Suspendido el concurso de ambulancias de Canarias “por motivos de agenda”

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC) en Canarias ha suspendido la apertura de la oferta económica de las empresas licitadoras, que estaba prevista para el 26 de agosto, “por motivos de agenda”, sin dar más detalles.

El director gerente de GSC, Luis Rodríguez Neyra, (procedente de la etapa de Coalición Canaria) había asegurado a este periódico que el procedimiento seguía en marcha “sin ninguna incidencia” y preveía que se adjudicase en septiembre. Ahora vuelve a quedar en el aire.

Los plazos previsto para revonar un concurso anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido desde 2015 (prórrogas incluidas) han sido postergados constantemente. Las bases del procedimiento salieron a la luz en enero de 2019, a pesar de que el exconsejero de Sanidad, José Manuel Baltar, anunció que se publicarían en abril de 2018. En marzo de este año, Sanidad lo suspendió por errores en las bases, lo que obligó a las empresas licitadoras a presentar de nuevo sus ofertas.

Recursos y denuncias

Este concurso ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública por parte de el sindicato UGT, la empresa Aeromédica, principal contratista del concurso de 2008, y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans), que han estimado que el procedimiento ha sido irregular.

Hasta la fecha, el Tribunal ha desestimado los recursos de Aeromédica y de Agetrans. Sin embargo, la empresa también ha presentado una denuncia contra Baltar por un presunto delito de revelación de secretos al publicar datos económicos de su empresa, licitadora en el concurso en ese momento.

Y UGT presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas una denuncia contra Baltar, Rodríguez Neyra y el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación vinculado al concurso para la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre en el Archipiélago.

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