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La anulación del Plan General de Santa Cruz complica la venta del periódico ‘El Día’

Concentración de trabajadores ante el edificio de El Día, en la avenida de Buenos Aires de Santa Cru de Tenerife el pasado 11 de septiembre.

Carlos Sosa

Las Palmas de Gran Canaria —

La anulación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife de 2013, ratificada esta semana por el Tribunal Supremo, ha tenido consecuencias directas en el futuro del centenario periódico El Día. Las negociaciones que lleva a cabo la máxima accionista, Mercedes Rodríguez, hija del legendario José Rodríguez Ramírez, se han complicado al perder valor urbanístico el suelo sobre el que se levanta la sede de la compañía y del rotativo, en la avenida de Buenos Aires. Rodríguez ha suspendido la junta general extraordinaria de accionistas de Editorial Leoncio Rodríguez, prevista para este lunes, y en la que pretendía levantar los enormes vetos que su padre había impuesto para evitar que cualquiera de los accionistas vendiera sus participaciones sin el acuerdo de todos.

Cuando José Rodríguez impuso esos vetos, los herederos eran su hija Mercedes, su hijo José Esteban y la hija de la primera. Pero la repentina irrupción hace unos meses de un inversor secreto, oculto tras el enigmático nombre de Ibrahim, Inversiones Consolidadas, ha provocado un auténtico cataclismo en la compañía. Esa irrupción se produjo, además, en los momentos más delicados de la vida financiera Leoncio Rodríguez, con la plantilla sublevada por el retraso en el pago de las nóminas y con la redacción en huelga de firmas por los mismos motivos.

La empresa soporta una pesada deuda cuyo importe oscila entre los 4 y los 8 millones de euros, dependiendo de las fuentes que proporcionen la información, lo que convertía el valor de la parcela de la avenida de Buenos Aires en una pieza clave en la salvación del proyecto editorial.

De ahí que la anulación del ordenamiento urbanístico de 2013 suponga un duro revés para el objetivo de los negociadores: cubrir las deudas con la venta de la parcela. Si con el plan general anulado, la pieza, de 1.913 metros cuadrados, tendría una edificabilidad total de 5.739 metros (2.678 para uso terciario y 3.061 para residencial colectivo), en una altura de seis plantas, y con un precio de mercado de 5.165.100 euros, la sentencia del Supremo obliga a regresar a los parámetros de 1992, es decir, una edificabilidad total de 3.061 metros cuadrados en ocho plantas y un valor de 2.754.900 euros.

Habrá que esperar entre dos y tres años para ver un nuevo plan general que vuelva a convertir en muy apetecible ese patrimonio de la familia Rodríguez, al que se suman numerosos apartamentos, locales comerciales y plazas de garaje.

Ante este panorama, el éxito de las negociaciones que se mantenían discretamente con Editorial Prensa Ibérica (propietaria entre otros de La Provincia y de La Opinión de Tenerife) han encallado. Lo que ha desembocado en que la presidenta de Leoncio Rodríguez haya decidido suspender la junta general extraordinaria de accionistas prevista para este lunes, decisión en la que también puede haber influido el aviso de acciones penales promovidas por su indeseado socio. Sí se mantiene la junta general ordinaria, convocada para la aprobación de las cuentas de los últimos tres ejercicios económicos.

De ese asunto (y seguramente de otros) hablaron este pasado viernes en una cena privada en Las Palmas de Gran Canaria el director general de Prensa Canaria (filial de Prensa Ibérica), Francisco Orsini Ruiz, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. La fotografía que le hizo un comensal sentado en una mesa cercana circuló por las redes sociales desde el sábado a primera hora y su contenido ha sido confirmado a este periódico por uno de los dos retratados.

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