La futura Renta de Ciudadanía de Canarias proyecta tres tipos de ayudas y complementos para vivienda o educación

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno regional ha presentado este miércoles el anteproyecto de ley de la futura renta de ciudadanía de Canarias. Se trata de una prestación que convivirá con el Ingreso Mínimo Vital y con la Prestación Canaria de Inserción (con esta última hasta que sea necesario, ya que la tendencia es que la nueva prestación sustituya a la PCI). El objetivo es complementar a las personas que perciban el IMV y llegar a otros colectivos.

El anteproyecto contempla tres modalidades de ayudas: renta de ciudadanía de inclusión social, renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y complementaria a los ingresos de trabajo. Así mismo, prevé tres complementos: a la vivienda, a educación (por ejemplo, ayudas a la escolarización de cero a tres años) y a las pensiones no contributivas.

Según explicaron en rueda de prensa la consejera del área, Noemí Santana y la viceconsejera, Gemma Martínez, es una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible, que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas. Además, podrá percibirse  mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en el anteproyecto. 

¿Quiénes podrán solicitarla? Se establecen un total de siete requisitos básicos. Podrán presentar su solicitud miembros una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley, que además estén inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo y carezcan de recursos económicos suficientes. Esto es, que la suma de los ingresos de la unidad de convivencia durante los 3 meses antes de la solicitud deberán ser inferiores a la cuantía de la renta de ciudadanía que pudiera corresponder durante tres meses. 

¿Pueden solicitarlo las personas migrantes? Otro de los requisitos que se establece es estar empadronamiento durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que la persona tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida. Tampoco podrán presentarse las personas que residan de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia.

Los requisitos seis y siete son haber presentado al menos la solicitud del Ingreso Mínimo Vital y ser mayor de 23 y menor de 65 años. 

Excepciones: el ante proyecto recoge que “se prevén algunas excepciones con respecto a alguno de los requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo”. 

Por otro lado, la renta de ciudadanía de inclusión social de jóvenes contará con unos requisitos específicos. Se podrán presentar jóvenes de 17 a 23 años emancipadas civilmente y estar inscritos como demandantes de empleo y en el Sistema de Garantía Juvenil. La propuesta está pensada también para los menores tutelados por el Ejecutivo regional y que al cumplir la mayoría de edad se quedan en la calle sin redes de apoyo familiar. (pretende llegar a unos 2.000 jóvenes).

¿Cuál será la cuantía? será la misma que la del Ingreso Mínimo Vital, en función de la condición de la persona beneficiaria individual o de las características de la unidad de convivencia.

Además, la cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base señalada y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.

¿Cómo se tramita? La Consejería pretende simplificar los pasos se presentará la solicitud de manera telemática, aunque las personas interesadas podrán ser asistidas por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. No obstante, también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

Derechos Sociales explica que el plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo.

¿Cuánto tiempo y a cuántas personas llegará? Santana ha señalado que el IMV prevé llegar a unas 40.000 personas, por lo que la renta canaria complementará a esas personas o llegará a otros colectivos. El derecho se concederá por un período de 12 meses, pero será renovable por igual plazo mientras se mantenga la misma situación y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación.

Por otro lado, la Consejería si matiza que en los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en las Islas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

La viceconsejera Gemma Martínez insistió en que la comunidad autónoma no va a dejar desprotegidas a las personas en situación de vulnerabilidad y que seguirá existiendo la PCI mientras tanto, una prestación que recuerda que se ha ampliado en lo que despega el IMV, algo que no ha ocurrido en todas las comunidades autónomas.

Ahora, la PCI deberá pasar el proceso de participación en el que se esperan recoger aportaciones del tercer sector, fundamentalmente y posteriormente el trámite parlamentario. Santa explicó que espera comenzar a ingresar los primeros pagos en el segundo cuatrimestre del próximo año.

Un 35% de la población canaria se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social antes de la pandemia. Se trata de una situación que se ha agudizado en los últimos meses por lo que se hace necesario contar con mecanismos de protección social.

Esta renta de ciudadanía pretende cumplir con el Estatuto de la comunidad autónoma en su artículo 24 cuando y dice que hay que “reconocer el derecho a las prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de los recursos económicos suficientes para la cobertura de las mismas” y  “regular el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social”.

Santana ha vuelto a recalcar en la rueda de prensa la falta de personal que tiene su área y que, de no solucionarse, hacen muy difícil la gestión de distintos fondos que llegarán como el de cuidados o dependencia.