La trama de robo de solares que destapó la Guardia Civil y que conocía todo el mundo en Fuerteventura

Juan Rodríguez era un señor tranquilo. Vivía en Lajares (La Oliva, Fuerteventura) él solo, en condiciones muy modestas, en la casa familiar que había heredado de sus padres, junto a sus cabras. Murió hace dos años sin esa tranquilidad. Años antes había vendido por 10.000 pesetas su derecho del agua de una cuarta parte del aljibe de la casa a otro vecino del pueblo: Roque Martín Mesa (Lajares, 1948). Cuando quiso dejar su herencia ordenada para sus trece sobrinos, ese contrato privado se había convertido en la venta de dos fincas que suman más de 20.000 metros cuadrados, sin que variara el precio. “Él contaba que Roque le había dicho: tú vive tranquilo hasta que te mueras y cuando te mueras, la casa es mía”, dice Juan Pedro, uno de sus sobrinos, frente a la casa donde vivía. En una de las paredes han escrito con pintura roja: “Casa y terrenos colindantes pendientes de resolución judicial. Los herederos”. El anuncio es para evitar que quien dice ahora ser su propietario pueda venderla a terceros. 

Lajares tiene hoy unos 2.000 habitantes y cientos de casas donde viven ingleses, alemanes e italianos con dinero. También se ha convertido, a pesar de no estar en la costa, en un paraíso para los surferos… pero hace pocas décadas, en sus terrenos, en lugar de chalés se cultivaba millo, garbanzos o lentejas, y en lugar de turistas había cabras. En aquel pueblo, las compraventas, de terrenos, de agua o de cabras, las hacía Rafael del Toro, Rafaelito, que no era notario, pero sabía leer y escribir con solvencia. Sólo se hacía una copia, que se guardaba el comprador. Roque Martín, o Roquito, como se le conoce, mejoró el sistema. En el caso de Juan, la familia sostiene que añadió dos fincas al contrato privado. Eso le sirvió para ganar un primer pleito por los terrenos porque el Juzgado consideró que el contrato era más fiable que las hijuelas que presentaron los herederos. “Había un testigo del contrato que no quiso declarar en el juicio por miedo a que también le quitaran sus terrenos”, dice Juan Pedro. El terreno, ahora, está segregado y en el Ayuntamiento de La Oliva hay un proyecto presentado para construir siete u ocho chalés. “Sólo cogió los terrenos que valían para algo, los que tienen acceso y se puede construir, los de atrás ni se molestó en cogerlos”, dice. 

Un paseo por Lajares se convierte en una visita guiada por los terrenos que vendió Roquito. Unos ya construidos, otros que se venden y otros con obras paralizadas. Las historias sobre este hombre, que llegó a presidir la asociación de vecinos, aunque vivía en Puerto del Rosario, se repiten por todo el pueblo, y más desde su detención. Roquito fue detenido junto a su socio Santiago Morales y 15 personas más en la operación Atino, que aún está bajo secreto de sumario. Le incautaron más de 20 coches de lujo. La Guardia Civil informó de que se trata de una trama de usurpación de propiedades inmuebles y que los arrestados están acusados de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Entre los detenidos hay tres notarios y un trabajador del Catastro.

La trama no sólo operaba en Lajares sino también en otros municipios de las tres islas de la provincia de Las Palmas. Una expareja de Roquito reconoció que tenía un colaborador en el Catastro de Las Palmas, según publicó Canarias 7. También llegó a tener un cuño oficial del Ayuntamiento de La Oliva para dar apariencia de verosimilitud a los documentos.

A precios menores al mercado

De Roquito se dice en Lajares que ya apuntaba maneras de niño y que su primer trabajo fue el de cargar agua y arena y cobrar dos depósitos por cada viaje. También se cuenta que su primera compraventa de éxito fue quedarse con la herencia de sus padres, que le correspondía repartir con sus hermanos, añadiendo las fincas al contrato de compra de unas cabras. 

Muchas de las fincas usurpadas se habrían vendido a precios menores a los de mercado. En la calle La Costilla se encuentra uno de esos terrenos, del que salen 14 fincas de mil metros. En Lajares se pueden construir casas aisladas de hasta 250 metros en parcelas de mil. El metro cuadrado de terreno puede estar entre los 40 y los 70 euros y en el pueblo calculan que Roquito ha hecho una auténtica fortuna vendiendo más de 40 fincas. En Paredejas, una zona con valor histórico, también se hizo con una finca “donde había un aljibe hecho a mano, piedra a piedra”, dice un vecino. En otra ocasión la historia se complica, por rocambolesca. Una familia acabó recomprando a Roquito su propia finca por ocho millones de pesetas. Incluso se hizo con unas fincas de la Iglesia, que habían sido donadas antes por algún feligrés, en la zona de Casa de Arriba. 

Los expedientes de dominio también estaban en su repertorio. Hay que tener en cuenta que muchos de los terrenos los heredaron personas que no vivían en el pueblo ni sabían dónde estaban. Es el caso del grancanario Manuel Viera, que heredó varios terrenos de su madre, emigrada a Las Palmas en los años 30. Viera cuenta por teléfono que Martín Mesa inscribió a su nombre el suelo valiéndose de la firma de un carpintero, Miguel Ábalo, que afirmaba, según el documento, haber comprado ese terreno en un contrato privado a su madre, y que después se lo vendió a Roquito. El contrato se hizo en 1980 y se elevó a público en 1995. En aquella fecha, el Registro de la Propiedad aún no exigía que se acompañara de una certificación catastral. Manuel se enteró de la operación dos años después de aquello, cuando iban a repartir la herencia. Llevó el caso a los tribunales y perdió. “Ahora ya está todo construido y hay terceros, eso no se puede recuperar –dice- pero la dignidad no se vende”. También presentó una querella por estafa y tampoco ganó. Dice que el valor de los terrenos, con las casas construidas, podría alcanzar hoy más de un millón y medio de euros, “y llevo ya casi veinte años dando golpes a la lata”. “A mi primo Paco –señala- le quitó más de 10.000 metros y acabó mal, se vino a Las Palmas porque era mucha la presión y no se ha recuperado, lo volvieron loco”. 

Los terrenos comunales 

Para que las tierras dieran algo en una zona tan desértica como Lajares había que aprovechar cada gota de agua. Por eso hay grandes extensiones de terreno que se dejaron libres, sin construir, con el objeto de que recogieran toda el agua hasta los aljibes. Dos de esos grandes terrenos son comunales y pertenecen a la Comunidad Aljibe de La Laguna y a la Comunidad Aljibe Los Curbelos. Están constituidas desde los años cincuenta y tienen más de veinte socios. “Aquí no pudo entrar porque esto es de una sociedad -cuenta uno de ellos –pero al lado hay otros terrenos, de 5.000 metros, que están todavía en pleitos porque vendió cada parcela a dos o tres personas diferentes”, cuenta. “Esto ha destrozado muchas familias”, dice este socio, que prefiere no ser identificado. El Aljibe Los Curbelos ocupa más de cien hectáreas. “Este se lo intentó quedar pero teníamos muchos papeles y el catastro desde 1957”, asegura. El terreno, no obstante está en los Juzgados. “Lo partió en parcelas, vendió algunas y hasta hay licencias, pero lo paramos”, señala. En esos suelos llegó a haber hasta 5.000 cabras y ahora están negociando un convenio con el Cabildo. “Es mejor regalarlos a que se los quede este hombre”, dice, y asegura que “lo de Roque lo sabía todo el pueblo desde hace años pero nadie dice nada”. 

Una condena en 2015 

No todo han sido éxitos en la carrera de Roquito. En diciembre de 2015, la Audiencia Provincial de Las Palmas lo condenaba a casi un año de cárcel por un delito de estafa procesal en grado de tentativa y a pagar una indemnización de 9.000 euros, que aún no ha satisfecho. La denuncia partió de Tino Rodríguez, que comenta que Roque “apareció con un documento falso diciendo que le habíamos vendido a él, pero no era así; le habíamos vendido un terreno dos o tres años antes en la zona de Rosa Vieja, y aparece mi firma en otro documento”. La sentencia también revela que no sólo apareció la firma de Tino, sino las huellas dactilares de sus padres. Las supuestas huellas, porque tras un análisis, resultó que no lo eran. En la sentencia se dice que era una “compraventa inexistente, tratándose de un documento constituido por dos folios, en los que hizo constar como fecha del contrato la del día 28 de marzo de 1996, como parte compradora la entidad mercantil de la que era administrador único; Lajares Calvario Sol”. “Para la confección de este documento mendaz –continúa- el acusado don Roque Martín Mesa, aprovechó el último folio de un documento privado de compraventa que había formalizado con anterioridad con don Agustín Rodríguez Rodríguez (Tino), y que tenía por objeto otra finca distinta (…) Así mismo procedió el propio acusado u otra persona bajo su encargo, a estampar dos huellas dactilares que hizo pasar por las de los padres del señor Rodríguez Rodríguez, don Jorge Rodríguez Rodríguez y doña Carmen Rodríguez Chocho, so pretexto de que éstos no sabían firmar”. 

Después de esto, como no pudo inscribir la finca en el Registro, interpuso una demanda de juicio ordinario sobre acción declarativa de dominio y acción de nulidad de contratos e inscripciones registrales contra Tino y contra su madre. El abogado de Tino, Paulino Montesdeoca, señala que en julio se tenía que celebrar en Puerto del Rosario el juicio civil que había quedado suspendido hasta que se resolviera la vía penal y destaca que Roque también añadió al supuesto contrato un testigo que tenía una discapacidad del setenta por ciento. “Lo citamos para el juicio y no sabía ni qué decir”, señala el abogado. 

El testaferro involuntario 

¿Cómo pudo hacer Roque todo esto durante tantos años? Según apunta la investigación, con ayuda especializada, de alguien del Catastro, de tres notarios y probablemente de alguien del Ayuntamiento, y también con la inestimable ayuda del miedo de la gente y de la ignorancia. Y, por supuesto, con uno o varios testaferros. Miguel Ábalo, el carpintero que había comprado los terrenos de la madre de Manuel Viera, dice que él que no ha comprado nada. Miguel llegó a Fuerteventura en los años 80, procedente de Brasil. El balcón de madera, muy llamativo, que preside la oficina de Roquito en Puerto, lo hizo él. “Roquito vino a buscarme”, dice, y le cedió un local gratis para que pusiera su carpintería. Ahora Ábalo aparece como administrador de una de las sociedades de Roque, Gavias Nuevas Sol, desde 1995. Le dijo, según cuenta, que si no le importaba estar en una sociedad con él. “Me contó que se iba a separar y que su mujer le quería quitar todo; le pregunté al notario si eso me implicaba en algo y me dijo que no, y lo hice”, asegura. 

Miguel tiene ochenta años, vive en el centro de Puerto del Rosario y tiene la casa emparedada de recortes de periódicos y libros de Derecho “para saber lo que me pasa”. En el sofá descansan el Código civil, la Legislación hipotecaria, el Código penal, Ley y reglamentos notariales y otro más sobre sociedades mercantiles. En el frigorífico tiene pegado un papel, una fotocopia, en el que pone: “Si me pasara algo, acusen a Roque Martín Mesa de lo sucedido. No hay cerradura que se le resista”. El papel lo escribió el 8 de noviembre de 1996. Hace poco fue al Juzgado a preguntar en cuántos pleitos aparece: ha puesto cuatro denuncias contra Roque y en otros ocho aparece como denunciado. “Llevo 20 años de cabreos y hay cosas que no acabo de entender”. Entre ellas, un extracto de su cuenta bancaria que también cuelga de la pared. El 12 de agosto de 2011 tenía en su cuenta 1.293.051,28 euros. Una fortuna que se evaporó 16 días después y se quedó en poco más de 12.000.

*Este es un reportaje de la edición impresa de Diario de Fuerteventura.Diario de Fuerteventura