Ultimátum a las partes para poner fin a la huelga de ambulancias
José Miguel Ruano, portavoz del Ejecutivo regional, ha manifestado este martes tras la celebración del segundo Consejo de Gobierno de esta Legislatura, que es “voluntad de este Ejecutivo no seguir tolerando una situación de conflicto que está provocando graves prejuicios a los usuarios”, con respecto al conflicto laboral que mantiene desde hace dos meses el sector de las Ambulancias en Canarias. Por ello, han decidido darle el ultimátum de que “intensifiquen las negociaciones” para lograr un acuerdo “en el plazo máximo de una semana”.
En el caso de que dicho acuerdo “no se alcance”, el Gobierno procederá “a la designación de un árbitro para dictar un laudo” con la voluntad de que este conflicto “que ya dura demasiado”, según Ruano, “pueda ser gestionado de tal manera que los usuarios no vean perjudicados sus derechos como viene siendo habitual hasta el momento”.
El portavoz ha transmitido que dentro del respeto a la negociación colectiva, el Gobierno insta a las partes a que lleguen a un acuerdo al respecto y para ello les pide que “se intensifiquen las negociaciones”, explicó.
La situación actual es que tras el preacuerdo adoptado el 4 de julio entre las partes, algunas empresas “no han concurrido a este” por lo que el Ejecutivo “no cederá en su voluntad de provocar un acuerdo entre las partes”, insistió Ruano.
La solución planteada desde el Gobierno canario es la de nombrar un árbitro que dicte un laudo, aunque Ruano insistió en que el Ejecutivo “se plantea todas las herramientas posibles” para acabar con este conflicto ya que su voluntad es emplazar a las partes a que alcancen un acuerdo.
Dispuestos a llegar a un acuerdo
Por su parte, el comité de huelga de ambulancias, compuesto por CCOO, Intersindical Canaria y USO, mostró este martes su “absoluta disposición” a mantener cuantas reuniones sean necesarias para alcanzar un acuerdo con la patronal del sector dentro de los próximos siete días.
Los sindicatos están de acuerdo con el diagnóstico de la situación que ha hecho el Consejo de Gobierno al señalar que tras el preacuerdo adoptado el pasado 4 de julio entre las partes, una de las empresas no ha querido sumarse a éste, por lo que se ha producido un “secuestro del conflicto que ha llevado a la situación actual de bloqueo”, según indican los sindicatos.
“Como mal menor”, los sindicatos aceptan un laudo de obligado cumplimiento “que recoja los términos alcanzados en dicho preacuerdo”, máxime si con él se pone fin a “un conflicto cuya duración no ha sido en ningún momento deseada por los trabajadores de ambulancias”.
Nueva Canarias exige al Gobierno la solución del conflicto
Nueva Canarias (NC) exige al Gobierno canario que solucione el conflicto laboral que desde el pasado mes de marzo se mantiene con el sector del transporte sanitario en el Archipiélago.
Los nacionalistas consideran que “no es de recibo que un asunto que es plena competencia del Ejecutivo se haya prolongado durante más de 90 días afectando a la calidad de vida de miles de ciudadanos afectados”.
“Los más débiles sufren las consecuencias del paro sistemático de las ambulancias”, advierten desde Nueva Canarias y señalan que “no son los trabajadores de este sector quienes están dejando de prestar este servicio a la ciudadanía, sino el propio Gobierno de Canarias, pues es quien tiene la última decisión”.
Por tanto, NC entiende que “no ha habido voluntad política por parte del Gobierno de Canarias para resolver este conflicto y que actúa además de forma contradictoria pidiendo a Madrid que intervenga en la huelga de una empresa privada como Binter mientras dilata la consecución de una solución para el transporte público sanitario”.
