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Aeromédica denuncia al consejero de Sanidad por revelación de secretos

Como presidente de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, José Manuel Baltar publicó en el perfil del contratante los recursos presentados por la empresa contra el concurso de ambulancias

La entidad especializada en transporte sanitario explica que esto le sitúa en “clara desventaja frente a sus competidores”, pues han podido acceder a los costes asociados al servicio redactados por una de las empresas que mejor conocimiento tiene de este sector

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Ambulancia de Soporte Vital Básico.

Ambulancia de Soporte Vital Básico. Servicio de Urgencias Canario.

Aeromédica Canarias S.L. ha presentado una denuncia en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria contra el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, por un presunto delito de relevelación de secretos. El que fuera director de Operaciones de Clínicas San Roque ostenta ahora la presidencia del Consejo de Administración de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, que publicó en el perfil del contratante de su web los recursos presentados por Aeromédica contra el concurso de ambulancias. La empresa especializada en transporte sanitario y prestación de servicios de atención social considera que esto la ha situado en “clara desventaja frente a sus competidores”.

Aeromédica recurrió el concurso porque estimó que el presupuesto previsto en el concurso para la prestación del transporte sanitario terrestre es insuficiente. La empresa decidió emprender este camino, acudiendo al Tribunal de Contratos Públicos, porque Sanidad le negó el acceso a la memoria económica, con el desglose de los costes y todos los detalles que le permitiese conocer cómo se ha fijado el presupuesto base de licitación. 

En los recursos presentados, Aeromédica, que es una de las principales contratistas del concurso vigente (publicado en 2008, formalizado en 2009, anulado por el TSJ en 2012 y vencido, prórrogas incluidas, en 2015), expuso sus propios estudios de costes con información “económico-financiera de la empresa de carácter relevante, reservada, secreta y confidencial”, algo que supone un esfuerzo laborioso, según especifica la propia entidad.

Al descubrir su publicación, a partir del 19 de febrero, Aeromédica exigió a GSC la retirada los documentos, aunque no reparara el daño hecho, puesto que durante el tiempo que ha estado accesible cualquier empresa competidora ha podido conocer los costes laborales y operativos asociados al servicio, redactados por una de las empresas que mejor conocimiento tiene del sector por llevar años dedicándose a este negocio.

Para la empresa, esto supone una apropiación por parte de terceros de esta información y, a su juicio, a los competidores les bastará con “imitar” la iniciativa, mejorando algunos aspectos y así vencer en el concurso. De hecho, Aeromédica considera que se han cercenado sus posibilidades de ganar en el procedimiento. 

Por ello, reclama la declaración tanto del consejero de Sanidad, como del director gerente de GSC, Luis Rodríguez, así como el vocal del consejo de administración de la empresa pública, Conrado Domínguez.

Este litigio es otro episodio más que se suma al conflicto del transporte sanitario en Canarias, un servicio esencial para la ciudadanía muy castigado por la administración pública competente, es decir, el Gobierno regional. A la incapacidad para renovar el concurso en tiempo y forma, ni siquiera en el plazo anunciado por el propio consejero de Sanidad, el Gobierno, en una medida sin precedentes en el Estado, ha permitido mediante decreto que 200 vehículos (casi la mitad de toda la flota) puedan seguir circulando, al alargar la vida útil de los 10 a los 12 años.

Por si la situación límite de las ambulancias no fuera suficiente, hay que añadir el deterioro de las condiciones que han sufrido los trabajadores para prestar el servicio. Esto ha quedado patente en las bases del concurso, donde se refleja una mejora retributiva sobre la base de los salarios reales del tercer convenio del sector, que se firmó en octubre de 2018 poniendo fin a siete meses de concentraciones y huelgas. Un convenio criticado por UGT, sindicato que también ha recurrido el procedimiento para renovar la flota, porque considera que desprotege a los trabajadores.

Este sindicato, minoritario en este sector y cuya firma en el Convenio Colectivo no es vinculante, no suscribió el acuerdo porque aboga por devolver a manos públicas la gestión del servicio para acabar con el modelo privatizado, que permite, por ejemplo, que los médicos y enfermeros que prestan el servicio en las ambulancias medicalizadas desempeñen su labor bajo la figura de falsos autónomos, siendo excluidos del concurso. Esta fórmula de contratación la aplica el Servicio de Urgencias Canario desde 1998 en este sector.

Sin embargo, aunque no fijó siquiera una fecha, la empresa pública GSC sostuvo ante este periódico que se está preparando un procedimiento para regularizar la situación de estos trabajadores, que desde Gran Canaria llevan años denunciando su precariedad laboral.

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