El modelo de Barcelona, entre las propuestas para atender la carencia de viviendas sociales en Canarias tras 10 años sin construir ninguna

Hasta 19 veces aparece la palabra vivienda en el Plan de Reactivación de Canarias. Es una de las prioridades estratégicas dentro del primer eje: mantener los servicios públicos fundamentales. La comunidad lleva sin ejecutar un plan de vivienda desde 2009 y aunque el último ha sido presentado este 2020, aún tiene que pasar el trámite parlamentario y la emergencia habitacional ya se ha agudizado en el Archipiélago. Las ayudas al alquiler y otras subvenciones anunciadas son un mecanismo para tratar de paliar las consecuencias de los precios desorbitados, a los que se suma la caída del empleo. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por su densidad de población (378.517 habitantes) y ser catalogada una y otra vez en distintos informes como una de las zonas en las que se producen mayores dificultades para encontrar una vivienda a precio asequible, ha ofrecido suelo al Ejecutivo para la construcción de unas 600 y está dispuesta a ofrecer más. Sin embargo, la patronal teme que la burocracia vuelva a ralentizar los procesos. 

Mientras tanto, municipios como La Laguna se fijan en propuestas que van más allá de la construcción de vivienda y toman como modelo Barcelona. El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio (Unidas se Puede), explica que el plan de rescate de vivienda vacía contará con financiación de la Consejería de Derechos Sociales y pretende poner en alquiler entre 30 y 40 viviendas el año que viene, de manera que los propietarios tengan la tranquilidad de que no habrá problemas de impago porque será abonado por la administración pública. El proyecto da por adelantado seis meses de alquiler y cubre un año entero el coste de alquiler, luz y comunidad. Además, será MUVISA, la empresa municipal de vivienda, la que realizará el contrato, lo que aporta aún más seguridad a los propietarios.  

La medida vendrá junto a un plan de acompañamiento, que busca que a largo plazo la familia beneficiaria de la ayuda pueda pagar el alquiler por sus propios medios. Ascanio afirma que en su municipio hay unas 2.300 familias demandantes de vivienda pública y el mercado del alquiler se ha vuelto cada vez más complicado para la ciudadanía, que se ve sin posibilidades de abonar fianzas, pagos por adelantado y cumplir los requisitos que se exigen. La iniciativa por la que están apostando el resto de municipios de las Islas, en especial los más poblados, son las ayudas al alquiler. En el caso de La Laguna se ha duplicado el tiempo de esa ayuda y otros recursos como plazas alojativas (25 en este momento) para familias en riesgo de sufrir desahucios. 

La concejala de Vivienda de Telde y diputada en el Parlamento, Carmen Hernández (Nueva Canarias), coincide en que esta medida anunciada por La Laguna es positiva porque la construcción, aunque debe ser uno de los objetivos, lleva su tiempo y la vivienda es uno de los problemas prioritarios de Canarias. Por ello, señala que la creación de un programa de vivienda vacía es uno de los objetivos del plan del Gobierno regional. “Consistirá en la creación de una Bolsa de vivienda a la que puedan incorporarse aquellos propietarios, ya sean personas físicas o jurídicas, que así lo deseen y que se beneficiarán de una serie de ventajas”, recoge el documento de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que prevé debatirse este mes en el Parlamento de Canarias. Solo en Telde, apunta Hernández, se estima que hay unas 7.000 viviendas vacías. 

En este municipio, los últimos datos reflejan que los demandantes de vivienda superan las 1.000 personas, pero la concejala advierte de que la lista es mayor de 3.000, ya que hay demandantes que no renovaron la solicitud porque no confiaban en que fueran a recibir una vivienda tras años de parálisis del parque público. Telde además es una de las zonas donde no ha dejado de incrementar el precio de los alquileres. “Hay poca oferta y es muy cara”, señala Hernández. Entre las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento destaca la nueva ordenanza que amplía los límites que se exigen para acceder a las ayudas, entre ellas a la vivienda, e incorpora un proyecto para la inserción sociolaboral. Así mismo, destaca la importancia del piso tutelado, que acoge actualmente a siete mujeres y el hecho de que se mantenga el centro para personas sin hogar que se abrió durante el confinamiento. 

Las dos capitales canarias concentran mayores problemas de vivienda, en especial la capital grancanaria. En esa ciudad, las ayudas para el pago de alquiler han permitido frenar 430 desahucios desde 2015, más de 80 solo este año. La ciudad también tiene en mente el modelo de vivienda vacía que lidera La Laguna y que viene recogido como propuesta en el plan regional. En Santa Cruz de Tenerife, se han concedido este año 1.524 prestaciones para acceso y mantenimiento de vivienda, además de disponer de pisos alojativos de emergencia (dos de cinco plazas y uno de cuatro). La corporación municipal menciona también la labor de mediación para la búsqueda y el mantenimiento de viviendas de alquiler. 

Construcción de vivienda pública tras diez años 

El plan presentado en verano por la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias establecía que en estos cuatro años se construirán 5.900 nuevas viviendas protegidas, se llevarán a cabo 10.200 acciones en rehabilitación y se destinarán partidas para ayudas al alquiler a cerca de 72.000 beneficiarios. Esas viviendas de nueva construcción en régimen de alquiler estarán promovidas tanto por el ICAVI, como por Visocan y por el Plan 20.000 y se repartirán según población y demanda: 1.735 viviendas en la isla de Gran Canaria; 1.440 en Tenerife; 622, en Lanzarote; 298, en Fuerteventura; 157, en La Palma, 68, en La Gomera; y 58, en El Hierro. De hecho, el consejero del área, Sebastían Franquis, recordaba entonces que las cuatro grandes ciudades (las de más de 1000.000 habitantes) concentran el 51% de los demandantes de vivienda de las islas, por lo que, en estas ciudades, se levantará el 44% de las nuevas casas. 

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, Salud Gil, sostiene que el plan de vivienda tardará en tramitarse y, por ello, entiende que debe aprobarse un decreto de emergencia habitacional donde se puedan simplificar los trámites “porque se da una situación justificada para acudir a esta figura jurídica y debería declarase a la construcción como sector estratégico y esencial en la medida de que otros sectores difícilmente podrán remontar en los próximos meses”, asegura. A su juicio, es de vital importancia que se empiece a trabajar ya. Sí valora que en el Pacto para la Reactivación de Canarias haya un reconocimiento expreso al sector, pero insiste en que aún no se están licitando obras y es “la iniciativa privada la que está a pulmón sacando como puede sus promociones porque encima se tienen que enfrentar a que las licencias de obra tardan 18 meses en salir”. 

Gil señala que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está siendo muy dinámico en este sentido y está cooperando, pero insiste en la simplificación de trámites para ganar en tiempo. El concejal de Urbanismo de esa ciudad, Javier Doreste, explica que tiene cerrado con el Instituto Canario de Vivienda la construcción de 400 nuevas en alquiler social y otras 200 más, según el plan regional. “Hemos buscado suelo para 600 viviendas”, afirma, aunque añade que ha comunicado que están dispuestos a buscar  más espacios.  Estas nuevas viviendas irán diseminadas por toda la ciudad, para evitar que se formen barrios aislados. Apunta zonas como las inmediaciones de la Ciudad de La Justicia (unas 200) o Tamaraceite (otras tantas), como las principales. Espera que a finales del verano que viene se pueda contar ya con las primeras cien.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado, de momento, la construcción de 255 viviendas sociales en las zonas de Cuevas Blancas y María Jiménez, una iniciativa que según explicó recientemente Juan José Martínez, concejal de Viviendas Municipales, se une a las viviendas de El Tablero, pero también a la cesión de suelo en la calle Las Monjas, en el distrito Suroeste, al Gobierno de Canarias para la reparcelación y urbanización que albergará otras 92 viviendas de nueva construcción. Así mismo, recalcó que el consistorio se pone a  disposición del Instituto Canario de la Vivienda para buscar las fórmulas para culminar con otras 88 la cuota correspondiente a Santa Cruz, cifrada en 343 viviendas que le tocan al municipio en el actual plan. 

Telde ha cedido dos parcelas de unos 8.000 metros cuadrados y en coordinación con el Ejecutivo pretende poner en marcha la construcción de 340 casas y la rehabilitación de otras. La Laguna, de momento, ha cedido suelo para cien viviendas, pero espera que sean más durante el mandato. 

Impulso a la rehabilitación

La concejala de Vivienda de Telde recuerda que la rehabilitación debe ser otro de los pilares ya que da trabajo y mejora la calidad de vida de las personas, por lo que el objetivo es terminar la rehabilitación de todo el parque de viviendas de Jinámar, uno de los más grandes que existen, al albergar 4.700 casas,  y la zona de San José de Las Longueras. En Las Palmas de Gran Canaria, ha cobrado impulso la reposición de viviendas de Tamaraceite y Las Rehoyas. Del primer barrio falta por completar 76 viviendas de un plan de 354 y del segundo ha salido a licitación la construcción del primero de los edificios. La rehabilitación también centrará parte de los recursos. En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que unas 600 viviendas en La Vega de San José llevaban sin rehabilitar 38 años. También menciona otros barrios en los que se llevarán a cabo actuaciones como La Isleta (76 viviendas), La Paterna y Lomo Apolinario, que se suman a las rehabilitadas en Escaleritas (700), El Lasso (500) y Tres Palmas (otras 500), según datos del consistorio algunas actuaciones han sido llevadas a cabo con financiación estatal y con el Cabildo.