Noemí Santana acusa al anterior Gobierno de CC de haber dado datos “incompletos y falsos” sobre dependencia

Noemí Santana, consejera de Igualdad del Gobierno de Canarias

EFE

Santa Cruz de Tenerife —

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana (Podemos), ha asegurado este martes en comisión parlamentaria que desde que han llegado al gobierno regional buscan soluciones a la “terrible” situación de la dependencia en Canarias, cuyo modelo quiere cambiar.

En comparecencia solicitada por Nueva Canarias para hablar de la situación de la dependencia en las islas, la consejera dijo que sabían que la situación estaba mal pero “no tan mal como por desgracia nos hemos hecho conscientes”, e insistió en que la situación es “grave” y afecta a colectivos vulnerables.

La diputada del grupo Nacionalista Canario Cristina Valido, anterior titular de Políticas Sociales, dijo que los problemas de los que habla Noemí Santana se los encontraron tanto ella como su antecesora, la socialista Patricia Hernández.

Cristina Valido recordó que los datos los dan los técnicos y planteó la necesidad de llegar a un pacto por la dependencia y dejar de echarse “porquería”, y también hizo hincapié en que durante los últimos cuatro años se han dado de alta más de 13.000 personas.

Noemí Santana había afirmado en su primera intervención que los datos que daba el anterior gobierno eran “incompletos y a veces falsos” y subrayó que casi 5.000 personas no están dadas de alta porque no se han registrado sus expedientes aunque han presentado los datos, y añadió que se puede hablar de “listas de espera ocultas”.

En la segunda intervención, la consejera reconoció que los datos han mejorado “algo, pero no lo suficiente”, y replicó asimismo que si bien puede ser duro sacar las vergüenzas a la luz es preciso hacerlo para resolver los problemas, para asegurar que no se trata de señalar culpables de una situación, que, a su juicio, se debe a muchos factores.

La consejera dijo que le gustará, “de verdad”, expresar otra situación, y también aludió a la discapacidad, en la que también hay un problema, explicó, como que no han salido adelante las subvenciones que se prometió que como muy tarde saldrían en agosto, pero “ni siquiera” se enviaron a la Intervención.

Noemí Santana señaló en su primera intervención que se puede hablar de que hay dos sistemas de dependencia, uno por provincia, y criticó que casi 15.000 personas que tienen el grado reconocido están sin PIA, y las hay que lo tienen pero no pueden recibir el servicio.

Dijo asimismo que en las reuniones con los trabajadores comprobaron que faltan recursos humanos y denunció que, además, el aplicativo en el que el gobierno, con Inés Rojas como consejera de políticas sociales, gastó casi un millón de euros no se puede utilizar porque no es compatible con otras herramientas.

La falta de personal es “absoluta”, manifestó la consejera, quien destacó que ni siquiera existe un área económica para hacer modificaciones presupuestarias ni para gestionar los contratos.

La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández recordó que la ley entró en vigor hace trece años y destacó la necesidad de revertir algunos indicadores “tremendamente negativos”, así como que los recursos son escasos, pues más de 10.000 personas que tienen reconocido el derecho a recibir un recurso no lo perciben.

Carmen Hernández se mostró de acuerdo en que el sistema ha funcionado mal, y se mostró de acuerdo en que hay un problema y de incumplimientos, y apostó por cambiar el modelo para no centralizar la gestión de la dependencia.

Ese ha sido a juicio de la diputada de Nueva Canarias el primer error, pues en el resto del territorio español no se ha seguido ese modelo centralizado, y planteó utilizar los servicios de los cabildos, trasladando a estas corporaciones la ficha financiera correspondiente.

Para revertir la situación se mostró de acuerdo en que el trabajo se haga con coordinación entre las administraciones, así como con más personal, potenciar la teleasistencia e, insistió, descentralizando de forma progresiva en atención a las necesidades de cada municipio e isla.

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