El reto demográfico de Canarias: sobrepoblación en una región ultraperiférica, fragmentada y altamente protegida

El hecho insular y las peculiaridades de territorios con alta densidad poblacional, como es el caso de Canarias, ya es un reto demográfico admitido más allá de las Islas. El pasado 9 de julio, el plenario de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos y Asambleas de España (Coprepa) aceptó la propuesta del presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, por la que se introduce en el debate demográfico estas dos variantes relacionadas con los territorios insulares y la sobrepoblación.

Y es que los habituales atascos que colapsan las carreteras, la saturación de los servicios públicos, la masificación de las playas o la dificultad para aparcar en los principales núcleos urbanos son algunas de las consecuencias de la sobrepoblación que sufre Canarias. Un problema cada vez más palpable y que amenaza con agravarse de cara a los próximos años.

A principios de siglo, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), residían en las Islas 1.716.276 personas. En 2020, año hasta el que hay datos disponibles, la cifra había aumentado en 459.676, alcanzando los 2.175.952 habitantes. Esto supone un incremento del 26,78% en el transcurso de las dos últimas décadas; un crecimiento demográfico que supera en casi 10 puntos a la media del conjunto del Estado en ese mismo período (17%). Al comparar la evolución de la población de Canarias con la de comunidades autónomas similares en términos demográficos y de extensión del territorio, la diferencia se hace aún más evidente: frente al gran aumento del 26,78% en las islas, la población del País Vasco presenta un crecimiento mucho más moderado, del 5,8%. 

Además, el Consejo Ecónomico y Social de Canarias (CES), en su Informe sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, prevé que esta tendencia, que suma de media unos 23.000 habitantes al año, se prolongue. Y espera que en 2033 el archipiélago cuente ya con 2.493.956 habitantes. Para ese entonces, la población extranjera ascendería a 648.280 personas, hasta suponer el 26 % del total de la población.

¿Por qué crece la población en Canarias?

Este aumento de la población se produce a pesar de que en los últimos años el crecimiento vegetativo mantiene una tendencia a la baja. Es más, a partir de 2017 es incluso negativo, es decir, en Canarias ya fallecen más personas de las que nacen. Sin embargo, la población sigue acrecentándose con celeridad. Este fenómeno se debe principalmente a la inmigración regular.  

Tras la crisis de 2007, el saldo migratorio comenzó a descender hasta llegar en 2015 a su punto más bajo en las últimas dos décadas (-4.345). Ese fue el año en el que, por primera vez en lo que llevamos de siglo, el número de emigrantes superó al de inmigrantes. Después de esa bajada, el saldo migratorio ha ido aumentando hasta recuperar las cifras previas a la crisis, con un saldo positivo de 35.603 personas en 2018 y 34.080 en 2019.

Justo ese año dejaron el archipiélago un total de 104.062 personas. De ellas, el 70% con destino a otro punto de España, un 13,7% se fue a vivir a algún país de la Unión Europea y el 16,2% restante a un país extracomunitario. A cambio, llegaron un total de 138.141 inmigrantes. De los cuales el 55,4% provenía de otras comunidades autónomas del Estado; un 18,6% llegaba desde otros países de la Unión Europea y el 25,9% venía de otras partes del mundo.

Entre los países extracomunitarios con mayor peso en los flujos migratorios de entrada a Canarias destaca Venezuela. La crisis económica, social y política que vive el país ha derivado en un auténtico éxodo que, dados los vínculos históricos y familiares que existen entre ambos territorios, está teniendo su reflejo en las islas. El ya mencionado informe del CES, de 2019, apunta a que el número de venezolanos que se establece cada año en el archipiélago ha sufrido un aumento de 10.000 personas por encima de lo habitual.

Ultraperiféricas y superpobladas 

La saturación que provoca la sobrepoblación es mayor en las islas que en el territorio continental. El comité de expertos sobre Población e Inmigración, constituido en 2002 por el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ya avisaba entonces de que “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial”. 

Esto se debe a las diversas peculiaridades territoriales con las que cuentan las islas: la ultraperificidad, la limitación de los recursos, la fragmentación del territorio, lo abrupto de nuestra topografía y la gran cantidad de espacios naturales protegidos (3.101 km2), en los que, evidentemente, no pueden establecerse nuevos núcleos de población.

Canarias es, con una concentración de 292 habitantes por kilómetro cuadrado, la tercera comunidad autónoma con mayor densidad de población. Solo por detrás de la Comunidad de Madrid (845) y el País Vasco (307). Este dato se calcula dividiendo el número de habitantes entre la extensión total del territorio. Sin embargo, el archipiélago es, de lejos, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de superficie terrestre protegida. Según el Anuario 2018 del Estado de las Áreas Protegidas en España, elaborado por Europarc, el 42% del territorio de las islas está protegido. Esto hace que su población tenga que concentrarse en el 58% restante: unos 4.345 kilómetros cuadrados. Para conseguir una cifra que represente de forma más fidedigna la presión real a la que están sometidas las islas, se puede hallar la densidad de población teniendo en cuenta únicamente el territorio no protegido. El resultado de esa operación arroja un dato bastante más agobiante: 500 habitantes por km2.

¿Limitar el número de habitantes?

Ante el esperado aumento de su población, ¿podría el archipiélago imponer alguna limitación a la residencia? El informe realizado por el ya mencionado comité de expertos admite que “la eventual limitación de la entrada en el archipiélago de españoles peninsulares y las limitaciones a la libertad de residencia de estos o de los canarios sería inconstitucional y la de los extranjeros comunitarios contraria al principio de libre circulación de personas de la Unión Europea”. 

La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y el Consejo recoge que “la ciudadanía de la Unión confiere un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”. Y aunque existen algunas razones por las que se puede limitar este derecho, como la salud, la seguridad o el orden públicos, solo corresponde su restricción en casos concretos y no de forma generalizada.

No obstante, el comité de expertos proponía en su informe algunas medidas que sí que podrían adoptarse conforme a la ley. Entre ellas destacaba la racionalización de la adquisición de segundas residencias, esto es exigir determinados requisitos para adquirir una segunda residencia en Canarias, como, por ejemplo, haber vivido durante un mínimo de tiempo en las Islas. 

La idea sería otorgar a Canarias de un instrumento legal para poder regular sobre las viviendas secundarias. Según el informe, “no existe una legislación en vigor que prevea una regulación sobre residencias secundarias”. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en materia económica y fiscal, donde se le ha reconocido a Canarias un régimen interno especial, respecto al asentamiento de población y condición de extranjería no existen excepciones jurídicas diferenciadas con el resto del Estado español.