Las nuevas listas de interinos dejará en el paro a 7.000 trabajadores
Los sindicatos de enseñanza pública no universitaria de Canarias se concentraron este miércoles en las dos capitales canarias para rechazar los nuevos criterios de elaboración de las listas de interinos y sustitutos en la función pública canaria, pues dejaría fuera de ellas a 7.000 trabajadores, la mayoría docentes.
El secretario de Educación de CCOO, Desiderio Padilla, en la concentración celebrada en la capital grancanaria, ha solicitado al Gobierno canario que se “siente a negociar” con las fuerzas sindicales de cada sector el nuevo sistema, que en el caso de educación cuenta con el rechazo unánime de los sindicatos.
Éstos, en un manifiesto elaborado conjuntamente, rechazan el borrador de la orden presentada en la Mesa General de Negociación de Funcionarios Públicos de la Comunidad Autónoma, así como el procedimiento empleado por el Gobierno.
Así mismo, reclaman la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación y hacen un llamamiento al resto de los sectores de la Administración Pública para coordinar posibles acciones de protesta para impedir la “imposición” del nuevo sistema.
Según el manifiesto elaborado por los sindicatos del sector educativo, el nuevo sistema pretende “someter” a los trabajadores a una continua reordenación en función de las calificaciones que se obtengan en los procedimientos de oposición que se convoquen y vinculándolo exclusivamente a las ofertas de empleo público.
Además, “suprime de un plumazo” la experiencia laboral acumulada y los servicios prestados, lo que a juicio de los sindicatos constituye un “auténtico Expediente de Regulación de Empleo”.
Según los sindicatos, el nuevo sistema impide consolidar derechos y mantiene a los trabajadores en una situación de precariedad, pues aseguran que los objetivos de la Administración son “puramente economicistas”.
El nuevo sistema impedirá a los trabajadores adquirir antigüedad suficiente para demandar retribuciones en concepto de trienios, recoge el manifiesto, que califica de “injustificable” que servicios esenciales como educación o sanidad, tan dependientes de la experiencia y formación de su personal, se pretenda someter a un “continuo movimiento de trabajadores”.
