Víctimas del JK5022 se sienten estafadas
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Vuelo de Spanair JK5022, Pilar Vera, ha manifestado este lunes que se sienten “moralmente” estafados por el abogado que les reclama 7.800 euros por un informe que han asegurado que nunca se le encargó y que no llegaron a conocer. Tras finalizar el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Las Palmas de Gran Canaria ante la reclamación presentada por el abogado Alberto Hawach contra la asociación, Vera ha señalado además que este letrado les requiere otros 245.000 euros por sus servicios en la causa penal que se tramitó en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid y que quedó archivada.
Los afectados por el accidente “no se merecen asistir a actos bochornosos” como el de este lunes, ha señalado Vera, quien ha expresado su “sensación de amargura y vergüenza” por estar en este juicio en el que es “tristísimo” que no se haya recordado a las 154 personas que murieron en el accidente ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuando despegaba el avión con destino a Gran Canaria. Hawach, por su parte, ha declinado efectuar declaraciones a los periodistas, mientras su letrado, Miguel Pérez, ha defendido que el trabajo por el que se reclama esa minuta fue llevado a cabo por encargo de la asociación.
Su presidenta ha explicado a un grupo de periodistas que el citado informe se refiere a gestiones que Hawach llevó a cabo con despachos de Estados Unidos. Según Vera, y para sorpresa de algunos asociados que se han acercado al juzgado, el informe concluye que no es viable la acción legal de “pelear” en aquel país para implicar a Boeing en la causa por ser el fabricante del avión que se estrelló, una iniciativa que el mismo Hawach había defendido desde un principio, según los afectados.
El abogado de la asociación, Juan Luis Ortega, ha indicado que el expresidente de la asociación Federico Sosa y la secretaria Laura Ramírez e incluso una de las personas que ayudaron al abogado a elaborar el citado informe han manifestado ante el juez que no se encargó ese trabajo a Hawach y que nunca lo vieron, algo que también reconoce un testigo de la parte demandante, según el citado letrado. Ortega ha dicho que en el juicio se ha acreditado que el despacho estadounidense que iba a prestar asesoramiento a los afectados ya había viajado a España a informar a los asociados sobre la estrategia y la compatibilidad de la acción judicial en España y Estados Unidos.
El letrado Ortega ha insistido en que lo que está intentando facturar Hawach no se corresponde con un servicio solicitado por la asociación. Según este colectivo, Hawach además reclama una minuta de 245.000 euros por los servicios que prestó como letrado hasta mediados de 2009, cuando decidieron prescindir de él por pérdida de confianza.
Sobre esta minuta, Vera ha dicho que el Colegio de Abogados de Madrid la reduce a 35.000 euros, cantidad que, para la asociación, es indebida y ha sido recurrida, según ha señalado la también expresidenta del colectivo María Saleta.
Objetivos de la asociación
El primer presidente de la asociación Federido Sosa ha explicado que Hawach, que era conocido de uno de los familiares de las víctimas, se ofreció desde un primer momento a colaborar desinteresadamente y que, una vez que se le reconoció como abogado, nunca llegó a pasar una factura por los honorarios prestados pese a que se le pidió de forma reiterada. Sosa ha lamentado que la asociación conociera el importe de su trabajo a través de la jura de cuentas, que presentó en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid que llevó la causa penal.
Tanto Sosa como Vera han subrayado que el objetivo de la asociación es conseguir que se depuren responsabilidades por el accidente ocurrido, que la seguridad aérea en España mejore y no vuelva a producirse un accidente como el del 20 de agosto de 2008. Así mismo, persigue un estatuto de atención a las víctimas, además de que se obligue a las aerolíneas a informar en un plazo de dos horas de la lista de pasajeros en casos de siniestros.
Sosa, que perdió a cuatro familiares en el accidente, ha querido dejar claro que la asociación se mantiene unida y que después de cinco años de la tragedia lo único que tienen para repartir es “dolor, el que quieran”, y que el dinero que puedan conseguir no les devolverá a sus seres queridos.
