La Policía Autonómica detiene a cuatro personas en Gran Canaria por vender vehículos destinados al desguace

La Policía Canaria ha detenido a cuatro personas e investiga a otras cuatro que supuestamente pertenecían a una banda cuyos cabecillas trabajaban en un centro de desguace de vehículos en Gran Canaria que no tramitaba las bajas y los vendía a terceros, a empresas de compraventa de coches o hacía uso de ellos.

A los detenidos e investigados se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad documental, administración desleal y pertenencia a grupo criminal, y se cifran en 38 las víctimas y perjudicados de la banda que se cree que empezó a operar a finales de 2021, según ha informado este miércoles en un comunicado la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad regional.

Además, se han puesto a disposición judicial ocho vehículos intervenidos como consecuencia de esta operación, denominada Vauxhall e iniciada en marzo de 2022, cuando desde la Dirección General de la Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, se trasladó que les habían comunicado irregularidades en un desguace.

Según la nota, la supuesta red empleaba también internet para ofertar automóviles aparentemente en buen estado, pero realmente habían sido adquiridos por los investigados con carácter gratuito o a bajo precio y con destino a desguace.

En algún caso concreto, se llegó a vender un coche que prácticamente estaba para desguazar tras manipular presuntamente el cuentakilómetros. Para lograr su propósito, los investigados procedían a falsificar documentos privados, como los contratos de compraventa de vehículos usados, y oficiales.

Los propios denunciantes, legítimos propietarios, relataron que, sin su consentimiento, se habían tramitado cambios de titularidad de sus vehículos.

Los agentes investigadores comprobaron que existían vehículos que habían sido entregados para desguace y, lejos de darles de baja y ser destruidos, seguían circulando o estacionados en la vía pública bajo la titularidad de quien los había entregado.

Los investigados, tras unas reparaciones básicas, volvían a introducir los coches en el parque automovilístico sin darles de baja sin el conocimiento ni autorización de los perjudicados, algunos de los cuales recibieron notificaciones relacionadas con el uso indebido de sus turismos, tales como impagos de impuestos o denuncias de tráfico.

Los presuntos miembros de la banda actuaban de forma organizada, sin que se haya podido determinar un orden jerárquico claro, si bien uno de ellos, que responde a las iniciales de B.A.A., se presume que es el cabecilla, según los testimonios recabados y las evidencias aportadas durante la investigación.