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor y sus representantes legales ya estudian reclamar la nulidad de las actuaciones, ante el auto tan contundente del juez en el que califica de “pobre investigación”, y una evidente “falta de indicios claros” de delito la actuación de la Policía Nacional cuando pidió la autorización a posteriori para llevar a cabo los registros domiciliarios ejecutados seis horas antes el lunes.
Aparte de que en ese auto el juez ya cuestiona si realmente se han cometido los delitos a los que el Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada de Policía Judicial alude en su oficio, fundamento principal que esgrimirán las defensa de los detenidos -y el resto de detenidos express, hasta 76- para la nulidad de actuaciones, también se analiza pedir explicaciones a la Policía sobre el material que fue requisado por parte de la Policía durante los registros no autorizados por el magistrado.
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