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El nuevo Gobierno socialista no logra frenar el concurso de ambulancias al que se oponía

Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC) ha anunciado para el 26 de agosto la apertura de la oferta económica de las empresas licitadoras y prevé adjudicar en septiembre

El todavía director gerente de la empresa pública, Luis Rodríguez Neyra, ha asegurado que “el proceso sigue en marcha sin ninguna incidencia” y, “si todo sale bien”, en febrero las nuevas adjudicatarias comenzarían a trabajar con una nueva flota, ya desfasada desde hace años

El PSOE pidió en marzo al exconsejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que paralizara el concurso para que el nuevo Ejecutivo se encargase de elaborar una nueva licitación ante los recursos presentados contra el procedimiento por UGT y Aeromédica, principal contratista del concurso de 2008. Ahora, en el gobierno, ni si quiera se pronuncian sobre este asunto

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Imagen de una ambulancia del Servicio Canario de Urgencias (SUC).

Imagen de una ambulancia del Servicio Canario de Urgencias (SUC).

Primero el exconsejero de Sanidad, José Manuel Baltar, anunció que las bases del concurso de ambulancias se publicarían en abril de 2018, pero no salieron a la luz hasta enero de 2019. Después se retrasó la adjudicación del servicio hasta junio de este año y ahora, el director gerente de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC), Luis Rodríguez Neyra, ha asegurado que “el proceso sigue en marcha sin ninguna incidencia”, pues ya se ha fijado la fecha para la apertura de la oferta económica: el 26 de agosto.

El directivo procedente de la etapa de Gobierno de Coalición Canaria ha explicado que ya se ha constituido la mesa de contratación y la apertura de ofertas económicas será a finales de agosto: “Si todo sale bien” se adjudicarían los diferentes lotes del concurso en septiembre, por lo que “cinco meses después de la adjudicación empezarían las nuevas empresas a trabajar, en febrero”.

Y todo ello a pesar de que el PSOE, en una intervención de su parlamentario Marcos Hernández en marzo de este año, exhortó al exconsejero Baltar a paralizar el concurso y dejar en manos del siguiente Gobierno la elaboración de unos nuevos pliegos ante los recursos presentados por el sindicato UGT y la empresa Aeromédica, principal contratista del concurso de 2008, contra el procedimiento. De esta manera, el nuevo Ejecutivo socialista continúa con el concurso iniciado en la anterior legislatura por Coalición Canaria para renovar los vehículos del sector, que hasta la fecha ha mantenido un contrato anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido desde 2015 (prórrogas incluidas).

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la Consejería de Sanidad del actual gobierno, dirigida por Teresa Cruz, para conocer la versión del PSOE en este asunto, pero nadie ha ofrecido la opinión actual del Gobierno, si se mantiene la del partido cuando estaba en la oposición o si ha variado. Sin embargo, cabe recordar que los socialistas votaron a favor de una iniciativa presentada en el Parlamento para elaborar informes jurídicos y económicos que valoren la viabilidad de desprivatizar el servicio.

Un procedimiento recurrido y denunciado

UGT, Aeromédica y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans) han acudido al Tribunal Administrativo de Contratación Pública. El sindicato, porque considera que las bases incumplen la legislación vigente de ordenación del transporte sanitario terrestre y el concurso está viciado de nulidad; la asociación pedía la nulidad del concurso porque a su juicio vulneraba la Ley de Contratos del Sector Público; y la empresa, porque estima que con el presupuesto de licitación (cerca de 150 millones de euros) es imposible cumplir los requisitos exigidos y el convenio colectivo del sector. Además, al no recibir respuesta del tribunal antes de la fecha límite para presentar ofertas, Aeromédica decidió renunciar al concurso.

Tanto Aeromédica como la asociación estatal de transporte enviaron sus recursos en febrero y abril, respectivamente, y el Tribunal Tribunal Administrativo de Contratación Pública los ha resuelto este mes de agosto, desestimando ambos. Pero el concurso de ambulancias también ha sido elevado ante la Fiscalía de Las Palmas y los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

Después de que Aeromédica denunciara a José Manuel Baltar por un presunto delito de revelación de secretos al publicar datos económicos de su empresa, licitadora en el concurso en ese momento, UGT presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas una denuncia contra Baltar, Rodríguez Neyra y el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación vinculado al concurso para la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre en el Archipiélago.

Ambulancias con 12 años de vida útil

Ante los constantes incumplimientos de los plazos impuestos por la propia empresa pública, gran parte de la flota de ambulancias en Canarias se veía abocada a no poder seguir prestando servicios, dado que los vehículos sanitarios en el Archipiélago pueden circular un máximo de 10 años gracias a un decreto aprobado en 2012. El 4 de abril de este año las consejerías de Obras Públicas y Transportes y la de Sanidad se vieron obligadas a aprobar otro decreto para volver a aumentar la vida útil hasta los 12 años.

Esta decisión se llevó a cabo para evitar un escenario de “gravísima consecuencias”, como reconocía el propio Gobierno regional de Coalición Canaria, pues el Archipiélago podría haber perdido hasta el 40% de su flota. También, después de que numerosas empresas contratistas recibieran denuncias al prestar el servicio sin la certificación técnico-sanitaria vigente, al poner en conocimiento de la Guardia Civil y la Policía Autonómica esta situación, para que prestaran una atención especial a las ambulancias en carretera. Las ambulancias siguen circulando en precario y en un limbo legal por las carreteras de Canarias.

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