La movilidad de las plantillas, principal problema de la Justicia en Canarias
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, aseguró este martes que la inestabilidad en las plantillas de jueces, magistrados y secretarios judiciales es el principal problema de la Justicia en Canarias y la causa fundamental de su lentitud.
Castro, que presentó a la Comisión de Justicia del Parlamento de Canarias la memoria del TSJC de 2006, aseguró que el “excesivo retraso” en las resoluciones judiciales en las Islas, que figuran a la cabeza de España en asuntos pendientes en las vías social y civil, “no viene por la desidia”, sino “por la excesiva carga de trabajo” y la movilidad de los jueces y secretarios.
Esta situación podría paliarse tras el aumento en un 80% del complemento de residencia aprobado por el Gobierno central en septiembre pasado para los jueces, fiscales y secretarios de Tenerife y Gran Canaria, lo que será “una incentivación para que se produzca menos movilidad”.
Antonio Castro explicó que en 2006 cesaron 52 magistrados o jueces, aunque algunos cambiaron o ascendieron dentro de Canarias, pero sus órganos judiciales “quedan semiparalizados” hasta que sus sustitutos se ponen al día en los asuntos pendientes.
No obstante, afirmó que en 2007 ha habido una mejora en el ritmo de resolución de casos, pero advirtió de que “la litigiosidad sube” y no se han creado los órganos judiciales suficientes para hacer frente a ese incremento.
En conjunto, en 2006 se resolvieron 390.435 asuntos, un 5,12% más que en 2005, mientras que siguen en trámite 144.581, un 7,69% de aumento.
El presidente del TSJC aludió sin más precisiones a “los procesos penales que han convulsionado a la sociedad canaria en los últimos tiempos”, y al respecto se quejó de la carencia de medios estructurales en los juzgados, especialmente peritos especialistas en asuntos económicos, lo que ralentiza las investigaciones.
Garantizó la “libertad e imparcialidad” de los magistrados en estos casos, “pese a las presiones a veces injustificadas de los medios de comunicación”.
También insistió en que otro de los problemas más graves para la justicia es “la llegada masiva de cientos de inmigrantes”, que causaron en 2006 la sobrecarga de algunos juzgados, especialmente por “la inmigración brutal” entre julio y septiembre.
Indicó que en 2006 fueron incoados 32.874 procedimientos como consecuencia de la llegada de inmigrantes por mar.
Inmigración, sólo el 8% de los asuntos
El portavoz del grupo Socialista, Francisco Hernández Spínola, precisó que los asuntos relacionados con la inmigración fueron en conjunto el 8% del total, por lo que hay que acotar el problema “a lo que es”, y subrayó que el partido judicial más afectado fue el de Arona, en el que se produjo un reforzamiento de personal.
Hernández Spínola coincidió en que el déficit de jueces y magistrados es un problema “endémico”, pero opinó que “ha empezado a resolverse por el Gobierno socialista” al aumentar el complemento de residencia.
También insistió en el incremento producido en las unidades judiciales, 45 nuevas desde 2005 frente a las 20 creadas en la anterior legislatura, pero señaló que esto debe completarse con más funcionarios y medios materiales, una competencia del Gobierno de Canarias.
Hernández Spínola enfatizó la necesidad de que los tribunales garanticen la ejecución de sus sentencias cuando afectan a las administraciones públicas, sin necesidad de que sean instados a ellos por los demandantes, y puso como ejemplo el caso de Las Teresitas.
Antonio Castro coincidió en que los tribunales deben hacer cumplir las sentencias, pero recordó que una vez notificadas, las administraciones tienen el deber de ejecutarlas.
“La justicia lenta no es justicia”, según el PP
Miguel Cabrera Pérez Camacho, del PP, coincidió en que el principal problema de la justicia es la lentitud, con dilaciones de siete meses a tres años.
“La justicia lenta no es justicia”, hacen falta más plazas de jueces, secretarios y fiscales, y “todos los demás problemas se derivan de éste”, afirmó.
También insistió en que los tribunales de lo contencioso deben asumir que se ejecuten sus sentencias, pero “no se observa esa preocupación”, de manera que al final es el particular el que tiene que instar a que se ejecuten.
Otro reproche de Miguel Cabrera fue la excesiva prolongación temporal de los secretos de sumario, muchas veces sin causa que lo justifique.
La diputada de CC, Flora Marrero, reclamó que el gabinete de comunicación del TSJC sea “transparente” y que se evite que los autos judiciales se conozcan por la prensa.
